El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido que se traslade la sede del Ministerio de Transición Ecológica a Zaragoza, el Alcalde de Oporto propone la confederación del Iberolux, Sánchez se reúne con Torra con fanfarrias y la Ministra de Hacienda se junta con los Consejeros de Hacienda en un órgano que dista mucho de ser paritario para aplacar los ánimos por el último escándalo, el de la devolución del IVA. Mientras en abril nos vamos de nuevo a elecciones, Euskadi y Galicia huyen de la estridente tormenta de ruido que llegará con los comicios catalanes...mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, esta tribuna podía llamarse ruido, como la canción de Sabina.

Y es que el fondo de la cuestión no está en el ruidoso debate público. El meollo de la cuestión, la geografía del poder en España, no se desnuda ni se pone en cuestión. Y de eso se trata, de donde reside el poder. El poder tiene tiene entornos, grupos de afinidad, cultura, idioma y sensibilidades territoriales. El poder tiene residencia.

Mientras que en la federal Alemania las 30 empresas del DAX-30 (nuestro IBEX-35) se reparten por la geografía plurinacional, 9 en Bayern, 9 en Northein-Westfalen, 4 en Hessen, 3 en Baden-Württemberg, 2 en Niedersachsen, una en la capital política Berlín y una en la capital comercial, Hamburgo. La región con mayor densidad de empresas punteras no llega a un tercio del total.

En España por contra 19 de las 35 se sitúan operativamente en la Comunidad de Madrid, una de cada dos. En Catalunya residen operativamente siete empresas del IBEX (1). En País Vasco y Navarra se sitúan 5. Galicia, Cantabria y Baleares acogen a una.

La Comunidad de Madrid,  Catalunya y Euskadi-Navarra reúnen apenas el 36% de la población española, el 11,4% del territorio español. Pero concentran el 91,4% del poder económico.

El caso de la Comunidad de Madrid es sangrante: el 51% del poder económico privado, el 100% del poder político estatal (Gobierno y Cortes), el 100% del poder financiero público (Banco de España), el 100% de las principales y últimas instancias de poder judicial (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) y el 92,1% del poder mediático.

Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, que reúnen una población equivalente, el 34%, y una superficie muy superior, el 28% del territorio, cuentan con el 3% del poder económico privado y el 0% del poder político, poder financiero público y principales y últimas instancias de poder judicial.

El poder tiene residencia.

Y el poder está interconectado. El poder político en la época del PP decidió bajar impuestos al IBEX (poder económico) y para ello tuvo que recortar los recursos humanos que se emplean en la enseñanza y la sanidad no solo en "su residencia", Madriluña. No, lo hizo en cada rincón de nuestra geografía. El poder político decidió diseñar una infraestructura de transporte radial pero es el poder económico el que construyó y se embolsó los recursos de las radiales de Madrid.

El poder mediático por su parte acude a informar a las sedes del poder y ahí (en Madrid) se sitúan efectivamente las sedes operativas del 92,1% de los canales nacionales españoles (la FORTA reúne a los canales autonómicos con un 7,9% de share).

Poder político, económico y mediático. Absoluto monopolio de nuestra cuota de atención, de aquello sobre lo que discutiremos mañana la mayoría de los españoles.
Como hemos visto Madrid es la sede hegemónica para la inmensa mayoría de la población española. Barcelona y Bilbao son depositarios de otra particular geografía local del poder que compite y disputa al hegemón madrileño desarrollando particulares ecosistemas mediáticos, económicos y políticos. En otras regiones de España solo el aislamiento posibilita cierta autonomía de poderes locales (políticos y mediáticos). Es el caso de Canarias, Baleares o en cierta medida Galicia.

Reconozcámoslo de una vez. España está inacabada. Esos poderes reales buscan como expresarse. A falta de órganos legislativos o ejecutivos de corte federal lo hacen fundamentalmente en el Congreso, condicionando la política nacional mediante grupos parlamentarios orientados no por su ideología sino por su origen territorial pero también lo hacen forzando la presencia de cuotas en los órganos de dirección de empresas o partidos. El ejemplo más nítido es el Gobierno, en el que las secciones catalanas de PSOE y UP, el PSC y ECP, tienen "ministros", mientras no hay un solo representante de "Andalucía" o "Valencia".

Y es que el equilibrio de poderes se resolvió en la transición con un modelo, el de las autonomías, en el que se reconocía el estatus de Galicia, Euskadi y Catalunya, una singularidad que conlleva poder simbólico real en si mismo. Pero Andalucía aguó la fiesta al unirse al grupo de los singulares. Madrid-Castilla no podía permitirse un equilibrio en el que podría quedarse en minoría geográfica, demográfica y económica. E inventó el café para todos.

La entrada de España en la Unión Europea y el monopolio de la representación en Bruselas por parte de un Ejecutivo central ultracentralista durante el aznarato agudizaron el desequilibrio en la expresión de los poderes en la península.

Y aquí podemos permitirnos ser claros. Ese desequilibrio nos ha traído hasta aquí y no hay ninguna resolución (pacífica) al conflicto que no pase por avanzar hacia un modelo federal en el que estos poderes reales transciendan el modelo de disputa permanente y encuentren un vehículo de expresión estable en un nuevo modelo de Estado Federal y de Derecho.

La cuestión, de nuevo, se situará en el papel de Andalucía. Los y las andaluzas tendremos que elegir entre seguir siendo el reservorio de votos del poder de Madrid o si hacemos valer nuestra historia, nuestra cultura y nuestra demografía como el poder real que es y apostamos de una vez por todas por nosotros mismos, por un modelo de reorganización territorial beneficioso para nuestra tierra, le cueste a quien le cueste.

(1) Aunque seis de las siete mudaron su sede social (que no la operativa) de Barcelona con motivo de las tensiones políticas de octubre de 2017.