Numerosos vecinos y vecinas se están movilizando contra la plataforma logística que la empresa Pavesal está construyendo en Villaverde. La situación sumariamente es la siguiente. La instalación tiene una gran envergadura, pues la parcela cuenta con una superficie superior a 150 mil metros cuadrados y una edificabilidad que ronda los 100 mil metros cuadrados.

El proyecto se divide en dos fases. En la primera se edificará una nave divisible en módulos que se alquilarán a diferentes operadores logísticos, entre los que se cita a las empresas Amazon y Media Markt. Aquí diariamente centenares de camiones de alto tonelaje depositarán la carga, que será fraccionada para que miles de furgonetas la distribuyan por toda la ciudad, tanto a los comercios minoristas como a los domicilios (venta on line). En la segunda fase se ejecutarán proyectos llave en mano aun no concretados. La inversión prevista asciende a 80 millones de euros. El titular de la explotación será Invesco, una de las mayores gestoras de inversiones del mundo.

Hasta aquí nada o poco que objetar. Los problemas surgen cuando se sabe que la plataforma no tendrá acceso directo a la M-40, a pesar de estar pegada a la autopista. Por tanto, los centenares de camiones y las miles de furgonetas que operarán día a día en ella tienen que parasitar el viario de los barrios próximos: Villaverde Alto, Ciudad de los Ángeles, San Luciano, Arechavaleta, Orcasur, Orcasitas... Es una trama de calles propias de barrios residenciales: estrechas, de uno o dos carriles, con fondos de saco, por las que transitan peatones... Nada que ver con el viario típico de un polígono industrial, de calles  largas, anchas, diseñadas para vehículos grandes... La primera consecuencia de la plataforma será la invasión de un entorno de viviendas, en el que residen más de 30.000 personas. El caos circulatorio se extenderá a las entradas y salidas de la M-40, en un tramo en el que la vía ya está saturada, y a las vías de conexión entre los distritos de Usera y Villaverde, tanto la avenida de Andalucía como Eduardo Barreiros. A este respecto alarma comprobar cómo ni la empresa ni el Ayuntamiento han realizado los pertinentes estudios de movilidad.

No acaban aquí los problemas. La enorme intensificación del tráfico pesado que entrañará la plataforma llevará parejo el incremento de los niveles de contaminación acústica y atmosférica. Este no es un dato baladí o irrelevante en tanto, justamente, San Luciano es ya el barrio de Madrid que más sufre los ruidos de la M-40. A la vez, tenemos que la estación de medición de la plaza Elíptica, próxima a la plataforma, es una de las que peores registros de calidad del aire ofrece. Vista esta foto, es hilarante oír a la empresa promocionar el proyecto por sus valores medioambientales.

Frente a este panorama, las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde plantean la paralización de las obras que se están realizando. Son obras de adecuación de los terrenos e incluso, según fuentes municipales, de cimentación, que se ejecutan al amparo de una declaración responsable. Una DR, en realidad, no es una licencia de obra, sino una especie de permiso discrecional que se concede la empresa a sí misma previa entrega de una documentación en el Ayuntamiento. La DR solo permite abordar, por así decirlo, unas actuaciones menores. Sin embargo, está fundada la sospecha de que las obras en curso pueden estar desbordando el alcance de una DR. En tal caso, el Ayuntamiento debe parar las actuaciones. La envergadura de la plataforma y la dimensión de los impactos previsibles sobre la población residente en los alrededores justifican que, antes de mover una sola brizna de terreno, hay que elaborar un plan de control de usos, que establezca las medidas correctoras pertinentes e incluso que desestime el proyecto si dichas medidas no existen o son inabordables. La figura del plan citado está contemplada en las normas urbanísticas del Plan General de Madrid, por lo que es inaceptable que se haya permitido el inicio de determinadas obras sin que la empresa promotora haya presentado el plan para su aprobación por el Consistorio. Para las asociaciones vecinales la medida más relevante que se ha de acometer es la conexión de la plataforma con la M-40, liberando así a los barrios del tráfico inducido por ella.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el martes, 27 de marzo, ha aprobado por unanimidad una proposición del grupo socialista en la que se determina la paralización de las obras y la redacción de un plan de control de usos. Asimismo, plantea la creación de una mesa de diálogo en la que las partes (empresa, asociaciones vecinales y ayuntamiento) busquen soluciones a los problemas. Todo ello responde a las reivindicaciones vecinales que se expresaron en la concurrida manifestación que tuvo lugar precisamente el día anterior, el 26, por las calles de Villaverde.

Valga una última reflexión. Para justificar la construcción de la plataforma, los defensores han apelado a la creación de empleo. Se ha llegado a acusar a las asociaciones y a las personas contrarias al proyecto tal como está planteado de querer impedirlo. La acusación no es más que una burda manipulación. Los apologistas utilizan el empleo como excusa y hasta como extorsión de la opinión pública.

Bien venidas sean todas las iniciativas generadoras de empleo y riqueza siempre que estén acompañadas de las medidas correctoras pertinentes, especialmente aquellas que el más elemental sentido común aconseja. Por lo demás, en el supuesto de que la plataforma no sea viable en la ubicación ahora en discusión, planteamos que se estudie una permuta de terrenos para localizarla en un ámbito más adecuado.