Pascual Serrano

Podemos ha celebrado un encuentro con periodistas en el que no ha invitado a algunos medios, concretamente a El País, la cadena Ser, El Periódico de Catalunya y los digitales El Independiente, Voz Pópuli y Ok diario.  La organización política defiende su decisión con el argumento de que no se trataba de una rueda de prensa que tiene que estar abierta a todos los medios, sino un encuentro privado con los que ellos consideraron ("desayuno en off", rezaba la convocatoria).

La reacción no se ha hecho esperar, el comité de redacción de El País afirma que esa decisión es "incongruente con el derecho a la información, que cualquier partido político democrático debe defender". Por su parte, la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) apela a que "el derecho a la información está protegido por el artículo 20 de la Constitución".  Afirma en una nota de prensa que la decisión de Podemos "priva a los usuarios de dichos medios de un información de interés público".

Pero centrémonos en ese "derecho a la información" que reivindican la APM y los medios no invitados. Lo primero que hay que recordar es que el poseedor del derecho no es ni el medio periodístico, ni el periodista, ni la empresa del medio, es el ciudadano. El que algunos medios no fueran invitados no quiere decir que a los ciudadanos se les haya impedido el derecho a la información, estaban convocados otros muchos medios, incluidas todas las agencias, las privadas y la pública, que difunden sus contenidos a todos los medios. Si llevamos el argumento del derecho a la información al extremo para argumentar que se le negó a los medios no invitados, en realidad se le negó a todos los españoles a los que no se nos convocó.

Puesto que todos los ciudadanos no pudimos -como es lógico- asistir a los encuentros de Podemos, si de lo que se trata es de reivindicar el derecho a la información establecido en la Constitución para todos los españoles (insisto en lo de todos), quien tiene la responsabilidad de garantizarlo serían los medios que van a los encuentros, ruedas de prensa o cualquier otra convocatoria para luego informarnos.  ¿Se preocupan por ese derecho a la información la APM o los diferentes medios de comunicación? ¿Alguien supervisa que la información que difunden los partidos -o cualquier otra fuente- sea trasladada adecuadamente por los medios a los ciudadanos para garantizar nuestro derecho a la información? La APM dice que la ausencia de esos medios en el encuentro de Podemos priva a sus usuarios de esa información. ¿Y cuando los medios no difunden los contenidos de las ruedas de prensa y notas de prensa, o simplemente no van? También entonces sus usuarios son privados de esa información. Por supuesto que no pueden informar de todo, pero reconozcamos que, según su selección, están privando de información a sus audiencias. ¿Por qué todos aceptamos que los medios seleccionen lo que debemos saber y las fuentes no puedan seleccionar a quién quieran convocar?

Algo similar sucede con las ruedas de prensa sin preguntas o las famosas convocatorias donde el convocante aparece en una pantalla de plasma. Está bien denunciarlo como hacen los medios, pero, una vez que ellos hubieran podido preguntar lo que considerasen, ¿cómo tenemos garantizado los ciudadanos que se ha preguntado con rigor y que, después, se nos informa adecuadamente?

Hace ocho años el senador del PNV Iñaki Ansagasti publicó el libro "Monarquía protegida por la censura" (Akal). Anasagasti tuvo que escribir ese libro para que nos enterásemos de sus intervenciones públicas o sus preguntas parlamentarias respecto a la corona, porque los medios siempre se las silenciaron. Seguro que este senador hubiera estado encantado de responder preguntas de la prensa y no usaría pantalla de plasma para exponer a los medios sus iniciativas sobre la monarquía. Sin embargo, los medios no informaron y la ciudadanía se quedó sin su "derecho a la información". ¿Quién se lo negó? Unos medios que no cumplieron con su cometido.

Llevamos décadas concediendo el derecho a la información a las empresas privadas de comunicación y olvidando que se trata de un derecho de los ciudadanos. Si de lo que se trata es de reivindicarlo, lo urgente sería comprobar si nos lo están garantizando las empresas que se dedican a la información. Y probablemente no lo garantizan, porque las empresas no garantizan derechos, solo ofrecen productos y prestan servicios a quienes los pagan.