Pedro Fuentes Castro
Presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos (SNH)

La Gestación Subrogada (GS) forma parte de la realidad española desde hace tiempo. Somos muchos miles las familias españolas constituidas gracias a la GS y nuestras universidades ya albergan chicos y chicas nacidos gracias a ella. Pero su salida del armario no ha ocurrido hasta los últimos años, cuando las familias, homoparentales (las primeras en salir por motivos obvios), heteroparentales (las más numerosas) o monoparentales/monomarentales (en continuo crecimiento) han reclamado igualdad de derechos respecto al resto de españoles.

No voy a discutir si tener un hijo es o no un derecho. Lo que resulta evidente es que recurrir a medicina reproductiva para tenerlo sí es un derecho desde que el Ministerio de Sanidad la incluyó entre sus prestaciones. La infertilidad es una patología y, como tal, requiere ser tratada. En España esa terapia se oferta, casi, para toda infertilidad, sea orgánica o estructural, como la mujer sola.

Si una mujer nace sin ovarios, tiene derecho a pedir ayuda y a recibirla si otra persona la quiere ofrecer. Pero, si nace sin útero, pasa a ser española de segunda clase, sin derecho a fundar una familia como ella decida (Art. 16 Declaración DDHH). Y ello pese a existir una técnica reproductiva específicamente indicada para estos casos (OMS).

Hoy, cuando la Igualdad debe ser un fin en sí misma, negar derechos reproductivos es discriminatorio.

En julio de 2016, el Parlamento Europeo pedía a los estados miembros que revisasen su política restrictiva sobre GS, por ser esas restricciones fuente de daño. Y es que no es verdad que la GS implique, siempre, una explotación de la mujer. Las legislaciones de Reino Unido, Canadá, USA, Holanda, Israel, y un largo etc., junto a la experiencia de miles de familias -y de las mujeres que nos han ayudado- lo atestiguan.

Pese a esta evidencia, la oposición a la GS esgrime siempre otra línea argumental: la situación de países con nula o mala regulación. Como si eso fuese extrapolable a España. Como si se pretendiese prohibir los trasplantes en España porque haya países donde se trafica con órganos. Absurdo.

Por otro lado, se afirma que, en nuestro país, solo se prestarían a realizar el proceso las mujeres pobres. Un argumento terrible, especialmente en boca de la clase política. Porque si, como político, no se es capaz de hacer leyes garantistas, entonces váyase y deje su lugar a alguien más capacitado. Y terrible por lo que insinúa de la mujer española, a la que niegan todo principio de sororidad y a la que presentan como interesada y dineraria. Quienes así se expresan no han comprendido, aún, que hay mujeres que gestarían hijos para un amigo, para una hermana o incluso una pareja de desconocidos y lo harían por ayudar. Por dar, a otras y a otros, algo que saben valorar como nadie: una familia.

Que el dinero sea el motor que mueve a más de un político en este país, no quiere decir que la sociedad sea, toda, de la misma condición.

La española no necesita ni tutelas ni custodias. Al contrario, exige leyes respetuosas con su voluntad y sus decisiones. Incluida la posibilidad de dejar atrás la obligación de ser madre por el hecho de dar a luz. Se llama derecho a decidir. Embarazarse ya no es sinónimo de parir. Parir no ha de ser sinónimo de maternidad. Hoy madre ha de ser quien quiera. La filiación intencional debe prevalecer por encima de postulados biologicistas. Un hecho que recoge nuestra legislación en la donación de semen, donde padre no es quien aporta el semen, sino quien desea serlo y así se manifiesta. O en la pareja lesbiana, donde para ser madre no se precisa ovular ni embarazarse ni gestar ni parir. Basta con expresar la intención y la mujer verá reconocida la filiación con independencia de la biología. En España, madre ya no es solo quien pare.

La revolución social que implican los nuevos modelos familiares es imparable. En estos modelos, la GS ocupa un lugar fundamental. Razón por la que, año tras año, más países se suman a la normalización de la técnica. Hace lustros que ningún estado la prohíbe, antes bien, la regulación avanza por todo el mundo.

La oposición volverá una y otra vez a sus manidos argumentos. Lo hemos vivido antes. Con el aborto, el matrimonio igualitario, el derecho a adoptar de los homosexuales,... Siempre habrá viejas guardias opuestas a reconocer derechos. Lo que no tiene que paralizar la mano del legislador. España puede y debe presentar una ley de GS, una ley respetuosa con los derechos de menores y mujeres.

Hora es de regular la Gestación por Sustitución. Por una cuestión de Igualdad. Por una cuestión de Derechos Reproductivos. Pero, sobre todo, por una cuestión esencial: el Derecho a Decidir.

De todas y de todos.