Leo Vinicius Liberato
Doctor en Sociología Política, investigador de la Fundacentro, Centro de Seguridad y Medicina del Trabajo en Brasil.
Nueva York, 21 de septiembre de 2016. Michel Temer, presidente ilegítimo de Brasil, dice públicamente ante una audiencia de empresarios estadounidenses que el impeachment de la presidente Dilma Rousseff ocurrió porque ella no quería adoptar el Programa Puente para el Futuro [1]. En abril de ese año uno de los autores del programa había dicho en una entrevista al diario Estado de Sao Paulo que el Puente para el Futuro "no fue hecho para enfrentar el voto popular" [2]. No es la primera vez en la historia que un programa neoliberal se implementa a través de golpe de Estado.
A pesar de la retórica, la política de Temer de ninguna manera busca revertir la crisis económica que vive el país. El objetivo es simplemente desmantelar los derechos sociales y laborales ganados durante décadas, además de privatizar rápidamente empresas estatales. Este programa que se está implementado en Brasil tiene cuatro áreas principales: la congelación de los gastos públicos durante veinte años; privatizaciones; una reforma de la previdencia social y una reforma laboral.
El mes pasado fue aprobada por el Congreso la liberación de la tercerización para cualquier actividad y la permisión de contratos de trabajo temporal para hasta nueve meses. Esto significará una pérdida de derechos laborales sin precedentes en la historia del país, además de los recortes salariales, precariedad, aumento de accidentes y muertes en el trabajo consecuentes de la ampliación de la tercerización. El gobierno también quiere aprobar un proyecto de ley por el cual lo negociado entre sindicatos y patrones pasa a valer sobre lo que determina la legislación laboral. Desde la actual estructura sindical brasileña eso significa un recorte de derechos como los de vacaciones e intervalo para el almuerzo. El gobierno también aspira aprobar un proyecto de ley que modifica la Constitución para dificultar el acceso a a la jubilación y a la seguridad social. La llamada reforma de la seguridad social anticipa, por ejemplo, increíbles 49 años de contribución para que el trabajador alcance un pago integral por su jubilación. Los datos muestran que, llevada a cabo esa reforma, el 79% de los trabajadores no podrían retirarse. [3] Una multitud de ancianos indigentes y el éxodo rural serán algunas de las consecuencias de esta reforma [4].
Todavía en 2016, sin perder tiempo, las fuerzas golpistas fueron capaces de modificar la Constitución congelando los gastos públicos para los próximos veinte años. Con la excusa de un "ajuste fiscal" el presupuesto público es bien dirigido casi exclusivamente para el pago de juros de la deuda pública, es decir, a los rentistas en el topo de la pirámide social. Con este cambio, la proyección es que este gasto caerá dentro de veinte años de 40% para menos del 20% del PIB, o sea, inferior a la media actual de los países más pobres de África y Asia. Ningún otro país del mundo se congeló los gastos públicos de esa manera. Una innovación perversa, incluso dentro del marco de las políticas neoliberales.
En diciembre de 2016, el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, señaló que este congelar de gastos públicos violan los derechos humanos. [5] En marzo de 2017, Brasil votó por primera vez en contra de una resolución de los Derechos Humanos de la ONU. Esta que trataba sobre el impacto de los ajustes fiscales y las restricciones de gastos públicos en los derechos humanos.
Tal vez no esté tan distante el día en el que los gestores de las políticas neoliberales sean juzgados por crímenes contra la humanidad.
Bibliografía.
[3] http://www.cut.org.br/noticias/79-nao-se-aposentariam-se-reforma-de-temer-ja-estivesse-em-vigor-f9de/
[4] http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/reforma-previdencia-causara-exodo-rural-afirma-contag-65110
[5] https://nacoesunidas.org/brasil-teto-de-20-anos-para-o-gasto-publico-violara-direitos-humanos-alerta-relator-da-onu
Comentarios
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