Hace justo un mes el periodista ruso Iván Golunov, conocido por destapar casos de corrupción que implican a funcionarios y políticos relacionados con el Kremlin, fue detenido en Moscú. La Policía se cubrió de gloria con una grosera acusación por tráfico de drogas, pensando que así lo sacaría de circulación y los corruptos podrían respirar tranquilos.

Los medios de comunicación occidentales destacaron la noticia y denunciaron la lamentable situación de represión y falta de libertades en Rusia, algo ya habitual en el contexto de guerra geopolítica que se vive desde la anexión de Crimea. La sorpresa, sin embargo, vino esta vez del lado ruso, donde periódicos como  Vedomosti, RBC y Kommersant, lejos de encubrir este ataque a la libertad de prensa en su país, decidieron publicar un editorial conjunto en el que criticaban la detención del periodista y denunciaban la manipulación. Incluso el presentador estrella de la televisión pública llegó a exigir a las autoridades su liberación.

La reacción de la prensa rusa fue tan contundente que al Kremlin le temblaron las piernas y acabó ordenando su liberación, destituyó a la cúpula policial de Moscú y la Fiscalía abrió una investigación por detención ilegal. Todo un ejemplo de lo que puede conseguir la prensa cuando ejerce su papel de fiscalizador del poder, incluso en un país como Rusia, con claros rasgos autoritarios y un Gobierno que tiene un apoyo popular abrumador.

Cabe felicitar a los periodistas rusos por trazar una línea roja ante un caso flagrante como el de Golunov. Y su comportamiento nos sirve para establecer una comparación con el de los dueños de los medios de comunicación occidentales más influyentes en el caso del informático Julian Assange, una historia que tiene dos partes muy bien diferenciadas.

Las primeras filtraciones de WikiLeaks en 2010, como el asesinato de dos trabajadores de la agencia Reuters en Bagdad a manos del Ejército de EEUU, o los documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán, permitieron que la relación entre la prensa y Assange fuera cordial, aunque no ausente de mutua desconfianza. WikiLeaks disponía de proyección internacional y la prensa obtenía unos contenidos espectaculares que le permitían abrir portadas y generar audiencias.

No obstante, el impacto que estaban teniendo las revelaciones provocaron una campaña de desprestigio muy pronunciada desde algunos medios de comunicación, que junto con el hostigamiento y las presiones del Gobierno de EEUU y el bloqueo que ejercieron las plataformas de pago por Internet, pretendían asfixiar económicamente a WikiLeaks y acabar con la reputación de Assange.

Precisamente en 2010 la Fiscalía sueca emitió una orden europea de arresto contra Assange por cuatro presuntos delitos sexuales, en un proceso que ha estado plagado de irregularidades. El fundador de WikiLeaks residía en Londres y decidió entregarse a la Policía. Una semana después el juez decretó su libertad bajo fianza. El Gobierno estadounidense celebró el arresto como una "buena noticia" y desde entonces la sombra sobre una posible extradición a EEUU por revelación de secretos ha estado encima de la mesa.

A pesar de todo, 2011 empezó con nuevas filtraciones. En febrero comenzaron a publicarse los cables del Pentágono. Pero el acuerdo de WikiLeaks con los principales rotativos de EEUU y Europa - Le Monde, New York Times, El País, The Guardian y Die Zeitung- empezó con mal pie. Se explicó al público que los contenidos se seleccionarían mediante un consenso interpares basado en criterios periodísticos, pero en realidad el New York Times ya había pactado por su cuenta con la Administración Obama qué publicaría y cómo lo haría, bajo la premisa de que publicar los nombres de algunas de las personas involucradas, podría ponerlas en peligro.

Los directores del resto de medios, también se plegaron a este "consenso" y la disconformidad de Assange con el tratamiento que se le estaba dando a la información desembocó en el volcado total de los archivos y en un cambio de alianzas con otros medios más a la izquierda.

En agosto de 2011 WikiLeaks filtra documentos sobre cómo EEUU espiaba a diplomáticos y altos funcionarios de Naciones Unidas. El Gobierno de Obama había sido advertido de la publicación previamente por la organización que dirige Assange y los medios que se aplicaron en la censura de los cables diplomáticos emitieron un comunicado conjunto criticando la decisión de publicar nuevamente los nombres de las personas involucradas en el espionaje.

El proceso por un presunto delito de violación seguía en paralelo a la difusión de filtraciones y en el verano de 2012 la Justicia británica decide atender las peticiones de extradición de Suecia. Tras presentar dos recursos, que le fueron denegados, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres gracias a la protección internacional que le concedió el expresidente Rafael Correa.

Assange siempre defendió su inocencia y se prestó a colaborar con la Justicia, pero bajo la condición de no ser extraditado a Suecia, por el temor de que el verdadero objetivo de la causa abierta allí era el extraditarlo posteriormente a EEUU. El tiempo, tras su detención en abril de este año en la embajada de Ecuador después de que el presidente Lenín Moreno le retirara el estatus de refugiado, le ha dado la razón.

La causa abierta en su contra en EEUU le imputa extraterritorialmente un delito de revelación de secretos y varios de espionaje por los que se le piden 175 años de prisión. Lo rocambolesco de la situación es que la Justicia británica lo mantiene encerrado preventivamente en una cárcel de alta seguridad en régimen de aislamiento por no haber comparecido a declarar en un juzgado por el proceso abierto en Suecia, que hasta la fecha de su detención ya había sido archivado.

Durante los siete años de encierro en la embajada de Ecuador WikiLeaks siguió filtrando documentos. En 2015 se publicaron los documentos que probaban cómo la NSA espiaba a los jefes de Estado y Gobierno de países aliados de EEUU. Pero la difusión en 2016 de los correos electrónicos de la exvicepresidenta de EEUU y candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, abrieron otra brecha en la forma en que los grandes medios tratan a Assange. Se le acusó de ser responsable de la derrota de Clinton y de estar al servicio de Rusia y de Donald Trump. De hecho, desde entonces se atribuye a Assange el formar parte de una especie de conspiración mundial con Putin y Trump a la cabeza para acabar con la Unión Europea. Durante todo 2017 WikiLeaks se dedicó a publicar documentos sobre las técnicas que emplea la CIA para hacer espionaje masivo por todo el mundo en colaboración con las grandes compañías mundiales de tecnología.

Assange nos ha mostrado en una década un retrato crudo de cómo funciona el poder y no hay nada más peligroso que destruir el relato dominante de los poderosos, puesto que los vuelve vulnerables, especialmente en las democracias donde los ciudadanos tienen la última palabra.

Desde el Parlamento Europeo, la Izquierda Unitaria hemos denunciado que Julian Assange es un preso político como advierte el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que sostiene que los procesos judiciales en Suecia y Reino Unido están plagados de irregularidades y que su derecho de defensa ha sido severamente vulnerado. Por ello hemos exigido la paralización del proceso de extradición a EEUU y que se garantice la seguridad y la salud física y psíquica del detenido.

La vulneración de la intimidad de Assange durante su encierro en la embajada ecuatoriana es evidente y el papel que ha jugado el Gobierno de Lenín Moreno en su detención solo se puede calificar de lamentable.

Los derechos humanos y la libertad de prensa se encuentran amenazados y su defensa no debe estar determinada por una cuestión de simpatías políticas. En los tiempos que corren, pero sobre todo en los que están por venir, necesitamos periodistas valientes que continúen fiscalizando al poder.