Cristina y Laura no son daños colaterales, ni siquiera son "víctimas relacionadas de", son víctimas de la violencia machista. Sin más adjetivos, pero también, a día de hoy, sin los mismos derechos que sus amigas Sandra o Laura a quienes acompañaban cuando fueron agredidas por sus exparejas.

Cristina acompañaba a Sandra cuando fueron rociadas con ácido por el exnovio de la primera en Málaga. Por su parte, Laura acompañaba a Marina cuando fueron asesinadas por el exnovio de esta última, en 2015, al acudir a sacar sus pertenencias del domicilio que habían dejado de compartir.

Han pasado 6 años entre un crimen y otro, se ha aprobado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha habido cambios en nuestro sistema de prevención, apoyo y reparación a las víctimas de la violencia machista, los organismos internacionales nos han recomendado ampliar nuestro reconocimiento a las distintas víctimas; pero dos de estas cuatro mujeres y sus familias tendrán distintos derechos ante un mismo hecho, un crimen machista.

El Comité CEDAW (Comité contra Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, por sus siglas en inglés), en su observación 21 a) realizada en el año 2015, recomendaba al Gobierno, "revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de violencia de género, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas". A tenor de lo expresado, estamos ante una respuesta insuficiente especialmente en lo referido a la aplicación las medidas de protección integral contenidas en el artículo 19 la LO 1/2004 (apoyo psicológico, jurídico, económico y médico) que sólo se aplican a las violencias que se ejercen sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Ni siquiera son reconocidas en las estadísticas oficiales, a pesar de que tanto instituciones supranacionales como el Pacto de Estado incluía modificar estos sistemas de medición, ampliando a otras formas de violencia e incorporando nuevos indicadores, de forma que se obtenga una visión más completa de la violencia de género en España.

Cristina y Laura son una muestra lo suficientemente clara de lo que pasa con quienes, siendo en su inmensa mayoría mujeres y jóvenes, han sido víctimas de la violencia machista y no han podido ser reconocidas como tales por una interpretación restrictiva de nuestro marco jurídico.

Es momento de dar respuesta, de analizar desde distintas perspectivas y de reconocer derechos y mejorar la asistencia a las víctimas, no solo a las que lo son en el marco de la pareja o expareja.