Luis Ignacio Lula Da Silva es finalmente un hombre libre, sin impedimentos legales para ser candidato a la presidencia de Brasil en 2022. La concesión por parte de Edson Fachin, ministro de la Corte Suprema de Justicia, del hábeas corpus planteado por la defensa del que fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2011, establece finalmente la incompetencia del Juzgado Federal de Curitiba para dirimir los cuatro procesos que se abrieron contra él. Con esta decisión, todas las miradas deberían dirigirse a las irregularidades de la denominada "Operación Lava Jato", por la cual el líder del Partido de los Trabajadores fue proscrito de la carrera electoral de 2018, en el momento en que lideraba las encuestas. El desenlace de aquella operación es conocido: Lula estuvo 580 días injustamente preso, el ultraderechista Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia de Brasil, y el juez Sergio Moro, a la vez cerebro y ejecutor de aquella operación, fue nombrado Ministro de Justicia en el primer gobierno de Bolsonaro (que después abandonó entre denuncias de corrupción).

El ciclo que se cerró ayer remonta sus orígenes al año 2003. Entonces, el triunfo electoral de Lula supuso un punto de inflexión para la política del continente americano. Cuando se habla del inicio de la ola de gobiernos progresistas o de la nueva izquierda latinoamericana suele prestarse atención a las elecciones venezolanas de 1999, pero entonces el peso de Venezuela en el subcontinente era escaso, como corresponde a un país que miraba esencialmente al Caribe y a los Estados Unidos. Material y simbólicamente, es el triunfo de Lula y el inicio de su presidencia en 2003 lo que consolida la transformación de la política latinoamericana: sin Brasil, el motor industrial y poblacional de la región, sin el carisma y la capacidad de liderazgo de Lula, sin los recursos y el peso diplomático de Itamaraty, la suerte de los proyectos de transformación social e integración regional de los quince años siguientes habría sido bien distinta. En un momento geopolítico excepcionalmente adverso, Brasil fue a la vez exponente y condición de la ola progresista latinoamericana.

Por esa misma razón, la política brasilera se convirtió en un campo de batalla cuyas implicaciones resonaron en el continente entero. Tras años de desorientación ideológica y duras derrotas electorales, la derecha ensayó y perfeccionó en Brasil una estrategia que después habría de extender a prácticamente todos los países gobernados por partidos de izquierdas en la región. La operación Lava Jato será la punta de lanza lo que hoy conocemos como lawfare: una serie de dispositivos político-judiciales, avalados por los sectores más reaccionarios del Estado, para acorralar con procesos judiciales de enorme proyección mediática a los principales líderes políticos de la izquierda en nombre de la lucha contra la corrupción política. Escenificado exitosamente en el juicio político que acabó con la destitución de la presidenta Dilma Roussef, este paradigma se extendió en una sucesión de casos espectaculares que dieron sus principales frutos en Argentina, Bolivia o Ecuador. En la práctica totalidad, esos procesos decayeron años después, cuando la falta de pruebas, o incluso, las manipulaciones obscenas de los procesos judiciales salieron a la luz. Para entonces, los efectos políticos que tuvieron eran ya insubsanables.

El vuelco del caso Lula, sin embargo, supone un punto de inflexión en la política del lawfare latinoamericano. Tras la victoria democrática sobre el golpe en Bolivia, y en medio de una importantísima batalla en Ecuador, Lula ve despejado el camino a las elecciones presidenciales. En juego no está solo la capacidad de resistencia frente a una estrategia anti-democrática que ha aupado al poder a la ultraderecha autoritaria de Bolsonaro. En un momento político y económico muy delicado para el subcontinente, cuando gran parte de los avances sociales conquistados en las últimas dos décadas han sido dilapidados, y los proyectos de integración y cooperación regional se han visto prácticamente desmantelados, la candidatura de Lula puede devolver a Brasil al centro de la política regional y abrir escenarios de futuro que hace apenas unos meses habrían parecido inimaginables. ¿Qué pasaría en 2022 con una vuelta de la izquierda en Brasil y con el liderazgo combinado de tres países -Argentina, Brasil y México- que representan más del 70% del PIB latinoamericano y más del 80% de la capacidad industrial de la región? Contra quienes mil veces la han sentenciado, la izquierda latinoamericana se dispone una vez más a reinventar el campo de lo posible.