Tras la reunión del Consejo de Ministros de este fin de semana, Pedro Sánchez compareció para informar de las medidas que contenía el Real Decreto 463/2020, que declaraba el estado de alarma por un período de quince días naturales. En dicha comparecencia el Presidente del Gobierno anunció que en el próximo Consejo de Ministros del martes 17 de marzo se aprobarían las medidas encaminadas a paliar los efectos sociales de la declaración del estado de alarma.

Entre esas medidas estarán  las de "apoyo a trabajadores,  autónomos, empresarios, familias, así como a colectivos vulnerables", además de las de "apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar los despidos", los denominados ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleos). Es decir, el Gobierno aplaza hasta el próximo Consejo de Ministros las medidas  de carácter social, que compensen el sacrificio que los trabajadores ,  autónomos y los colectivos más vulnerables están haciendo desde que se inició esta crisis, y fundamentalmente desde que se acordó el cierre de los centros escolares, momento este, en el que comenzaron los ERTES , despidos varios, y ralentización de la actividad económica en muchos sectores.

Sin duda nos encontramos ante una situación excepcional, pero precisamente por eso, no podemos permitir que la crisis la paguen los de siempre. Está muy reciente la crisis anterior, los efectos todavía son perceptibles y los grandes causantes  y beneficiados de la misma,  no han devuelto a los trabajadores y a las clases populares lo que les arrebataron. Precisamente por ello, esta crisis  precisa de medidas de excepción para salvaguardar el empleo, el poder adquisitivo de los trabajadores y autónomos y de aquellas pymes que se vean seriamente afectadas estando  en riesgo el mantenimiento del empleo.

El miércoles 11 de marzo publicó  el Decreto-Ley 6/2020  que fijaba ayudas a las empresas, flexibilizando los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, dispuso de  una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación;  permitía  que las empresas que hubieran  recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa pudieran  aplazar su reembolso; y  ampliaba las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Sin embargo, hasta el momento las medidas que afectan a los trabajadores  van en sentido contrario.  Así  el art. 12 de Decreto del estado de alarma permite la imposición de jornadas extraordinarias en el ámbito sanitario y la Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Dirección General de Transporte Terrestre suspende el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Lo que se corresponde exigir ahora al Gobierno es que se adopten medidas de calado que salvaguarden los derechos de los trabajadores afectados por la presente coyuntura. Ninguna medida de flexibilización del empleo debe repercutir en las retribuciones salariales, bien por la disminución del tiempo de trabajo, bien por pasar a situación de  desempleo. De la misma manera, los autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad, o que se han quedado sin clientes deberán ser compensados con reducciones en el pago de la cuota a la seguridad social, o vía rebaja impositiva.

Durante toda esta semana hemos estado viendo como miles de trabajadores y autónomos se quedaban sin trabajo de un día para otro, como la incertidumbre se apoderaba de ellos , sin comprender porqué tenían que ser ellos los que una vez más pagaran los platos rotos. Las medidas de flexibilización que Pedro Sánchez ha anunciado, como fórmula para evitar los despidos, no debe ofrecerse como un mal menor. Cualquier medida de flexibilización laboral debe ir acompañada de una medida correctora que compense la pérdida económica que la flexibilización conlleve. Asimismo, las medidas correctoras deberán tener carácter retroactivo y aplicarse a todos aquellos supuestos en que de una manera directa o indirecta la crisis del coronavirus haya servido de causa o excusa.

Hasta el momento, las únicas medidas aprobadas referidas a los trabajadores están orientadas a posibilitar una mayor carga horaria, ampliación de tiempos de trabajo y permitir la movilidad para ir al lugar de trabajo. Curiosamente, la única medida que se contemplaba en el borrador del Decreto del estado de alarma referida al ámbito laboral, ha sido suprimida en el  documento final publicado en el BOE. Se trataba del art. 8 del borrador, que bajo el enunciado de "Medidas de contención en el ámbito laboral", obligaba a los empleadores a facilitar medidas  que permitieran la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales. Se desconoce la razón, pero lo cierto es que la única medida que podía ser utilizada por los trabajadores  en su provecho ha desaparecido.

El Gobierno tiene una buena oportunidad para demostrar su sensibilidad social y orientar toda una batería de medidas hacia quienes son ya los principales perjudicados por esta nueva crisis. Medidas en el ámbito laboral,  social y de los cuidados. Si la excepcionalidad ha servido para concentrar todo el poder del Estado en el Gobierno central,  limitar la movilidad de los ciudadanos y poner todos los recursos públicos y privados a disposición del mando único, debe servir igualmente para que esta vez la crisis la paguen los que se fueron de rositas en la anterior.