Eulalio Ávila Cano.

Secretario General de la Unión de Directivos Territoriales de Europa (UDITE)y ex Presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España.

La polémica reforma del artículo 135 de la Constitución estableció la obligación de las Administraciones Públicas de no incurrir en déficit de acuerdo con los límites que impone la Unión Europea.

En desarrollo de esa reforma se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y posteriormente la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta última obliga a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales a prestar los servicios en la forma que resulte más sostenible y eficiente, bien mediante gestión directa por la propia Administración, bien mediante gestión indirecta a través del sector privado.

Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, recoge una disposición adicional mediante la cual se establece que, en caso de que algún servicio público local se esté gestionando a través de una empresa privada, y se decida su remunicipalización para prestarlo directamente por el propio Ayuntamiento o Entidad, las personas que presten ese servicio en la empresa privada no podrán integrarse, ni siquiera temporalmente, como empleados públicos del Ayuntamiento. Es decir no se aplicará la subrogación de empresas a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores, ni siquiera cuando el convenio colectivo correspondiente así lo haya previsto, ni aunque inmediatamente se apruebe la oferta de empleo correspondiente para que, previa la celebración de unas pruebas con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad esos puestos terminen cubriéndose con carácter definitivo por quienes superen el correspondiente proceso selectivo.

Pero es que además, tampoco los Ayuntamientos podrán seleccionar su propio personal para que cuando se asuma directamente el servicio sea prestado por las personas que previamente hayan sido seleccionadas en base a procesos selectivos realizados con arreglo a esos principios de mérito y capacidad. Y ello porque la citada disposición adicional del Proyecto de Presupuestos establece que esos puestos que se creen computan respecto de la tasa de reposición de efectivos. Es decir que no se podrán crear nuevos puestos de trabajo, pues sólo se pueden cubrir los que queden vacantes por jubilaciones u otros motivos.

Esto en la práctica supone la imposibilidad de remunicipalizar servicios: no sólo no se puede integrar al personal procedente de la empresa que prestaba el servicio sino que tampoco se pueden crear los puestos de trabajo necesarios por el Ayuntamiento para prestar el mismo. Es decir, que si un servicio, por la razón que sea, fue externalizado en su día, ha de seguir siendo prestado por la iniciativa privada siempre, o hasta que se modifique la Ley pues esta disposición adicional tenga vigencia indefinida, no sólo en 2017.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los servicios han de ser prestados en la forma más eficiente y sostenible como dice ahora la Ley de Régimen Local modificada por el propio gobierno? ¿O para el Gobierno el paradigma de la eficiencia y del ahorro de gasto público sólo sirve cuando interesa al sector privado y no al interés público y a la autonomía local?

De no aprobarse ninguna enmienda contra esta disposición, el artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local y el principio, ahora constitucional, de eficiencia en la gestión pública, quedarán vacíos de contenido, incurriéndose en una contradicción carente de toda justificación y dando la espalda a los procesos de remunicipalización que han proliferado con éxito en muchas ciudades europeas y algunas españolas. Por mencionar alguna, a título de ejemplo, la ciudad de León, regida por el mismo partido que sustenta al Gobierno, cuya remunicipalización de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de edificios y locales supuso un ahorro de más de 7 millones de euros a las arcas públicas.