Concepción Fernández Villanueva
Psicóloga social. Directora del Departamento de Psicología social de la Universidad Complutense

Los jueces, que suelen tener una representación pública de frialdad, de ajustarse estricta y únicamente a las reglas del derecho para aplicar justicia, llevan un cierto tiempo mostrando su cara más humana. Ellos son capaces de señalar no solo la responsabilidad legal, básicamente individual, de los hechos, sino también los factores sociales, humanos, personales e interpersonales que resultan en hechos graves y merecen tenerse en cuenta. Esos son los jueces que pueden ejercer verdadera justicia, jueces con todas las de la ley. Por ellos se han paralizado, por ejemplo, desahucios a pesar de una cruel ley que hace muy fácil ejecutarlos. Ahora vemos este mismo rasgo en el juez Luis Aláez que analiza los factores del descarrilamiento del tren Alvia en Santiago. También en este caso se busca profundizar y bucear a fondo en las causas de la tragedia y en ese "buceo" más que plausible, se encuentra con factores que la lógica más elemental señala como condicionantes necesarios y con personas que tienen variadas corresponsabilidades.

Las empresas realmente implicadas en los hechos han atribuido culpas interesadas y sesgadas y han intentado "individualizar" la responsabilidad. Esa individualización de la causa es su primera estrategia defensiva en la que está incidiendo el juez.

Una perspectiva psicosociológica nos advierte de que si analizamos a fondo los acontecimientos, incluso en una perspectiva penal, debemos llegar hasta el esclarecimiento de todos y cada uno de los factores que realmente pudieron incidir en lo que sucedió. En la catástrofe del Alvia hay una amplia cadena de hechos (desde el maquinista que conducía el tren a las empresas propietarias y las autoridades) que ponen de manifiesto la dimensión interpersonal e intrínsecamente social de cualquier acontecimiento humano y que aparecen aquí con una enorme claridad.

La dimensión interpersonal se representa por la persona que interviene y coactúa en momentos previos al accidente, el interventor del tren. Una perspectiva psicosocial le sitúa en el epicentro de la acción. Su influencia en el maquinista es evidente. Cualquiera puede comprender que contestar una llamada de un compañero que podía tener información grave tiene mucha probabilidad de ser atendida, y si es posible, complacida, y que, en el interés por atenderla y el deseo de complacerla, se puede producir algún tipo de distracción. ¿En esta situación, la acción del conductor es incuestionablemente y solo individual? ¿en qué medida podemos separar lo personal de lo interpersonal?

Aunque en las manifestaciones del interventor en los medios de comunicación no he encontrado ni una sola muestra explícita del dolor que ha podido sentir por esa, aunque sea dudosa, contribución a los hechos, el juez Aláez no silencia esta acción y eso tiene el significado que tiene, de cara a la opinión pública. Es cierto que la consideración de esta dimensión interpersonal podría suponer algún riesgo de responsabilidad penal, y por ello, quizás se ha producido esa ausencia de lamento y esa insistencia en separarse de la situación... No obstante, la dimensión interpersonal parece indudable.

La dimensión intrínsecamente social se sitúa en las condiciones de posibilidad del accidente que son parte de la acción: condiciones de seguridad, señalizaciones, etc. De ellas, las autoridades y los responsables de Adif y Renfe se apresuraron a desmarcarse de su contribución a la tragedia, con la intención de desculpabilizarse. Se abrió y cerró rápidamente una comisión de investigación en la que únicamente se dilucidaron precisiones técnicas de funcionamiento muy difíciles de entender, llenas de tecnicismos y algunas mejoras para el futuro, pero en ningún caso se habló de responsabilidades. De hecho, antes de dicha comisión el presidente de la misma ya dejó claras sus intenciones de la siguiente manera: "No es nuestra misión analizar el accidente", " no criticaremos ni seremos especialmente ácidos con estos sistemas, porque es algo muy técnico y existe una normativa europea y española". Estos responsables se permitieron hacer un informe "no vinculante".

Así las cosas, ¿que podíamos esperar en cuanto al establecimiento de responsabilidades?

Cualquier sistema de enjuiciamiento debe saber que los grupos y las instituciones poseen un poder de protección y ocultación de sus miembros que no poseen los individuos aislados. El grupo protege de la responsabilidad, reparte las consecuencias de los hechos entre una masa inidentificable y desindividualiza las autorías. No obstante, los individuos también están presentes, aunque ocultos o desdibujados en la estructura institucional. Por ejemplo: ¿quién tomó la decisión de no instalar el sistema de seguridad que hubiera evitado la catástrofe?¿Quién decidió no señalizar en la vía la velocidad adecuada? ¿Quién afirmó en la página web de Adif que el sistema ocupa toda la línea y no se advierte que se interrumpe precisamente en el tramo más conflictivo? Estas personas son también responsables en alguna medida, se oculten bajo el paraguas grupal o no. Las estrategias de descarga de responsabilidad en el colectivo son más frecuentes de lo que parece, pero no por ello son justas.

Los jueces que intentan ser justos, se preocupan por aclarar las condiciones de posibilidad que favorecieron que el acto humano, interpersonal, tuviese esas funestas y deplorables consecuencias; las empresas implicadas tienen que contestar a una larga serie de preguntas, como ya lo han hecho los individuos más directamente responsables. Pero las respuestas las deben dar personas no entes anónimos, virtuales, nominales o simplemente, colectivos, equipos técnicos o políticos.. Parece que Renfe y Adid muestran muchas "resistencias" a señalar personas. Dicen "no saber muy bien que les pide el juez". Pero en respuesta a ese intento de despersonalizar, el juez dicta un auto en el que cita a declarar como imputados a cinco responsables de la seguridad de circulación de Adif y llamará en la misma calidad a los tres últimos presidentes del ente público. Y busca personas, no entes abstractos ni mecánicos. Personas que pueden ser responsables penales o no pero deben declarar.

Las empresas no pueden escudarse simplemente en las mejoras de seguridad para el futuro ni en el lamento o la compasión por las víctimas. No basta de una simple afectación por lo ocurrido, una afectación vacía, sino un reconocimiento social de responsabilidad materializado en personas. Y, solo después de establecer los factores implicados y las personas responsables de ellos, pasen a fomentar la mejora de las condiciones de seguridad. No se escuden ustedes en la estructura de las empresas, en el anonimato de los grupos o en la complejidad de los factores. Esa estrategia parece que cada vez sirve menos cuando hay jueces que realmente quieren conocer y establecer todos los condicionantes para conseguir una mayor justicia y equidad. Cuando hay "jueces con todas las de la ley".