Carles Campuzano. Diputado del Partit Demòcrata (PDeCAT)

La sentencia contra Francesc Homs es de una extrema gravedad. De entrada, el solo hecho de que un diputado elegido por cientos de miles de ciudadanos catalanes pierda su condición de electo como consecuencia de un proceso penal de origen claramente político es insólito en la democracia española, y en general, lo sería en cualquier régimen democrático de nuestro entorno. Sólo tenemos el antecedente de la sentencia contra el que fue Ministro de Interior, José Barrionuevo, pero las diferencias entre uno y otro son tan abismales que no vale la pena insistir. La judicialización de la política hoy no es sólo un lamento contra la incapacidad de encontrar salidas a un conflicto político por el uso abusivo del Código Penal y del Tribunal Constitucional que hace el Gobierno del PP, sino un fórmula para empujar fuera de la política a los responsables políticos del proceso que vive Catalunya durante los últimos años.

En el caso de Homs, al igual que ocurre con Irene Rigau, y puede acabar pasando con los miembros de la Mesa del Parlament, empezando por su Presidenta, estamos hablando de expulsar de las cámaras de representantes a personas que han sido coherentes con el mandato democrático con el que fueron elegidos.

Y las consecuencias de estas decisiones judiciales son ciertamente graves. La composición concreta de la Cámara se ve alterada y la voluntad popular se ve modificada. Quién debe representar a los ciudadanos deja de poder hacerlo. La rapidez con la que  los servicios de la Cámara hicieron desaparecer a Francesc Homs de la página web del Congreso, o el rótulo de "Escaño vacante" que hemos encontrado esta mañana cuando hemos entrado en el hemiciclo, nos han producido aquella extraña sensación que provoca el frío funcionamiento de la burocracia estatal. Y de nuevo he recordado aquella idea de que en España, "el Estado" es el sustantivo, y "de derecho y democrático" son los adjetivos.

Pero la gravedad de la sentencia contra Homs, al igual que el resto de procesos judiciales contra los demás dirigentes soberanistas, también tiene que ver con la circunstancia de que toda la maquinaria judicial iniciada por el Estado se convierte en una serie de torpedos lanzados contra la línea de flotación a las ideas del diálogo, el acuerdo y la concordia. Dicho de otro modo, cualquier demócrata sabe que un conflicto como el que hoy vivimos entre las instituciones del Estado y la sociedad y las instituciones catalanas sólo tiene una salida política, que significa dialogada, acordada y refrendada por la ciudadanía. Las sentencias y procesos en marcha cierran aún más, si cabe, las puertas del diálogo. Malos días pues para la política y la democracia en España.

Ciertamente, la arrogancia de los responsables de la ofensiva judicial contra el soberanismo los hará sentirse muy convencidos de que su acción represora alcanzará sus objetivos, que no son otros que los de atemorizar a la sociedad catalana y frustrar nuestro deseo de libertad.

Pero la historia nos ha enseñado que una sociedad que reclama su libertad y que se siente herida en su dignidad, tardará más o menos en alcanzar su victoria, pero que al final cuando la voluntad es sólida, extendida, compartida y los ideales de justicia e igualdad son los fundamentos, las buenas causas acaban triunfando.

Homs hoy ya no es diputado pero la causa que él ha defendido sale reforzada.