María Dolores Hernández Díaz -Ambrona

Ha ocurrido lo que los juristas esperábamos, no había otra alternativa. El Tribunal Supremo solo podía hacer lo que ha hecho: acatar el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.El Derecho de la UE proclama el principio de primacía, de modo que está por encima. Y el máximo intérprete de ese Derecho es el Tribunal de Justicia, cuya doctrina resulta vinculante.  Por ello el Supremo ha corregido su doctrina anterior, con lo cual los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo han pasado a ser totales.

Desde un punto de vista jurídico, esas cláusulas deben ser tratadas como si nunca hubieran existido. El consumidor debe quedar indemne. Se le debe devolver todo lo que haya pagado de más desde el inicio de su contrato. Ése debe ser su punto de partida frente a la entidad financiera. Otra cosa es que el consumidor pueda negociar con la entidad financiera una fórmula alternativa de compensación.

El problema, y además grave, es que el Real Decreto-Ley 1/2017, que se supone trata de impulsar un procedimiento rápido y económico para el reembolso de las cantidades cobradas demás, no protege adecuadamente los derechos de los consumidores, y menos de los vulnerables.

Si pretendemos facilitar un sistema de arbitraje, habrá que designar un árbitro, es decir, un tercero. Con este sistema, el consumidor está igual que al principio: solo frente al banco. De nuevo pueden surgir los mismos problemas de intransparencia.

El legislador busca la solución donde se encuentra la raíz misma del problema. En este escenario, para ver salvaguardados sus derechos, el consumidor va a necesitar la asistencia de un abogado. Pero ahora tendrá una carga añadida: cuando reclame judicialmente, aunque gane, el banco no va a correr con los gastos de su abogado. Por eso, y es muy triste, estamos ante un verdadero decretazo contra el consumidor.

María Dolores Hernández Díaz-Ambrona es profesora de Derecho Civil del centro de enseñanza superior Cisneros. Universidad Complutense