Las críticas del PNV y del Gobierno Vasco al Estado de alarma disfrazadas de acusaciones de recentralización son parte de un relato victimista en clave puramente electoral. El lehendakari se ha embarcado en una pelea por la gestión de la desescalada con el único objetivo de situarse como el benefactor de sus bondades pensando exclusivamente en la obtención de réditos políticos.

l estado de alarma, al que tantas pegas encuentra el Gobierno Vasco y el PNV, ha permitido la aplicación de una medida que se ha demostrado crucial en la lucha contra la pandemia como ha sido la limitación de movimientos, el confinamiento sin el cual la sanidad también aquí en Euskadi podría haber colapsado. El Estado de Alarma ha demostrado su eficacia tanto para aplacar la curva de contagios como por las medidas de protección para los y las más vulnerables. Una medida que ha salvado miles de vidas y cuya desescalada debe hacerse con rigor y atendiendo a consideraciones científicas y de salud pública y a ninguna otra.

El recelo mostrado por el PNV en los días previos a la votación en el Congreso de los diputados de la prórroga del Estado de alarma tiene más que ver con la necesidad de mostrar a la sociedad vasca que la vuelta a la normalidad es gestión suya, en clave electoral, que con  la búsqueda de gobernanzas compartidas entre administraciones con el fin común de frenar  la pandemia y adoptar medidas de escudo social para que la crisis no la paguen los y las de siempre.

Cuando el PNV habla de centralismo para hacerse la víctima ante el siempre rentable electoralmente enemigo externo, se olvida mencionar que el Estado de alarma ha facultado con más competencias al Gobierno Vasco, por ejemplo: la posibilidad de intervenir la sanidad y laboratorios privados para poner el conjunto del país a luchar contra la pandemia. No ha sido una imposición centralista la que ha llevado al Gobierno Vasco a abandonar prematuramente el mando sobre la sanidad privada cuando podía seguir ejerciéndolo.

Y desde luego, nada ha impedido el desarrollo de nuestras competencias en ámbitos claves de la gestión de la crisis en los que el Gobierno Vasco ha sido un desastre como en el caso de las residencias de mayores. Pocas certezas que teníamos ante el virus, una de ellas era la afección que tenía sobre las personas mayores, las más vulnerables, y otra, era la facilidad de contagio de la Covid19. No es de recibo, por lo tanto, que la representación de los y las trabajadoras viniesen advirtiendo de la situación en las residencias de mayores y de la necesidad de medidas y materiales de protección que no llegaban y que tardaron demasiado en llegar.

El Gobierno Vasco lejos de reaccionar de manera rápida y contundente, denostó la representación de las trabajadoras, y aseguró que se estaba garantizando la seguridad en las ellas cuando no era cierto. No había en las residencias ningún problema de competencias, dependían todas de la gestión del PNV, y lo que hemos visto ha sido una malísima gestión, una lenta respuesta a problemas muy serios, y una falta de humildad absoluta, no solo al no reconocer errores, sino al señalar a los sindicatos y a la oposición poco menos que de aprovecharse políticamente de las consecuencias para la salud de las personas.

Tampoco hay ninguna limitación impuesta para aumentar el número de pruebas PCR desarrolladas por la UPV, ni con el retraso en la firma del convenio, ni con su puesta en marcha. Euskadi es perfectamente libre y autónoma para aprovechar una ventaja que le ofrece su propia universidad pública y el Gobierno no lo está aprovechado convenientemente.

La sociedad vasca está preocupada por dos cuestiones fundamentales en estos momentos: una que la pandemia, que sigue ahí, y dos el impacto económico de la crisis en la gente corriente, las familias trabajadoras de todo tipo ya sean asalariados, autónomos o pequeños propietarios. En eso deberíamos estar todos los políticos y los Gobiernos porque en eso creemos que es en lo que está el conjunto de la sociedad vasca.

Al PNV le vemos en cambio con la cabeza más centrada en las elecciones que en estas cuestiones. La prueba es que si tantas pegas le veían a la prórroga del Estado de alarma, hayan sido precisamente las garantías para poder celebrar las elecciones lo que movió finalmente la semana pasada a respaldar esa prorroga, y no otras cuestiones.

En paralelo, hemos visto durante toda la semana un relato inducido para intentar vendernos una situación mejor que la realmente existente con el fin también de poder justificar que estamos en disposición de preparar la convocatoria electoral. La fase 0,5 de la desescalada forzada por el PNV tiene ese doble objetivo que persigue Iñigo Urkullu: vender las bondades de la desescalada y justificar la convocatoria electoral en julio ante una sociedad que tiene otras prioridades a resolver: pandemia e impacto de la crisis en sus vidas.