Emilio Delgado

Diputado de Podemos

Saber cuántos cargos públicos del Partido Popular en Madrid están inmersos en procesos judiciales, han sido imputados, condenados o han dimitido como consecuencia de su relación con tramas de corrupción es una tarea titánica.

La variedad de tramas y casos que han echado raíces en múltiples niveles administrativos y de gestión, nos proporciona un elenco que abarca desde el anterior presidente de la Comunidad de Madrid a técnicos municipales pasando por concejales, alcaldes, diputados, directores generales, viceconsejeros, consejeros, etc. 

La erosión que esta forma de gobierno ha producido no sólo en las arcas públicas sino en la credibilidad de las instituciones es más que evidente.

Si se pretende ir reforestando las instituciones arrasadas, restaurar en alguna medida la confianza ciudadana en sus gobernantes o sencillamente mejorar la imagen de la Comunidad que alberga la capital del país, más valdría que los actuales responsables colaboraran decididamente con la justicia, fueran solícitos a la hora de dar explicaciones a la oposición y entendieran que están ya en la obligación no sólo de ser limpios, sino también de parecerlo.

Desgraciadamente, esto no está siendo así y los madrileños y madrileñas no pueden ni deben conformarse con una administración a la que han de vigilar constantemente con el rabillo del ojo no vaya a ser que les robe.

Mal empezó la presidenta de la Comunidad de Madrid escogiendo para el cargo de consejero de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Administración Local a quien fuera uno de los máximos responsables en la época del saqueo.

Si la trama Púnica se valió del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) y de la empresa que ejecutó las obras de este plan (Arpegio) para perpetrar el saqueo de las arcas públicas madrileñas, el señor Jaime González Taboada era una pieza clave en ambas estructuras ya que por entonces ocupaba el cargo de director general de Administración Local y fue, a la vez, elegido a dedo por Francisco Granados, miembro de la mesa de contrataciones de Arpegio.

En su intento de desmarcarse posteriormente de esa época, llegó a ocultar esta cuestión asegurando que desconocía por completo el funcionamiento interno de la empresa pública, hasta que la prensa terminó revelando su condición de vocal en la mesa de contratación de esa misma empresa. Desde ese puesto, tuvo influencia directa en la adjudicación de los contratos al participar en la valoración técnica de las ofertas.

En los últimos años el actual consejero ha sido señalado como protagonista de hechos irregulares por una constelación de individuos dispares: varios miembros del comité ejecutivo del PP en Hoyo de Manzanares aseguraron que Jaime González Taboada intermedió a favor de contratar con una empresa llamada Dalkia, vinculada a la francesa Cofely que es la principal empresa de la trama Púnica. También el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla' aseguró que el actual consejero le presionó cuando era responsable de territorio de la Comunidad de Madrid para que le vendiera una parcela a la Gürtel. Tanto Granados como Marjaliza han declarado ante el juez que Taboada aceptaba sobornos a cambio de adjudicaciones irregulares.

También un exalto cargo de la Comunidad (exresponsable de Zonas Verdes de la Comunidad de Madrid) declaró ante el mismo juez que Taboada habría amañado contratos para favorecer a una empresa vinculada a las campañas electorales del PP.

Finalmente esta misma semana hemos sabido que se han "perdido" unas carpetas con algunos de los contratos originales que está investigando la justicia, y hay que recordar que el pasado mes de Mayo dimitía su mano derecha, Miguel Ángel Ruiz, tras ser citado como investigado por el juez Velasco en el marco de la investigación del caso Púnica.

Ante esta catarata de testimonios y ante el hecho de que el Consejero ocupara cargos de responsabilidad clave en la época del saqueo y fuera puesto allí por los máximos responsables del mismo, la presidenta Cristina Cifuentes no sólo no ha tomado distancia con Taboada sino que ha reforzado su posición significativamente.

Se ha convertido en su primer burladero.

Sea porque Cifuentes y Taboada tuvieran sus "chanchullos" juntos en el pasado (tal y como aseguraba Francisco Granados sin percatarse de que sus conversaciones estaban siendo grabadas por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo), o bien porque él la hubiera ayudado mucho al poner a su servicio la estructura de poder en el PP que había construido con los años,  lo cierto es que la presidenta ha mimado con esmero a su consejero hasta el punto de vincular su propia suerte al futuro de éste.

De la mano de Cifuentes, Taboada ha pasado de director general a consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Fue uno de sus fichajes más sonados para la gestora de Madrid y después le nombró coordinador del PP de Madrid. Finalmente, es a quien Cifuentes ha colocado en la ejecutiva nacional del PP.

Resumiendo, continúa controlando fondos ingentes de la Comunidad de Madrid, así como la actividad interna del partido.

El segundo burladero es su propia condición de aforado.

Hoy, todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, están imputados en el caso Púnica. Todos menos Taboada. Su imputación podría haber propiciado la pérdida de la pieza sobre Arpegio ya que al ser aforado la Audiencia Nacional no puede investigarle. Sería en todo caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuestión que el anterior juez Eloy Velasco ha dejado en manos de su sustituto.

El tercer burladero tras el que se escuda el consejero es la cámara regional madrileña.

En la complacencia de sus socios de Ciudadanos que ejercen de muro de contención para el tsunami de corruptelas del PP. Cabe recordar que las responsabilidades políticas y las judiciales son bien distintas y que si bien tal vez sea necesario esperar una década hasta que un juzgado nos diga que, efectivamente, lo que parecía un pato al final era un pato, la ciudadanía madrileña merece que los representantes hagamos un esfuerzo por mantener las instituciones con los niveles de higiene democrática y de prudencia mínimamente exigibles.

El plan PRISMA debía circunscribirse al arco temporal 2008-2011, se prorrogó sin financiación adicional hasta 2015, lo estamos cerrando en 2017 y ya la Comunidad ha dicho que no lo terminarán de cerrar hasta 2019. Sólo este nivel de mala gestión de la que son testigos decenas de alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid, sería motivo para exigir responsabilidades, pero cuando le sumamos todo lo anteriormente expuesto el resultado es demoledor.

Por ello, desde Podemos Comunidad de Madrid hemos solicitado algunas comparecencias urgentes a la comisión de investigación así como la del propio consejero en un pleno extraordinario (el período estival no puede suponer una coartada para esquivar la responsabilidad de dar las explicaciones debidas tras las noticias de esta misma semana).

En este sentido la formación naranja tendrá una nueva oportunidad en breve de mostrar su compromiso con la regeneración democrática, esperemos que la aproveche mejor que en anteriores ocasiones.

Tal vez si todos actuamos como debemos, podamos evitar un bochorno más, otro, en una Comunidad de Madrid que espera con ansias el momento de salir del estancamiento en que la han sumido las políticas del Partido Popular.