Opinion · Otras miradas

Juncker y Moscovici irrumpen en la campaña del 26-J

Paloma López
Eurodiputada de Izquierda Unida

Juncker y Moscovici han entrado en campaña. Sus conclusiones al Semestre Europeo, presentadas esta semana, son un panegírico al rescate financiero, las reformas laborales y el (inverosímil) escenario de recuperación económica dibujado por el PP. Y envían una idea fuerza para después del 26-J: sea quién sea el elegido en las urnas, el próximo Ejecutivo tendrá que aplicarse en la reducción del déficit público y en nuevos recortes a los derechos de los trabajadores. De lo contrario se expondría, junto —no es casualidad— a Portugal, a nuevas sanciones en julio.

La senda de recortes supone otros 2.000 millones tan sólo en 2016 (y otros 6.000 millones en 2017). Aunque la Comisión no detalla cómo debe lograrse este objetivo de reducción del déficit, lanza sus dardos con claridad. Así, su censura al gasto en asistencia sanitaria y farmacéutica augura nuevos recortes en la sanidad pública. En sus comentarios sobre prestaciones sociales, se percibe una clara apuesta por convertirlas en otro instrumento para disciplinar a la clase trabajadora, convirtiendo sus derechos en trampolín a la precarización. Y cuando aborda la educación superior, se advierte la voluntad de una mayor privatización de la docencia universitaria y de la investigación pública. Los tres pilares del Estado del bienestar: educación, sanidad y servicios sociales deben ser sacrificados al sector privado y sus intereses, por obra y decreto de las instituciones europeas.

No menos reseñable es el guiño al Gobierno y su Ley de Garantía de la Unidad del Mercado, con el que se han limado las competencias de las administraciones públicas (y especialmente, autonomías y municipios) en favor del Estado y de instituciones como la CNMC, empeñadas en la liberalización masiva de la economía española a golpe de decisión administrativa. En lugar de diálogo social y deliberación democrática, se abre la puerta a la desregulación indiscriminada de las profesiones, como ocurre ya con el conflicto de Uber y el taxi.

Desde Maastricht, la gobernanza económica ha ido refinándose para dotar a la UE de poderes omnímodos sobre los estados periféricos. En ningún caso se atiende a las causas profundas del endeudamiento: un modelo productivo insuficientemente diversificado y dependiente de la mano de obra barata, incapaz de invertir sin importar y de consumir sin endeudar a las familias; unos Estados sin financiación por culpa del fraude fiscal y la insuficiente tributación de las rentas altas. Por el contrario, la deuda es sólo la oportunidad con la que se justifica la injerencia económica en aquellos países donde el paro masivo y la precarización alimentan con más fuerza la contestación a las políticas neoliberales.

Son pasos que se han ido dando en una destructiva política de hechos consumados. Las voces críticas no se atienden y la esencia democrática se soslaya. Por ello no debemos cejar en nuestros esfuerzos de resistencia, pues la institucionalización del orden neoliberal se encuentra, en el caso de Europa, más allá del control democrático. Como nos enseñan las renuncias de Zapatero o la experiencia griega, la izquierda en el Gobierno deberá elegir entre su pueblo y el peso de la legalidad europea y para ello no debe mentir sobre las dificultades que entraña cualquier transformación social. La apertura de un ciclo de ruptura fue posible sólo gracias a la movilización de todas aquellas personas que perdieron el miedo y reforzaron el tejido social con sus luchas y aspiraciones: un ciclo que se cerrará de forma abrupta si no somos capaces de acompañar y reforzar este esfuerzo colectivo a través de las instituciones.

No basta, por ello, con señalar lo erróneo de las políticas impuestas y aspirar a racionalizar la intervención de la UE en los Estados Miembros, como si la política fuera un debate académico que aspiramos a zanjar. La desregulación laboral, las privatizaciones y los recortes al Estado del bienestar son una respuesta racional a la crisis, un expolio sistemático a las clases trabajadoras europeas en beneficio del gran capital. Es por ello que nuestro programa, nuestra apuesta por la nacionalización de sectores estratégicos, como la electricidad o las finanzas, y de aquellas empresas vitales para nuestro tejido productivo en dificultades por la mala gestión privada; por un Estado del bienestar y sector público fuertes que sirvan a la vez de polo de la transformación productiva y sostén de los derechos sociales de la población europea; un programa que es moderado en perspectiva a las exigencias históricas de la izquierda es, en las actuales circunstancias, un programa radical que no aspira a una mejor gestión de lo existente, sino a cambiar la base sobre la que se sustenta el actual modelo económico.

Europa debe estar en el centro de la próxima campaña: porque lo está ya, de hecho, detrás de las grandes decisiones de política económica de las últimas décadas. Debemos tomar nota de cómo la tibia presencia de la izquierda en el debate sobre el “Brexit” permite que un nacionalismo xenófobo y un cosmopolitismo hueco se disputen la atención alejados del conflicto social real, como si Gobiernos nacionales y la UE no hubieran remado en la misma dirección neoliberal desde hace décadas. Pero para ello es necesario hablar claro y añadir que a nuestra propuesta para Europa, en nuestra voluntad de crear alianzas y estructuras de izquierdas en el continente y de aprovechar los recovecos de los actuales tratados para avanzar en nuestras propuestas de armonización fiscal o laboral, existe también la voluntad de romper con aquellos lazos que institucionalizan las políticas de austeridad. Como en el sindicalismo, no hay negociación sin conflicto. Y para éste debemos prepararnos.