En España no somos de rescatar personas, hay que reconocerlo. Con dinero público o desde instituciones democráticas en este país hemos rescatado bancos hundidos por "brillantes" exvicepresidentes, rescatamos superconstructoras como Ferrovial y Sacyr, comprándoles a precio de oro autopistas quebradas, y hasta hemos rescatado al Presidente del Real Madrid, salvándole de su nefasta gestión en el almacén subterráneo de gas Castor.

Somos tan reacios a rescatar personas que cuando la justicia española lo intenta, el ejecutivo o el legislativo corren a subsanar el error. Así sucedió con la justicia universal, que el PP se apresuró a atajar. O con el caso del número dos del Banco Santander, Alfredo Sainz, al que el Gobierno ya en funciones de Zapatero indultó, no fuera a ser que la justicia dejara de estar sólo para los robagallinas. También es el gobierno el que rehúsa interpelar a sus pares marroquíes para hacer cumplir el auto del Juez Ruz que ordena el procesamiento de mandos militares marroquíes por los asesinatos de saharauis españoles. Los Gobiernos españoles son pertinaces en su negativa a rescatar personas, a proteger derechos humanos.

Y resulta que a mi los rescates que me gustan son los rescates de personas. Como el de los de los bomberos sevillanos de Proemaid en Grecia, que rescatan a quienes huyen de una guerra a la que Europa da la espalda. O como los de los tribunales europeos, que a esos no se atreve a desoírlos el Gobierno español.

Por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insuflado un poco de aire a la maltrecha libertad de expresión en nuestro país, al condenar a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron la foto de los Reyes en 2007.

Pero si hay un rescate de los de capa roja y pantis azules, de los épicos que hacen historia y alimentan la narrativa de un pueblo, ese es el rescate del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Sáhara Occidental.

Este principio del fin de una historia de terror y traiciones comienza cuando una modesta ONG, la Western Sahara Campaign UK, denunció en Reino Unido la legalidad del etiquetado de productos del Sáhara como marroquíes. Los jueces británicos remitieron el caso al TJUE y éste finalmente, el pasado 27 de febrero constató que el acuerdo de pesca UE-Marruecos es válido, pero no se puede aplicar a aguas del Sáhara. O lo que es lo mismo, los países miembro de la Unión Europea, incluida España, no podrán seguir explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental negociando con su país ocupante, Marruecos. La continuidad de las operaciones comerciales y extractivas requerirán un acuerdo con los representantes de su propietario legítimo, la República Árabe Saharaui Democrática.

El rescate a los derechos del Pueblo saharaui por el alto tribunal europeo empieza a concretarse y Transavia Airlines, la aerolínea holandesa de bajo costo (filial de KLM y parte del grupo Air France-KLM) ya ha cancelado su puente aéreo París-Dajla para evitar sanciones económicas.

Pero las vidas de los pescadores españoles no se pueden cancelar como un vuelo. Es preciso encontrar soluciones para los buques de pesca amparados por el acuerdo Marruecos-UE, la mayoría españoles, de las Comunidades Autónomas de Canarias, Galicia y Andalucía. Como bien señaló el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  Melchior Wathelet, el 91,5 por ciento de las capturas de la explotación prevista en el acuerdo mencionado se da en aguas adyacentes al Sáhara Occidental y la continuidad de las operaciones deberá contemplar los derechos de sus legítimos dueños.

La continuidad de centenares de empleos del sector pesquero español dependen ahora por tanto de la agilidad de su Gobierno para pilotar la transición al nuevo terreno de juego dibujado por la sentencia del TJUE. O lo que es lo mismo, la continuidad de la pesca de la flota española en aguas saharauis depende de la diligencia de su Gobierno para reconocer -como más de 80 países así han hecho- e iniciar las negociaciones con el representante único y legítimo de la RASD.

Además la nueva situación de reconocimiento pleno de la RASD, que de facto genera la sentencia citada, aconseja agilidad en el posicionamiento de España como país con oportunidades privilegiadas para el establecimiento de relaciones en el orden cultural, humano, económico y político que no deberían desaprovecharse.

Ya es hora de que España se alinee con quienes rescatan personas y abandere el retorno de los saharauis a su tierra. Naciones Unidas nos identifica como potencia administradora de este proceso de descolonización y nos corresponde proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen.

Ojala nunca más nuestra palabra como pueblo, nuestro compromiso con la historia vuelva a quedar mancillado por la mentira y la traición a la que dieron lugar las declaraciones que resalto en cursiva en el párrafo anterior, pronunciadas por el entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón en su encuentro con las tropas españolas en Aaiun el 2 de noviembre de 1975, sólo doce días antes de entregar la provincia española a Marruecos en los infames Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre.

Cuarenta y dos años más tarde, el fraternal encuentro que representantes de la mayoría del Congreso (PSOE, Unidos Podemos, PNV, Equo y PDCat) mantuvimos con el Presidente de la RASD, Brahim Gali y su disposición a sentarse con los pescadores españoles para negociar ventajosamente un acuerdo conforme a la legalidad internacional y la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos permiten soñar con la reparación de esta mancha en nuestra historia como país. Los centenares de miles de saharauis españoles así como aquellos que sin ser españoles son oriundos orgullosos de su tierra no esperan menos de un pueblo hermano con el que le unen lazos que ni siquiera la más infame realpolitik pudo romper.