Oscar A. Cabrera
Abogado y Director Ejecutivo, Instituto O’Neill en Salud Global y Derecho, Universidad de Georgetown [1]

El 21 de Agosto de 2017 marcará el día en el que Chile deja de ser parte de la lista de países que prohíben el aborto bajo toda circunstancia. Después de un proceso legislativo difícil, donde cada paso parecía que sería el último y que iba a ser imposible avanzar, la iniciativa de la Presidenta Bachelet fue demandada en sede constitucional. Finalmente, este pasado lunes, recibió la aprobación del Tribunal Constitucional, y ahora podrá ser promulgada y entrará en vigencia.

El Tribunal Constitucional anunció su fallo declarando constitucional las tres causales previstas en la ley (riesgo vital, inviabilidad fetal y violación) por seis votos contra cuatro. Es importante rescatar la importancia de la distribución de los votos, ya que en un Tribunal con una mayoría conservadora, y con jueces (ministros como los llaman en Chile) ideológicamente opuestos, primó la coherencia jurídica y un apego al análisis constitucional y de derecho internacional. En cuanto a la objeción de conciencia, el Tribunal declaró inconstitucional por ocho votos contra dos la medida mediante la cual se permitía a los integrantes del equipo médico abstenerse de participar en la intervención en razón de sus creencias. Los detalles de la argumentación que llevó a los diez ministros a alcanzar esta decisión, sólo los conoceremos el próximo 28 de Agosto cuando el texto de la sentencia se publique.

La despenalización del aborto en Chile tiene el potencial de impactar positivamente la situación de mujeres y niñas del país, particularmente las que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Debería implicar, que ellas no se vieran obligadas a llevar un embarazo a término, sacrificando sus vidas, o enfrentándose a condenas penales por haber recurrido a abortos ilegales e inseguros. Esto contribuye, y hasta que la nueva norma legal sea implementada seguirá contribuyendo, a exacerbar inequidades en la sociedad chilena.

Con esta decisión, el Tribunal también decidió entrar a hacer parte de los diálogos judiciales que académicos y  tribunales nacionales e internacionales venimos teniendo sobre el aborto como un tema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género. Una vez más, se demuestra que los debates sobre el aborto constituyen para el mundo del derecho un hito que pone a prueba los principios más fundamentales de las democracias constitucionales modernas: la separación de poderes, el estado laico, la ponderación entre principios e intereses fundamentales como la vida y la dignidad cuando entran en tensión, la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, y el cuestionamiento del rol del derecho -y del derecho penal- en la regulación de la vida de las personas. Durante la semana de presentación de testimonios de expertas/os y alegatos en el Tribunal Constitucional, se escuchaba en las conversaciones de los corredores que este era, sin lugar a dudas, el debate más importante que había dado el tribunal constitucional en su historia.

La experiencia de este tipo de debates en otros países, nos enseña que cada victoria es el comienzo de una nueva batalla. Una cosa es el reconocimiento del derecho de las mujeres a optar por una interrupción del embarazo en el papel, y otra en la realidad. Por ello, los debates sobre objeción de conciencia, secreto profesional, entrenamiento a profesionales, registro de medicamentos y protocolos de atención deberían empezar a llenar la agenda nacional en los próximos meses.

Mientras tanto, nuestros ojos se dirigen a El Salvador donde para sorpresa de muchos, se presentó una segunda propuesta de ley la semana pasada que busca la despenalización del aborto en casos de riesgo para la vida o salud de la mujer, y en casos de violación a menores de edad. La votación podría tener lugar esta misma semana, pero independientemente de si este proyecto específico avanza o no, es necesario que la academia y la comunidad internacional le exijan a El Salvador que tome las decisiones coherentes para ofrecer una respuesta a las necesidades de las mujeres y niñas del país, especialmente a las más vulnerables que son quienes hasta ahora han pagado con su vida las altas tasas de mortalidad materna que resultan de la penalización absoluta.

Seguiremos promoviendo el debate para que todos los estados latinoamericanos encuentren la forma de avanzar hacia algún tipo de despenalización del aborto terapéutico, que si bien está lejos de ser ideal, constituye un mínimo ético y de derechos humanos que la dignidad de las mujeres y las niñas exige a todos los Estados.

[1] Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las del Instituto O’Neill o de la Universidad de Georgetown.