La reciente elección de Boris Johnson como nuevo líder de los tories y su consecuente mudanza al número 10 de Downing Street complica todavía más la difícil ecuación en la que se ha convertido el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La posibilidad de que se produzca un Brexit duro va cobrando enteros, aunque todavía está lejos de contar con la bendición de la mayoría de los Comunes, quienes siguen mostrándose contrarios a dicha opción, con el añadido de que en breve dicha cámara contará con un nuevo miembro que hará más ajustada todavía la mayoría conservadora. De momento, el pasado jueves el ejecutivo de Boris Johnson anunció la creación de una partida de 2.300 millones de euros destinados a paliar las consecuencias de un Brexit sin acuerdo.

Posibles consecuencias

Muchas y nefastas serían las consecuencias que a corto, medio y largo plazo un Brexit sin acuerdo generaría para ambas partes en todos aquellos ámbitos o sectores de los que, de una u otra manera, se ha venido ocupando la UE.

Si bien es cierto que el impacto se acusaría mucho más en el lado británico, que pese a la ayuda prometida por Donald Trump, quedaría temporalmente como un corcho a la deriva en un océano embravecido expuesto a un sinfín de tempestades.

Sin duda uno de los sectores más afectados sería el económico, donde las previsiones elaboradas por el Banco de Inglaterra, el FMI y algunas agencias de riesgo dibujan un escenario próximo al colapso financiero, en el que la libra podría verse superada por el euro y el dólar, y en el que la elevada inflación (el PIB británico caería en torno a un 5,5% en los tres primeros años) traería consigo una restricción de salarios y de las prestaciones sociales y la consecuente erosión de los derechos sociales y laborales de los trabajadores en el Reino Unido. Estos ya no podrían ampararse en la normativa europea para salvaguardar todo lo logrado en ese ámbito durante estos últimos años.

Por no hablar del desplome de las exportaciones, la tasa de desempleo (hoy entre el 4 y el 5% y que se dispararía hasta alcanzar los dos dígitos), o los precios de la vivienda (que caerían entre un 25-35%).

El control de las fronteras constituiría otro grave quebradero de cabeza para las autoridades británicas, ya que la suspensión de las libertades comunitarias y el restablecimiento de las fronteras (también entre las dos Irlandas) generarían, entre otras consecuencias, un tráfico lento de personas y mercancías, lo que dificultaría la entrada de productos de primera necesidad (entre ellos las medicinas), fomentaría el contrabando y facilitaría la llegada de bolsas de inmigrantes irregulares, al generarse una brecha de seguridad importante como consecuencia del fin de la cooperación transfronteriza a nivel europeo.

El Reino Unido también tendría que afrontar el previsible regreso de un número importante de británicos residentes en otros Estados de la Unión Europea, quienes ante la incertidumbre de no ver garantizados sus derechos fuera de sus fronteras (asistencia sanitaria, pensiones, cobro de los salarios, servicios de préstamos y depósitos o contratos de seguros), optarían por regresar a casa.

A todo ello, habría que sumar otros problemas, como el fin de las tarifas de roaming, los problemas en el sector aéreo (las aerolíneas con licencia británicas y comunitarias perderían su derecho automático a operar servicios aéreos entre el Reino Unido y la UE sin pedir un permiso por adelantado), la instauración de controles veterinarios, sanitarios y fitosanitarios, la no validez de los permisos de conducir o la tarjeta sanitaria europea, las necesidades de visado y pasaporte tanto para entrar como para salir de las islas, por no mencionar la tensión política que de inmediato afloraría tanto en Irlanda como en Escocia (estos últimos acelerarían sus planes para la celebración de un segundo referéndum de independencia) y que bien podría finiquitar la unión británica y hacer rebrotar el terrorismo del IRA en Irlanda.

Plan de contingencia

Desde que el Reino Unido anunciara oficialmente su intención de abandonar el proyecto europeo, la Unión Europea ha tratado de hacer honor al refrán de "hombre prevenido vale por dos". Las principales instituciones europeas, encabezadas por la Comisión, así como los Estados miembros, han ocupado parte de su tiempo y esfuerzo en preparar activamente un elaborado plan de información y contingencia ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

Una ruptura sin pacto afectaría principalmente a los derechos ciudadanos europeos, al presupuesto comunitario y al comercio, y -como ya hemos comentado- sería muy dañina para Irlanda.

Si no se ratifica el Acuerdo de Retirada, los ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido (estudiantes, trabajadores...) ya no estarían protegidos por la normativa de la UE en materia de libre circulación. Los nacionales del Reino Unido que residan en la Unión Europea perderían la ciudadanía europea y estarían sujetos, a partir de la fecha de retirada, a las normas generales que se aplican a los nacionales de terceros países en la UE. Ello afectaría a su derecho a residir, estudiar o trabajar en el lugar en el que vivan actualmente, así como a la protección de que gozan en materia de seguridad social y en otros ámbitos.

Desde el punto de vista financiero, el Reino Unido (contribuyente neto al presupuesto de la UE) ya ha advertido que podría dejar de cumplir sus compromisos financieros con la UE en caso de que se produzca un Brexit duro. Se calcula que la factura total del Brexit asciende a unos 45.000-50.000 millones de euros. En el periodo presupuestario en curso, 2019-20, la UE perdería unos 16.500 millones de euros, que tendrían que asumir solidariamente los socios europeos.

Desde el punto de vista comercial, un Brexit sin acuerdo tendría graves consecuencias en la relación entre Reino Unido y la UE. La UE exporta 341.000 millones de libras a Reino Unido (259.000 millones corresponden a bienes y 81.000 millones a servicios). De no mediar acuerdo, se aplicarán inmediatamente derechos de aduana y controles regulatorios. Reino Unido se convertirá en un tercer país, y los aranceles aplicables, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), serán los de la nación más favorecida (esos aranceles aun no siendo muy altos, en algunos sectores, como el del automóvil, ascienden al 10%).

Un Brexit sin acuerdo también provocaría de inmediato problemas logísticos y administrativos importantes. Dover, uno de los principales puntos de entrada de camiones a Reino Unido, carece de capacidad para introducir controles aduaneros que permitan mantener la frecuencia actual de llegada de vehículos. La UE tampoco tiene suficiente personal para garantizar unos controles aduaneros adecuados, por lo que resultará en ese sentido clave la ayuda extra que los Estados (y sus funcionarios) puedan prestar en ese sentido. Además, habrá que aplicar una normativa de origen a las importaciones y a las exportaciones de/a terceros países, lo que constituye un reto administrativo y burocrático para las empresas y los gobiernos de la UE y Reino Unido.

Y mientras la tempestad llega y se desata, imaginemos a un Boris Johnson, cual Hamlet verborreico, tratando de vislumbrar, desde de los acantilados de Devon, las costas del continente, con el Acuerdo de Salida en una mano y el cráneo de Winston Churchill en la otra, parafraseando bucólicamente: "to deal or not to deal, that is the question".

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation