La emergencia sanitaria por la que atravesamos ha provocado una crisis de al menos tres dimensiones: económica, social y existencial. Esta crisis ha reconfigurado el orden de las prioridades personales y colectivas, y nos ha obligado a poner el foco en las necesidades esenciales.

Se han cumplido dos meses desde que se instauró el estado de alarma ante la pandemia provocada por la Covid-19. Dos meses en los que la ciudadanía se ha visto obligada a confinarse en casa. Casas las hay de muchos tipos: las hay vacías, con las personas que las tendrían que disfrutar intentándose buscar la vida en las calles; las hay pequeñas, obligando a sus habitantes a reinventar sus pocos metros cuadrados cada segundo; las hay inseguras, donde la supuesta protección que deberían albergar es sustituida por el miedo a una nueva paliza. Hay casas en las que más que vivir se puede malvivir, como aquellas en las que el suministro de energía no responde al simple automatismo de darle al interruptor, sino a los caprichos de intereses mercantilistas.

El Gobierno del Estado reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de la población gitana, inscrita en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia. Y, de hecho, el Gobierno mapeó casi mil barrios, en su mayoría habitados por personas gitanas, que presentan índices de pobreza y extrema pobreza. En consecuencia, se trazó un plan para garantizar unos ingresos básicos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad, a las familias necesitadas. Sin embargo, estas medidas, aun siendo de urgente necesidad, no acaban de resolver los problemas que hemos mencionado. El barrio de Font de la Pólvora, en Girona, es uno de los afectados. Este barrio lleva demasiado tiempo reclamando poder acceder sin interrupciones al suministro eléctrico. No obstante, los cortes se repiten una y otra vez sin que nadie pulse, de una vez por todas, el interruptor que funciona.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, establece que los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. No obstante, los cortes en Font de la Pólvora, como en otros barrios de España, continúan y agravan una situación ya de por sí difícil.

Girona es la segunda capital de provincia con mayor renta per cápita en Catalunya, según datos del INE, con una media de 31.003 euros por habitante. Sin embargo, la renta media de los habitantes de Font de la Pólvora (Sector Est) es de 11.804 euros por habitante. La instalación eléctrica del barrio data de los años 70. Estos números, de por sí, apuntan a distintitas situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchos habitantes de este barrio, ahora agravadas por el confinamiento.

Los cortes de electricidad en el barrio son diarios, sistemáticos y masivos, provocando un múltiple impacto en la cotidianidad de las familias residentes: hay personas ancianas que necesitan máquinas de oxígeno para respirar; hay medicamentos que se están viendo inutilizados por el mal funcionamiento de los refrigeradores; hay falta de agua caliente en las duchas; y se hace difícil incluso cocinar. A esto hay que añadir las dificultades de seguir la formación o el trabajo a distancia, por citar sólo algunas de las consecuencias que, a su vez, aumentan el riesgo de situaciones de ansiedad y angustia.

Las asociaciones del barrio siguen trabajando para que se respeten los derechos fundamentales de quienes viven en el barrio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, por ejemplo, alude al derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a las personas la salud, la alimentación y la vivienda, entre otros elementos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), instrumento programático de la sociedad civil surgido de la celebración del Forum Universal de las Culturas en Barcelona (2004), destaca expresamente "el derecho de todo ser humano de disponer de agua potable, saneamiento y energía".

Dos meses después del inicio de las medidas de confinamiento, y a la par con nuestras acciones como diputados en el Congreso, nos sentimos responsables de crear conciencia sobre los problemas de nuestros conciudadanos. Instamos a una colaboración y cooperación urgente entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, para solucionar la situación de cortes de suministro eléctrico que padece el barrio de Font de la Pólvora.

No debemos confundir la condición de población vulnerable con la condición de población sacrificable. En estos tiempos difíciles, lo esencial e imprescindible es proteger la vida, la salud y el bienestar de todos y todas, para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás.