Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos

Tal y como ocurrió durante el golpe de Estado de 2009, Honduras ha sido abandonada a su suerte. El 27 de enero de 2018, el ilegal candidato y flamante nuevo dictador Juan Orlando Hernández tomaba posesión de un nuevo mandato en Tegucigalpa, sin la presencia de un solo jefe de Estado extranjero. De esta forma se consolida el fraude electoral ejecutado el 26 de noviembre de 2017 y la impunidad de sus perpetradores. También queda impune el uso excesivo de la fuerza en contra de la oposición a la dictadura, que ha causado al menos 36 muertos desde la celebración de las elecciones. Una vez más, quedó evidenciado que la prioridad en las relaciones internacionales no es ni la democracia ni los Derechos Humanos.

De esta forma, Juan Orlando Hernández se aferra al poder a pesar de las abrumadoras pruebas del fraude electoral. De nada sirvieron los minuciosos análisis sobre el proceso de transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral tras las elecciones, que incluyeron un estudio realizado por la revista The Economist y otro encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a un conocido académico estadounidense, y que corroboraron la imposibilidad estadística del cambio de tendencia que se produjo tras una misteriosa caída del sistema informático de conteo, certificando la victoria del opositor Salvador Nasralla en el nivel presidencial.

La presencia de dos misiones de observación electoral MOE no pudo evitar la consumación del fraude. La MOE de la Unión Europea, acabaría emitiendo una tibia declaración, en la que se identificaban diversas irregularidades, y que fue complementada por unas ambiguas declaraciones de su jefa de misión en las que afirmaba que el mandato de este organismo no era avalar o dejar de avalar resultados. Por otro lado, la MOE de la OEA emitió un informe mucho más contundente, en el que se verificaban diversas irregularidades, se manifestaba la imposibilidad de asegurar quien había ganado las elecciones y se recomendaba repetir los comicios a nivel presidencial. Sin embargo, en enero de 2018, la OEA, sin dar explicación alguna y a través de un comunicado en su página web, decidía reconocer a Juan Orlando Hernandez como ganador, dando carpetazo al asunto. No es casualidad que estas misiones electorales sean ampliamente cuestionadas, más cuando se dan casos como el de las elecciones de Kenia de 2017, en el que quedó patente su inutilidad.

La poca relevancia de las MOE quedo patente cuando, pese a las recomendaciones del informe de la OEA, el gobierno Trump reconoció a Juan Orlando Hernández como ganador. Posteriormente harían lo propio los gobiernos de España, Colombia y Guatemala entre otros. Fue especialmente llamativo la rapidísima felicitan a Hernandez por parte del gobierno de Israel, que a las pocas horas tuvo como réplica el reconocimiento por parte de Honduras de Jerusalén como nueva capital de la nación hebrea, contraviniendo el derecho internacional en la materia.

Sin duda el contexto político regional favoreció el rápido reconocimiento por parte de las grandes potencias del cuestionado triunfo de Juan Orlando. Durante 2018 existe altas probabilidades de que sean elegidos gobernantes alineados a la izquierda en varios de los países más importantes de Latinoamérica. En México, parece inevitable una victoria arrolladora de Andrés Manuel López Obrador; en Brasil Lula da Silva es el candidato con mayores posibilidades de hacerse con la presidencia, siempre que no se vete su candidatura por la vía judicial; y en Colombia, el escenario político posterior a los acuerdos de paz con las FARC podría llevar a la presidencia a nuevas opciones políticas. La reversión de un fraude electoral en Honduras podría ser visto como un peligroso precedente para la región.

Lo que hoy es evidente es que Juan Orlando Hernandez está dispuesto a todo para seguir en el poder. La indignación de la población se ha sentido con fuerza en las calles, donde han vuelto a multiplicarse las manifestaciones y tomas de carreteras y vías públicas. La represión que se ha desencadenado ha sido sangrienta y claramente dirigida a causar terror entre la población, para lograr detener las protestas. Durante las últimas semanas se ha podido ver a la Policía Militar gaseando al ex presidente Zelaya, golpeando a diputados opositores y violentando a periodistas nacionales (UNEtv) e internacionales (Hispantv y Univisión). Además, manifestantes han sido asesinados en diversos puntos del país, y se han producido ejecuciones de persona que han estado vinculadas a las protestas. La utilización de bala viva por parte de fuerzas militares para disolver manifestaciones pacíficas, que ha sido condenada expresamente por las Naciones Unidas, ha sido sistemática. Algunos departamentos del país han sido militarizados como si se estuviese viviendo un conflicto armado en toda regla.

El 27 de enero, durante la fraudulenta toma de posesión de Juan Orlando Hernández la violencia policial y militar volvió a desatarse a lo largo y ancho del país. Los próximos 4 años serán muy complicados para Honduras. La violencia contra la oposición se intensificará, y seguirán siendo comunes crímenes como el cometido contra la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. La corrupción y la degradación de la vida política seguirá creciendo. La desfachatez de las actuales autoridades llega a tales extremos, que aprovechando la tramitación del presupuesto del ejecutivo para 2018 se introdujo una reforma legal que arrebató sus facultades investigadoras al Ministerio Público (fiscalía) para investigar casos de corrupción. Ante estos hechos, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, vinculada a la OEA, denuncio la existencia de un auténtico pacto de impunidad en el país. La primera consecuencia de dicho pacto fue la liberación inmediata de varios diputados acusados de recibir fondos del Estado a cambio de su voto. El nombramiento hace unos días de un nuevo jefe de la Policía Nacional,  señalado por una investigación de Associated Press de trabajar para el narcotráfico, solo constituye un ejemplo más de la naturaleza de un régimen que actúa más como una banda criminal que como un verdadero gobierno.