Ernest Urtasun
Eurodiputado de ICV

Las reacciones de los favorables al CETA tras el veto que hasta ayer mantenía Valonia a la firma del acuerdo entre la UE y Canadá deben analizarse con cuidado. Como Verdes, no vemos un voto contra el CETA como una amenaza existencial contra toda la política comercial de la UE, (como las fuerzas de derechas nos acusan). La liberalización del comercio es una evidencia, desde el establecimiento de la OMC en 1995 y por el hecho de que la competencia para negociar y aplicar los acuerdos comerciales recae en la UE desde 1972. El comercio con Canadá continuará independientemente de lo que pase con el CETA. De la misma forma, no compartimos algunos de los comentarios que afirman que derrotar el CETA es una derrota de Europa en su conjunto, que queda debilitada para seguir negociando acuerdos. Sabemos que este acuerdo es un desastre, y también sabemos que la UE tiene la capacidad de desarrollar acuerdos completamente distintos.

El CETA, al igual que TTIP, está cada vez más contestado. Los problemas y preocupaciones del CETA son los mismos que esconde el TTIP y en los que hemos insistido desde los verdes y la izquierda durante años. Vemos con orgullo como ha crecido y se ha popularizado la lucha contra el CETA, el TTIP y el poder corporativo. Nadie habría pensado que esto sería posible hace un año, y se lo debemos en gran parte a la movilización ciudadana.

Pero a pesar de ello las acusaciones por parte de algunos sectores nos llueven a pedradas. Por ello, me gustaría hacer las siguientes aclaraciones:

1. El CETA es definitivamente un mal acuerdo. Hemos insistido mucho en las razones para oponernos a su contenido, no voy a extenderme hoy sobre ello. Pero una gran parte de la sociedad civil de ambos lados del Atlántico ha entendido que de su rechazo dependía la defensa de pilares básicos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Cualquier persona que crea en la necesidad de una política comercial justa y progresista debe oponerse al CETA. Si su contenido no hubiera sido tan problemático la movilización no hubiera crecido tanto.

2. La Declaración Interpretativa del acuerdo introducida en el último minuto a instancias de Alemania no cambia nada el fondo del acuerdo. Si no fuera porque el texto es confuso y problemático, no habría necesidad de tener una declaración interpretativa de este tipo. La declaración es el reconocimiento de que efectivamente hay problemas en el texto del acuerdo, que han quedado sin respuesta. Las mismas ha exigido ahora Valonia. Las dudas legales permanecen, y nadie puede asegurar si una declaración interpretativa tendría validez ante una corte de justicia. Muchos especialistas en derecho coinciden en que la declaración interpretativa no es más que una fuente secundaria para interpretar el sentido del texto del acuerdo y no promulga cambios en el texto del acuerdo en sí.

3. El caos actual es en buena parte culpa de la Comisión Europea por haber empezado a negociar acuerdos de libre comercio que van mucho más allá del propio comercio. Introducir decisiones regulatorias, que por lo general son competencia exclusiva de nuestras democracias parlamentarias, así como impulsar nuevas formas privadas de justicia para los inversores extranjeros, en las que nuestros sistemas judiciales no pueden intervenir, fue una pésima idea. Con estos tratados han puesto en jaque normas elementales de nuestros sistemas constitucionales. Y de allí la reacción furibunda de, entre otros, las asociaciones de magistrados.

4. Se pretende aprobar el CETA sin saber aún qué es competencia nacional y qué es competencia europea en materia de comercio. La Comisión podría haber esperado a que el Tribunal de Justicia se pronunciase sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, que se espera en la primavera de 2017. Con él, se podría saber con certeza qué es y qué no es competencia de los Estados miembros. Pero la Comisión decidió no esperar. Se van amontonado acuerdos de vital importancia, incluyendo el del Brexit, sin que sepamos aún qué es competencia exclusiva del nivel UE y qué es competencia compartida de los Estados miembros. Y sin esta aclaración, se avecinan más problemas competenciales ante cada acuerdo similar.

5. El TJUE debe pronunciarse también sobre los mecanismos de arbitraje. Un debate serio sobre la política comercial de la UE también implica pedir al Tribunal de Justicia una opinión sobre la compatibilidad de los mecanismos de arbitraje ISDS/ICS con los Tratados de la Unión Europea. Hay otros acuerdos comerciales de la UE (Vietnam, Japón, Singapur) que contienen mecanismos de arbitraje parecidos a los del CETA. Todos ellos están bajo el punto de mira del Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión hasta ahora siempre se ha negado a que la Corte se pronuncie sobre este punto. Afortunadamente, ayer Valonia logró que Bélgica se comprometa a hacerlo. Aunque ayer cundiera el desánimo por el acuerdo en el último minuto, esto es una gran noticia. Lo llevábamos reclamando desde hace meses en el Parlamento Europeo.

6. Los Estados Miembros deben reconocer que el caso de Valonia es sólo un ejemplo de los muchos desacuerdos que hay en muchos otros lugares. Cuando a los gobiernos la Comisión les pidió explícitamente si había algún tipo de problema con el contenido, no contestaron. El primer ministro belga no explicó el problema con Valonia, a pesar de que se veía a venir desde hacía tiempo. El gobierno alemán no mencionó que también podría tener problemas, como se indica en la resolución de su Tribunal Constitucional. Austria no dijo que su Parlamento votó en contra de los mecanismos de arbitraje. El gobierno irlandés mantiene su apoyo al texto, a pesar de que su parlamento votó en contra del CETA. Hasta el último momento ha habido problemas con los requisitos de los visados para Rumanía, y éstos siguen sin resolverse en el caso de Bulgaria. No es sólo Valonia, los problemas se multiplican. Esta falta de honestidad conduce al caos y la imprevisibilidad. Todos estos problemas podrían haberse evitado con un proceso de consulta exhaustivo, con amplia participación parlamentaria. Pero siempre se consideró un estorbo.

7. El Parlamento Europeo debería haber tenido más capacidad de incidencia. La Eurocámara debe desempeñar un papel fundamental en la orientación de la política comercial de la UE y en la decisión sobre acuerdos como el CETA. Fue escandaloso ver a algunos socialistas y populares rechazando que el Parlamento Europeo pudiera tener un debate pleno e informado sobre los pros y los contras de CETA. Intentaron un debate a toda prisa. Esto socava la confianza en el proceso democrático y vacía a la única institución electa de la UE, el Parlamento Europeo, de sus plenas competencias.

8. Aunque se haya superado parcialmente el bloqueo de Valonia, los problemas van a seguir multiplicándose. Más de 30 parlamentos todavía tienen que ratificar el acuerdo. El CETA es un acuerdo mixto, es decir, trata sobre competencias tanto de la UE como de los Estados Miembros. Así que aunque el Parlamento Europeo lo ratificara, se debería votar en toda Europa. Por lo tanto, aún le queda un largo camino.

9. La derrota del CETA no es la derrota de Europa. Debemos aprovechar la oportunidad que nos da la atención e interés sobre la ratificación del CETA para abrir un debate serio sobre la política comercial de la UE. Lo contrarios al TTIP y CETA no creemos que cada acuerdo de la UE deba ser aceptado simplemente para no seguir hundiendo a la UE en su crisis existencial. Al contrario, consideramos que estamos ante una oportunidad para repensar como se están haciendo estos acuerdos hasta ahora.

10. Los Verdes/Ale proponemos darle un respiro a la política comercial de la UE retirando el CETA y el TTIP; abrir un debate entre Parlamento, Comisión, Estados Miembros y sociedad civil de hacia dónde va nuestra política comercial. Tratar de construir un nuevo consenso sobre como compatibilizar el comercio con la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos laborales y sociales. Abrir, al fin y al cabo, un debate sobre el papel de Europa en el mundo, un consenso hoy roto y que explica en gran parte la crisis existencial que vive el proyecto de integración.