Román Sierra
Diputado de Podemos en las Cortes de Aragón

La recuperación de los saltos hidroeléctricos y su gestión directa desde lo público es una cuestión fundamental en el camino hacia la soberanía energética. Es, también, una de las medidas que Podemos lleva en su programa estatal para lograr una transición hacia un nuevo modelo energético más justo y sostenible.

España tiene un fuerte potencial hidroeléctrico, gracias a su eficiente sistema para generar electricidad con los saltos de agua. Si bien es verdad que la mayoría de las 800 centrales hidroeléctricas que hay en el territorio español son pequeñas, los avances tecnológicos las hacen competitivas. De los 55.000hm totales, el 40% son embalses hidroeléctricos. En 2014, el 15,5% de la energía eléctrica española se produjo de esta forma, lo que significa un aumento del 5,6% con respecto al año anterior.

En Aragón, ha comenzado a caducar la concesión de varios saltos hidroeléctricos -como el de Lafortunada o los de Urdiceto y Barroso- y se espera que en los próximos años caduquen otros tantos, no solo en Aragón sino en el resto del Estado. Desde Podemos Aragón, presentamos dos proposiciones no de ley que llevaban por objetivo la vuelta a lo público de los derechos de propiedad y gestión de estos saltos.

El agua es un bien común y, por lo tanto, su aprovechamiento debe ser gestionado por la comunidad. No podemos obviar que muchos de estos saltos están construidos al calor de la inversión pública y, sin embargo, se ha dejado su explotación en manos privadas, lo que ha repercutido grandes beneficios a las empresas hidroeléctricas.

Recuperar la gestión pública es una cuestión estratégica que podría tener muy buenas consecuencias sobre los territorios afectados por los embalses y sobre el conjunto de la ciudadanía. Además, seguramente la inversión privada ha sido suficientemente amortizada, ya que la liberalización del sector eléctrico de 1997 instauró un nuevo marco que convirtió a estas centrales en máquinas de hacer dinero. Bajos costes de producción y un uso especulativo del agua embalsada es la combinación perfecta para que esto sea así.

La idea de su recuperación para lo público se refuerza por el papel fundamental que juegan las energías renovables en la transición hacia un nuevo modelo energético. El hidroeléctrico es un sistema que permite en buena parte producir energía a demanda, lo que significa que tiene capacidad para regular la producción en apoyo de renovables intermitentes como la eólica y la solar fotovoltaica.

Este papel de sistema complementario de las renovables que tiene la energía hidroeléctrica es difícil de combinar si sigue en manos privadas, ya que sabemos que desde ahí se busca únicamente maximizar los beneficios del agua embalsada para la producción eléctrica. Así las cosas, no queda otra opción que la gestión pública directa.

Existen otros dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con la dignidad y la compensación a los pueblos afectados por las obras hidroeléctricas. En el caso aragonés, la instalación de embalses ha dejado pueblos afectados que nunca han obtenido compensaciones reales. Afectados, como decía, la mayoría de las veces por la despoblación, malas comunicaciones, falta de recursos por parte de todas las administraciones, falta de alternativas económicas.

El segundo motivo es la pobreza energética. No podemos seguir permitiendo que, mientras se produce energía con bienes comunes, miles de familias no puedan pagar la factura de la luz en su casa ni poner la calefacción en invierno. Parte de los ingresos que recibirán las administraciones públicas por gestionar estos saltos irán destinados a erradicar esta lacra.

En Aragón ya hemos iniciado el camino de la reversión. Solicitamos al Gobierno de Aragón que pida al Gobierno estatal toda la información sobre los saltos hidroeléctricos que hay en el territorio aragonés para iniciar un plan de recuperación de los mismos. Para hacerlo realidad, será necesario que su explotación directa pase a estar en manos de una empresa pública aragonesa u otro organismo público que garantice su gestión directa por parte de la administración pública.

También le sugerimos que estudie la posibilidad de recurrir judicialmente las concesiones hidroeléctricas hechas por un período superior a 25 años, dados los enormes beneficios que reciben en el mercado. Se trata de un plazo injustificadamente largo, muy superior al necesario para amortizar cualquier inversión realizada. Muchas de esas concesiones, además, fueron realizadas antes de la liberalización del sector eléctrico, bajo otro marco regulatorio, y deberían, por tanto, ser revisadas.

Un nuevo modelo de país necesita un nuevo modelo energético que pasa por recuperar la soberanía energética, con ese cambio de paradigma se abren posibilidades de construir una sociedad más justa, gestionando lo común para el beneficio de la mayoría. Hemos apostado fuerte por ello para recuperar lo que pertenece a la gente de los pueblos, montañas, ciudades y valles de Aragón. Podemos lo lleva en su programa estatal; desde aquí empujaremos también para hacerlo realidad.