Otras miradas

El mundo al revés: otra vez el sentido social se sentará en el banquillo

Joaquín García y Cora Ordoñez

Escuela Politica Barrio del Pilar

Foto de archivo de los entonces concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, en una visita a la Caja Mágica, de Madrid. EFE
Foto de archivo de los entonces concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, en una visita a la Caja Mágica, de Madrid. EFE

Parece que la nueva normalidad no ha tocado los cimientos de la anterior. En un mismo día se exoneraba al PP por el caso de la destrucción de los discos duros del señor Bárcenas, y se anunciaba, a renglón seguido, la próxima apertura de causa oral contra los exconcejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como contra la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela.

En un momento de la vida política de este país donde el rey emérito hace regalos de decenas de millones de euros de reprobable origen, y donde toda una familia de un expresidente de la Generalitat catalana resulta acusada de organización criminal por acumular un patrimonio desmedido de forma ilegítima, resulta indignante que se encause a tres personas por emplear dinero público para intentar llegar al fondo de un caso en el que estimaban que se estaba produciendo una presunta malversación de fondos públicos que llegaba hasta nuestros días, recurriendo para ello a medios legales externos e independientes.

Los hechos a los que nos referimos tienen que ver con la celebración en Madrid del torneo Mutua Open de Tenis. Para contextualizar lo ocurrido conviene aportar algunos datos que nos ayuden a situarnos, datos que recogemos del libro "919 días ¡Si se podía!". Una obra que no tiene desperdicio y que fue escrita por el propio Carlos Sánchez Mato y por Eduardo Garzón Espinosa, que desempeñaron los cargos de concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y de asesor respectivamente, durante el gobierno municipal de Carmena. Dos economistas no dispuestos a pasar página que tenían información de primera mano.

Todo arranca en el año 2001, cuando el gobierno municipal de Ruiz Gallardón firmó, por 1,7 millones de euros anuales, un contrato con una empresa a la que se le asignaba la organización del mencionado torneo Mutua Open de Tenis, que se celebraba en el pabellón de propiedad municipal, Madrid Arena. Hay que destacar que este tipo de torneos, cuando se habían celebrado en otras ciudades como París o Roma, no habían conllevado costes para las arcas municipales, ni habían necesitado incurrir en la cesión de espacios municipales para los eventos; pero "Madrid is different."

En 2009 el coste anual del contrato se triplicaba, ascendiendo a 5 millones de euros, porque iban a organizar también un torneo femenino, y al año siguiente la cifra pasaba a ser de 10,4 millones de euros anuales, justificándolo con la incorporación de un spot publicitario de 20 segundos y la participación del Ayuntamiento en la entrega de premios. Y no sólo aumentaba la cantidad monetaria: también había un compromiso del Ayuntamiento por el que se aportaban unas oficinas de 261 metros cuadrados destinadas a la organización del evento y se cedía la multimillonaria y recién construida Caja Mágica como espacio para la celebración del mismo.

En el 2012, este fastuoso acuerdo se blindó hasta 2021, lo que suponía unos ingresos de 80 millones de euros para la empresa adjudicataria en ese período de tiempo. Si a esa cantidad se suma el lucro cesante de las instalaciones de la Caja Mágica y de las oficinas, el coste total para las arcas municipales hasta el 2021 asciende a 136 millones de euros.

Gastar de las arcas municipales esa ingente cantidad de dinero en unos pocos años para tener un torneo de tenis prestigioso en la ciudad no es de recibo para una buena parte de la población que ha oído de forma machacona, y durante una década, el mensaje de la austeridad.

La realidad es que, presentada la correspondiente querella por la dudosa gestión económica del torneo, el juez la archivó sin realizar investigación exhaustiva alguna. Y, sin embargo, lo que sí acaba en juicio es el hecho de que se destinaran 50.000€ a cada una de las investigaciones externas, una penal y otra administrativa, que se pidieron para poder ir más allá de los limitados informes jurídicos del propio Ayuntamiento.

La fiscalía ha dicho que no encuentra indicios de delito en el modo de actuar de Carlos Sánchez Mato y sus dos compañeras de acusación, pero aún así, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha abierto causa oral contra los tres por delitos de prevaricación y malversación, con una fianza de 56.900 euros a depositar en el plazo de un día. Por si fuera poco, a esta fianza hay que añadir una petición de 5 años de cárcel y 12 de inhabilitación. La querella ha seguido su curso ya que el PP junto a la asociación Transparencia y Justicia – vinculada al tristemente famoso excomisario Villarejo – siguen como acusación.

¿Estamos locos o es que esta mañana nos hemos levantado y nos hemos puesto el mundo al revés? En un sistema, o mejor dicho ecosistema, como el que se ha vivido en Madrid, atravesado por corrupciones multimillonarias durante décadas, ¿cómo se puede avanzar si no se desmantelan esas estructuras que esquilmaban – y pretenden seguir esquilmando – las arcas de la ciudad?

La gestión de Hacienda del equipo económico de Carlos Sánchez Mato supuso que el gasto financiero que heredó del PP y que ascendía a, nada más y nada menos que, 1.153 millones de euros, disminuyó hasta quedarse en 638 millones; la deuda de 2.911 millones se redujo en un 52%; y se alcanzó un superávit de 4.606 millones de euros. Cifras que no se explican sólo por la no ejecución presupuestaria como algunos argumentan, aunque eso tenga un peso innegable. Estas cifras se obtienen desmontando muchos chiringuitos y mamandurrias, como diría la señora Esperanza Aguirre. Y para desmantelar hay que investigar a fondo porque muchas veces los beneficiarios son poderes económicos, financieros o políticos que ya sabemos cómo funcionan.

Señora jueza, si usted pide esas penas y fianzas por unos hechos como los descritos, sabiendo además que al exconcejal de Hacienda le costó su cargo, entre otras cosas, el enfrentarse al señor Montoro por pedir que el superávit fiscal del ayuntamiento se pudiera invertir en un incremento del gasto social, ¿qué cree usted que puede pensar la ciudadanía de su decisión?, ¿qué penas y fianzas les impondría usted a los ilustres de la expolítica que salen en prensa estos días? La ley de proporcionalidad nos hace pensar en la cadena perpetua revisable para estos últimos, pero seguro que eso no lo veremos, ni tampoco se lo deseamos. Aunque sí estaría bien que les expropiaran hasta el último céntimo más allá de lo que les permita tener una vida de un ciudadano medio de este país.

Nos indigna que una vez más la burocracia formal siente en el banquillo al sentido social, pero si se piensa bien no es extraño, es la vieja normalidad. Enfrentarse a los poderosos tiene su precio y pocos están dispuestos a pagarlo. Sabemos que, quienes ahora os veis encausados, estáis dispuestos a hacerlo pero dejad que sea un precio pagado colectivamente porque os sentimos como gente que habéis empujado con fuerza por hacer mejor nuestra ciudad, nuestros distritos, nuestros barrios.

Hay que pedir responsabilidades para que la arbitrariedad y la impunidad no se extiendan, y a la par, hay que hacerse responsables de la realidad. Desgraciadamente la responsabilidad se ha convertido en un arma arrojadiza entre demasiados políticos y políticas que no han aprendido todavía lo fundamental de sus cargos como gestores locales: hacerse cargo de la realidad de sus barrios y de sus gentes.

Carlos ha sabido conjugar un cargo de relevancia política con el compromiso activo con las iniciativas sociales que empujan para mejorar este sistema que demasiadas veces muestra su rostro más canalla. Sabemos que puede moverse entre cifras presupuestarias de nueve ceros sin quitarse de la mente la preocupación por la gente Cañada Real, o del Pozo, o de Entrevías, o de tantos sitios donde malvive todavía demasiada gente.

Entra en el juzgado con tus dos compañeras con la cabeza alta, porque de igual modo vais a salir de él, aunque intenten que el coste mediático no sea pequeño. Desde la apartidista Escuela política del Barrio del Pilar os queremos libres y a nuestro lado, así nos es más fácil avanzar en el lema que le hemos dado a la misma "Comprender para transformar".

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