La Constitución Española recoge, en su artículo 47, el derecho constitucional a la vivienda y compromete a los poderes públicos a promover "las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". La Carta Magna es un texto que va más allá de lo jurídico, su objetivo es definir un horizonte de sociedad que compromete legal pero también política, ética y moralmente a todas las instituciones del Estado con un rumbo determinado de país. ¿Están los ayuntamientos alineándose con este principio?

En muchísimos casos la respuesta es negativa. En Alcorcón, por ejemplo, el Partido Popular no sólo ha obviado esta orientación general, sino que además ha navegado en dirección contraria. Destruyó la empresa municipal de la vivienda (EMGIASA) y dejó a decenas de miles de familias sin alternativas ante la burbuja del alquiler y los precios desorbitados. Pero esta práctica es una constante, y tenemos también el ejemplo de las más de 5.000 viviendas del IVIMA malvendidas a fondos buitre por parte PP en la Comunidad de Madrid.

¿Cómo devolvemos a nuestros ayuntamientos a la senda constitucional?, ¿cómo alineamos nuestras administraciones locales con el derecho a acceder a una vivienda?

Más allá de las políticas que puedan promoverse en ámbitos superiores, parece que recuperar los parques municipales de vivienda pública para ofrecer alquileres a precios asequibles es la opción más viable para proteger a las familias de nuestros municipios.

El Ayuntamiento no puede limitarse a ser un mero observador de los procesos de expulsión masiva de las vecinas y vecinos por parte de un mercado de vivienda dopado, tanto en el alquiler como en la compraventa. Tiene la obligación constitucional, pero también política y moral de tomar partido, de actuar para ofrecer, desde sus posibilidades, alternativas habitacionales. Necesitamos ayuntamientos proactivos.

La oferta de viviendas de alquiler a precio protegido permitirá que nuestra juventud pueda emanciparse a una edad razonable y que no tenga que abandonar su ciudad para buscar suerte en otra parte. También permite a los ayuntamientos construir una red de protección para atender los casos más graves de exclusión social. Las posibilidades son múltiples y variadas cuando se le da a lo local las herramientas para transformar su entorno más cercano.

Pero esta política no limitaría su efecto positivo sobre las inquilinas e inquilinos, sino que también podría servir como palanca para potenciar el comercio local. La oferta de locales a unos precios asumibles para que el empresariado municipal ponga en marcha sus iniciativas dinamizaría las economías de cercanía y nos permitiría dar oportunidades a emprendedores con buenas ideas.

Hoy, la oferta de alquileres a precios razonables desde los municipios es una tarea estratégica para el desarrollo, tanto social como económico. Por eso mismo, los ayuntamientos que se integren en esta tarea deberían demandar facilidades financieras y líneas de créditos preferentes por parte de las instituciones autonómicas y centrales para promover el inmueble público como palanca del bienestar, la seguridad, el progreso, la justicia social y el emprendimiento.

Queda pendiente el balance jurídico del saqueo que las élites han perpetrado sobre la vivienda pública. Es posible que ni si quiera un millar de sentencias puedan compensar el enorme daño económico, social y moral que los especuladores profesionales y los políticos a su servicio han causado a las familias españolas.

Sin embargo, las cuentas pendientes del pasado no deben ser un obstáculo para ponernos desde ahora mismo a construir el futuro. El horizonte es claro, pero la lección está aprendida: hoy es más urgente que nunca el blindaje por ley de nuestras empresas públicas para evitar que nadie pueda volver a destruirlas con el objetivo de lucrarse a costa de todas y todos.