Otras miradas

Estudios y violencia machista: respuesta a Soledad Becerril

Marisa Kohan

Empieza a ser un tema recurrente. Altos cargos relacionados o nombrados por el PP que tienen competencias en la vigilancia de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, afirman abiertamente no saber qué es ni que se puede hacer contra la violencia machista, una lacra que ha constado la vida al menos a 34 mujeres y niños en lo que va de año, según fuentes oficiales o a  46 como denuncian organizaciones feministas.

Lo hizo en su día la directora del Instituto de la Mujer, Lucía del Carmen Cerón, en una entrevista concedida a Público que aún levanta ampollas entre las organizaciones feministas, y que ha generado un sin fin de preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia de responsables políticos tanto en el Congreso como en el Senado.

En aquella entrevista, Cerón afirmaba, respondiendo a qué se puede hacer para frenar la violencia machista: "que alguien acabe con la vida de una persona, por celos, por sentimientos... por no sé qué. Es un no sé qué mal entendido. Estamos trabajando" y añadía que "la mujer tiene que saber que hay que decir que no a la violencia de género", poniendo la responsabilidad sobre las propias víctimas.

Hoy, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que se despedirá de su cargo el próximo 21 de julio, ha sido, al menos, igual de sorprendente para alguien que tiene entre sus funciones la defensa de los derechos de las ciudadanía.

En una entrevista concedida a la agencia EFE y de la que Público se ha hecho eco, afirma que le parece muy bien la propuesta de crear un Pacto de Estado contra este tipo de violencias y en lo que los distintos grupos de parlamento están trabajando desde hace ya casi seis meses, pero reconoce no saber cuál es la solución.

Es más, cuando el periodista le recuerda que los expertos indican que la clave es la educación, Becerril se descuelga con una de la frase más sorprendente que denota su absoluta ignorancia sobre una materia que debería haber sido clave en su gestión al frente de la defensoría del pueblo: "la educación es un factor elemental pero no sé si es suficiente", Y concluye que "Muchas personas que cometen estos actos han recibido una formación por lo menos secundaria, no son "mayorcísimas" que vivían en poblaciones "aisladísimas".

Con esta demoledora frase, Becerril echa por tierra lo que desde hace décadas saben todos aquellos que trabajan en igualdad: que el machismo no es propiedad de los pobres y marginados, sino que se da en todas las clases sociales, independientemente de cuánto hayan estudiado, cuánto dinero tengan o qué posición ocupen.

¿No sabemos como acabar con el machismo y los asesinatos de mujeres? Hay muchas expertas que sí, pero pasa por invertir esfuerzos, fondos y apostar por políticas que marchen en esa dirección. Y sobre todo un Gobierno y unos representantes políticos comprometidos que no remen contra corriente como es el caso de Becerril y de Cerón.

Hace ahora tres años Naciones Unidas condenó a nuestro país por no proteger los derechos de una mujer y su hija, que terminó siendo asesinada por su padre en una visita no vigilada. En su dictamen, NNUU indicaba que el Estado español actuó de manera negligente e hizo una serie de recomendaciones concretas que debían se adoptadas por el poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. La única respuesta del Gobierno fue decir que las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes. Lo que no parece una postura adecuada para subsanar problemas que se puedan haber cometido e implantar medidas que avancen en la lucha contra la violencia machista.

El congreso y el Senado de nuestro país lleva seis meses escuchando a expertas y expertos de distintas disciplinas sobre las causas y, sobre todo, las soluciones a la violencia de género. Lo hacen frente a los representantes de todos los grupos parlamentarios, que se han comprometido a consensuar medidas para un pacto de estado contra la violencia machista. Sus conclusiones, que deben estar listas esta próxima semana, tendrán que ser asumidas por el Gobierno y puestas en marcha en un período de tres meses.

Pero sólo serán útiles si existe la voluntad política y el compromiso, tanto de los representantes políticos como de la sociedad en su conjunto. Declaraciones como las que de las señoras Becerril y Cerón son palos en las ruedas y un flaco favor a la sociedad.

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