Marisa Soleto
Directora de Fundación Mujeres

Opiniones como las del magistrado Antonio Salas, que niega la existencia de la violencia de género y el machismo como una realidad que afecta a los derechos, la seguridad y la vida de las mujeres, revelan lo que sabemos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la entrada en vigor de la Ley de medidas integrales contra la violencia de género en el año 2005.

Y es que desde hace más de una década conocemos que hay una parte de los y las profesionales de la Justicia que se niegan a reconocer la violencia que se ejerce contra las mujeres como un delito específico que merece una sanción penal basada en la creencia de que los hombres pueden ejercer violencia contra las mujeres.

Curiosamente, en muchos casos, este tipo de opiniones supuestamente personales, vienen del ámbito del derecho civil, lo que resulta sorprendente si consideramos que hasta hace relativamente poco tiempo, en las normas de convivencia reguladas por el propio código civil se reconocía la aplicación de la violencia contra las mujeres como parte del contenido de la autoridad del cabeza de familia. Precisamente los y las especialistas en este ámbito, deberían entender que, de aquellos polvos, estos lodos, y que hay algo más que la supuesta "maldad" de la naturaleza humana, sustentando el origen del uso de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.

Como dice el magistrado, puede que este debate sea sano, a fin de cuentas, lo que va a poner encima de la mesa es la resistencia que tienen muchos de los miembros del Poder Judicial, incluso del más alto nivel, en aplicar la legislación española, y no sólo en relación con la Ley Orgánica 1/2004 y la legislación internacional, sino con, por ejemplo, la reciente reforma del artículo 22 de Código Penal, que incorporaba como agravante la discriminación por razón de sexo, o el machismo, en los delitos contra las personas.

Se le olvida a este magistrado, y a todas las personas que coinciden con sus opiniones, que cuando hablamos de violencia de género no sólo hablamos de la que se produce dentro de la pareja, sino también de las agresiones sexuales o de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Se le olvida también a este magistrado que los compromisos legislativos y en materia de justicia no tienen como origen la ley española, sino acuerdos internacionales como la CEDAW o el Convenio de Estambul, que son de aplicación en España.

¿Cómo podemos confiar en este Poder Judicial para que se cumpla la Ley si, desde el principio, se han negado a reconocer las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo confiar en el arbitrio judicial si sus máximos representantes se niegan a reconocer una realidad palmaria como es la discriminación social hacia las mujeres y el machismo? ¿Dónde vive el magistrado Salas?

Muchas de las mujeres que se han enfrentado a un procedimiento judicial por violencia de género cuentan que no se sintieron creídas y comprendidas por la justicia. La mayor parte de las denuncias se archivan y la concesión de órdenes de protección ha disminuido drásticamente desde la aprobación de la Ley porque son muchos los juzgados en los que se archivan la mayoría de las denuncias. ¿Pueden las mujeres confiar en la justicia en estas condiciones?

Hace mucha falta un cambio estructural en la justicia o las mujeres no tendremos en la justicia la protección suficiente para el ejercicio de nuestros derechos y la protección de nuestra seguridad o, incluso, nuestra vida.