Sergio Pascual
Diputado de Unidos Podemos

El ministro Íñigo de la Serna, nada más llegar al cargo ha decidido meterse en todos los charcos posibles, y si en algún sector de su competencia no había charco, lo ha creado él sin tardanza.

En tiempo récord y en un cóctel de ineptitud manifiesta, intereses espúreos y administración desleal ha tomado decisiones que van desde invertir 350 millones de euros en quebrar una longeva paz social en los puertos españoles hasta dañar gravemente la imagen de nuestra red ferroviaria, pasando por amenazar la integridad de la red estatal de aeropuertos y con ello la cohesión territorial de nuestro país, para salvarle la cara al imputado Presidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

Efectivamente, el Ministro De La Serna parece dispuesto a no perder el tiempo a la hora de atender las peticiones de los suyos al tiempo que busca nuevos y lucrativos negocios para los intereses del capital especulativo, arriesgando para ello, si es necesario, los intereses de la economía productiva española.

En el caso ferroviario ha liberado de obstáculos a Ferrovial, la concesionaria de los servicios de a bordo de los trenes AVE y media y larga distancia, para que mejore aún más sus márgenes de beneficio en el contrato que tiene con Renfe suprimiendo empleos y con ello, deteriorando el servicio que reciben los usuarios de este servicio público[1] un peor servicio por tanto por el que seguiremos pagando sin embargo lo mismo los españoles.

En el caso de Aena se ha conocido la voluntad del ministro de cerrar el rentable y público aeropuerto de San Javier, única y exclusivamente para justificar la injustificable apertura del aeropuerto privado y de rentabilidad incierta de Corvera, quizás menos conocido que el de Castellón pero con el que comparte el dudoso honor de ser un aeropuerto sin aviones. De la Serna estaría así posibilitando que el arrinconado Pedro Antonio Sánchez pudiera tomar un respiro en la Comunidad de Murcia, zanjando el visible recordatorio de una macroinfraestructura inútil que sólo en seguridad y mantenimiento, mientras sigue cerrado, ya le ha costado a los murcianos más de 30 millones de euros. El "favor" del ministro al Presidente imputado de su partido, les costará a los murcianos  al menos 35 millones de euros y quedarse sin aeropuerto público.

Finalmente pero quizá en el paradigma de la irresponsabilidad del ministro este viernes ha propiciado la aprobación unilateral y apresurada de un Real Decreto Ley para la estiba en España que quiebra años de la vital paz social en los puertos españoles. El ministro además dice estar "atado de pies y manos" ante la Comisión Europea, que sería la culpable de las prisas y la dureza del decretazo. Lo cierto es que esta afirmación no resiste una comprobación somera, ya que hace menos de dos meses conocíamos que la Comisaria del ramo, Violeta Bulc, aceptaba por escrito las condiciones del Real Decreto de 10 julio en el que Bélgica aprobaba un proceso homólogo al que se requiere para España, pero en condiciones muy diferentes a las que el Ministro ahora califica de inamovibles.

En particular los belgas no tendrán que abonar 350 millones de euros de dinero público en indemnizaciones a los trabajadores, una cantidad que habilita el decretazo de la Serna y que es siete veces superior a todo un año de esas presuntas sanciones con las que amenaza el ministro. También habilita el Real Decreto Belga un registro, ese que califica de "imposible" el ministro. Quizá la interlocución al máximo nivel que sí mantuvo su homólogo belga hace la diferencia con un ministro que ha dejado en manos de su segundo de abordo José Llorca y, según información del propio ministerio, una "Jefa de Unidad" de la Comisión, un asunto tan transcendental como son el 85% de las exportaciones y el 60% de las importaciones españolas[2].

Aprueba de la Serna este decretazo además de espaldas a las autoridades portuarias principales, que han manifestado su malestar por haber sido informados in extremis, lo hace de espaldas a los principales operadores de contenedores de nuestro país y del mundo, que estarían dispuestos a llegar a acuerdos con los estibadores -a pesar de las presiones del Ministro para lo contrario- y de espaldas finalmente a los partidos de oposición, sin los cuales, salvo que el PSOE deshonre sus compromisos, no podrá convalidar el decretazo.

De la Serna aboca irresponsablemente a España a una larga conflictividad en los puertos. Efectivamente, si el resto de partidos políticos cumple con su palabra y no se aprueba el decreto habremos vuelto a la casilla de salida tras un mes de conflicto en los puertos. Si no fuera así y el PSOE acabara absteniéndose y facilitando la convalidación del decreto el resultado sería aún más grave, ya que la conflictividad podría alargarse y fragmentarse puerto a puerto, empresa a empresa. Si se adoptaran a posteriori y por la fuerza de los hechos fórmulas legislativas alternativas, se habría sometido al país a un mes de conflictos gratuitos, por puro prurito personal del Ministro,

El ya seguro  mes de conflictividad en los puertos españoles que se abrió con la aprobación del decretazo en Consejo de Ministros podría haberse evitado, como han demostrado los belgas y como querían sindicatos y patronal. El Ministro no ha querido escuchar y ha decido unilateralmente y sin respaldo alguno del sector adoptar una medida que está abocada al fracaso y que supondrá cuantiosas pérdidas económicas para nuestro país, la interrupción de las hoy en día afinadas cadenas logísticas JIT (Just In Time) de nuestra economía productiva y la amenaza de pérdida de negocio en nuestros puertos, sometidos a la dura competencia internacional, una amenaza especialmente grave para Algeciras, con su 90% de movimiento en tránsito.

Tamaña irresponsabilidad, la negligente y desleal administración de este sector público por parte de este Ministro no pueden quedar impunes. El daño ya está hecho, pero no es tarde para rectificar y evitar perjuicios mayores. En cualquier caso es seguro que ni los estibadores, ni quienes desde Podemos los apoyamos, nos olvidaremos de exigir las responsabilidades políticas pertinentes.

[1]          Ferrovial declaró haber elevado su beneficio neto a 279 millones de euros en los nueve primeros meses de 2016. El contrato de Renfe con Ferrovial no ha sufrido ninguna modificación que justifique ajustes de plantilla, ya que su vigencia aún se extiende por dos años más por un valor de 266,8 millones de euros, y contempla una prórroga de dos años adicionales por 133,4 millones de euros.

[2]    La patronal cifra en 50 millones de euros (el equivalente a un año de las presuntas sanciones) las posibles pérdidas para la economía española de sólo un día de paro en los puertos.