Las buenas noticias suelen pasar desapercibidas entre el ruido y la furia. No es casual, quien vive políticamente no de solucionar los conflictos reales a los que nos enfrentamos, sino de crear conflictos simulados para embarrar el debate y aparecer como la solución a ese odio dirigido, así le interesa. Pero las buenas noticias existen y una de ellas es que los contagios por coronavirus en residencias de ancianos tienden hacia su desaparición. Así lo indica el informe del Gobierno aparecido este pasado dos de abril: en la última semana de marzo no se registraron nuevos positivos en las residencias de diez comunidades autónomas. Que algo más de un año después de la llegada de la pandemia a España estemos consiguiendo estas cifras es un éxito al que ponerle nombres.

El primero de ellos es la ciencia encarnada en la vacuna. Puede parecernos que es lo normal, pero que el ser humano pueda enfrentar una amenaza vírica con esta celeridad es inédito en nuestra historia. Hace tan sólo unas décadas esto no hubiera sido posible. El oprobio debe pesar sobre todos aquellos que entre la estupidez y la maldad lanzaron una campaña conspiranoica sobre las vacunas. Muchos fueron idiotas sociales incapaces de vehicular la rebeldía hacia lo necesario. Unos pocos, los que dirigían el triste espectáculo, reaccionarios con intereses políticos muy definidos que pasaban por la voladura de cualquier avance en la lucha contra el virus: todo vale para derribar al Gobierno.

Pero la ciencia por sí misma no puede explicar este avance, y en tiempos de antipolítica hay que insistir en ello: a ningún ciudadano se le exige nacer sabiendo, todos deberíamos exigirnos tener el conocimiento mínimo de cómo funciona nuestra sociedad. La vacuna sin política no hubiera valido de nada sencillamente porque sólo hubiera llegado en principio a una pequeña parte de la población, aquellos que la podrían pagar. Pagar no el medicamento, sino su desarrollo, distribución, instalaciones de administración y trabajo de los profesionales sanitarios. Que existan sistemas de salud pública por toda Europa, incluida España, fue el triunfo de la política, concretamente de una izquierda que tras 1945, vehiculando las demandas de la clase trabajadora, logró un hito del que ahora nos beneficiamos.

Ha sido sin embargo esa misma política, aquella de corte derechista neoliberal, la que haciéndose eco de los privilegios de los más ricos, emprendió a partir de los años 80 un desmontaje paulatino pero incansable de todos los servicios públicos. Ha sido esa misma derecha, en su vertiente mediática y en la industria del entretenimiento, la que ha construido una narrativa donde lo público aparecía como un sector inútil y despilfarrador. Ha sido esa derecha, en su faceta económica, la que ha hincado sus colmillos en aquellos campos como la sanidad o los servicios sociales para transformar en un negocio lo que era un derecho. No es la libertad de ganar dinero, es que para que el sector privado gane dinero gestionando servicios públicos, financiados con los impuestos de todos, opta por los recortes en la calidad de los mismos.

En el mismo informe publicado por el Gobierno el dos de abril se estima que alrededor de 30000 personas usuarias de residencias de ancianos han muerto por coronavirus, el 42% de los fallecidos por esta enfermedad. Duele pensar que la generación que levantó el país de las cenizas en la posguerra, muchos de ellos perseguidos por el régimen franquista, hayan muerto cuando deberían haber pasado sus últimos años con dignidad y sosiego. Podemos simplemente asumir que con una enfermedad que ataca con especial saña a los mayores estos datos eran una consecuencia esperable. Debemos no conformaros con una versión de los hechos que tiene más que ver con la postración ante el destino que con una sociedad que presumía de tener cubierto el flanco de la contingencia sanitaria: no sólo no era verdad, sino que esa ensoñación nos ha costado muchas vidas. Demasiadas.

La Gran Recesión de 2008 fue la consecuencia de hurtarnos el control democrático de la economía. La especulación con el suelo, fomentada por bancos y constructores, tolerada por políticos que por acción o rendición comulgaban con el dogma neoliberal, nos costó una crisis de una magnitud gigantesca. La respuesta a esa crisis no fue cambiar esa visión de la economía, sino recortar los servicios públicos para que pagáramos entre todos la factura de la gran bacanal que los ricos se habían pegado en la primera década de siglo. Aquella Gran Recesión de 2008 paralizó los planes de poner en marcha la Ley de Dependencia, denominada como el cuarto pilar del Estado del bienestar. El sector privado corrió raudo al saqueo de los recortes y las privatizaciones impuestas desde la UE, aplicadas con saña por el Gobierno de Rajoy y aplaudidas por un sector financiero codicioso, inútil y caprichoso. De las 370000 plazas de residencias de ancianos que existen en España, el 70% está en manos privadas.

De esas 270.000 plazas privadas, 110.000 están financiadas con dinero público en régimen de concierto o concesión. Tres grandes operadores, Vitalia, Orpea y Domus Vi, pantallas societarias de grandes grupos de inversión, controlan la mayoría. Las administraciones públicas, con unos impuestos cada vez más exiguos, eligen las ofertas más bajas, impuestas por unos operadores que moldean el mercado a su gusto. Los contratos, de escasa definición en su aplicación, se incumplen habitualmente. Si una empresa puja para gestionar un servicio es porque le resulta rentable. Rentable cargando sobre las espaldas de sus trabajadoras, en un sector laboral muy feminizado, un duro trabajo con personas habitualmente dependientes que apenas alcanza los 1.000 euros de nómina. Este y no otro era el panorama antes de la llegada de la pandemia. Un reflejo perfecto de ese modelo derechista neoliberal que pretendía hacernos pasar por gestión lo que no era más que rapiña, que nos convenció de que una bicicleta sin pedales, un sector público fuerte, puede sobreponerse a una amenaza que ya sabíamos que estaba ahí.

El hecho de analizar por comunidades estos datos no es tan sólo una cuestión de índole administrativa. La competencia sobre las residencias era autonómica antes de la pandemia y siguió de esta manera después de su aparición, incluso bajo el primer estado de alarma, que centralizó el control en los ministerios de Defensa, Sanidad e Interior. Achacar los muertos en estos establecimientos a Servicios Sociales, ministerio a cargo de Pablo Iglesias, no se corresponde con la realidad de la distribución del mando y las responsabilidades. No es una opinión, sino un hecho comprobable e indiscutible como veremos más adelante. El problema es que la intoxicación informativa siempre es enemiga de lo cierto.

Madrid, con más de 6.000 fallecidos, registra el primer puesto en esta dramática lista. Podemos asumir que este dato es comprensible por ser una de las comunidades autónomas más pobladas. Debemos hacer notar que porcentualmente seis comunidades autónomas tienen un número mayor sobre su total. También que de las casi doscientas diligencias judiciales que se están llevando a cabo, 145 pertenecen a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué las denuncias son mayores en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso?

En primer lugar hay que hacer notar que de las 475 residencias de ancianos existentes en la Comunidad de Madrid, sólo 25 son totalmente públicas. Este hecho nos demuestra que el sistema de privatización y concierto no ha sido ningún escudo contra la pésima gestión de la pandemia, lo cual no implica que, independientemente de la forma de propiedad y financiación, el Gobierno autonómico, que era quien tenía las competencias en este sector, tuviera la obligación de supervisar y velar por el bienestar de los usuarios. De todos ellos. Cuál fue por contra el plan de Ayuso: impedir que se trasladara a los enfermos a los hospitales y encargar la medicalización de las residencias a Encarnación Burgueño, la cual carecía de medios y experiencia más allá de ser la hija del arquitecto de las privatizaciones de la sanidad madrileña. Burgueño bautizó a su encomienda como "Operación Bicho", en un costumbrismo sórdido que sólo anticipaba un desastre sin paliativos.

El día 17 de marzo de 2020 salta por primera vez la noticia a la opinión pública de que algo muy grave está ocurriendo en las residencias madrileñas, al reconocer la residencia Monte Hermoso 19 fallecidos, algo que el Gobierno de Ayuso desconoce o dice desconocer. Esa semana, en sede parlamentaria, los diputados de la oposición piden insistentemente la lista de las residencias de la Comunidad y la atención que se les presta. Lo máximo que consiguen es una tabla de excel realizada con precipitación y errores. Ayuso declara el día 19 de marzo en una entrevista radiofónica que "el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país". ¿Si era obvio que la Comunidad de Madrid estaba superada, por qué su presidenta se escuda en cuestiones técnicas para no solicitar esa ayuda, e incluso para impedir que llegue?

El lunes 23 de marzo el ejército, encuadrado en la Operación Balmis, interviene en las residencias madrileñas, encontrando una situación totalmente fuera de control. La ministra de defensa, Margarita Robles, declara que "hay escenas durísimas en algunas residencias, ancianos muertos en sus camas y el personal desaparecido". Las trabajadoras que quedan están completamente superadas ya que carecen de los medios y la formación para atender una enfermedad tan grave. Manuel Rodríguez, responsable de política institucional de CCOO, declara ese mismo 23 de marzo que la presencia de cadáveres ya había sido denunciada por las trabajadoras desde hacía "varios días".

Sin embargo, el ejército no va a las residencias por voluntad propia, lo hace por orden, como es lógico, de la ministra de Defensa que a su vez atiende una petición del vicepresidente Pablo Iglesias. Iglesias realiza la petición por un desencadenante muy concreto: el consejero de Servicios Sociales madrileño, Alberto Reyero, de Ciudadanos, le ha informado por carta el día 21 de marzo, sábado. Ese mismo día, Reyero hace pública en su twitter la petición de ayuda militar al Gobierno central, a las diez menos cuarto de la noche, a medias entre la desesperación, a medias sabiendo que las decisiones que el Gobierno Ayuso está tomando pueden incurrir en un grave delito.

¿Cuáles son esas decisiones que provocan la petición de ayuda desesperada de Reyero? El protocolo distribuido por Sanidad, bajo el mando de Escudero, donde el Gobierno madrileño establecía los criterios de exclusión para no transferir ancianos a los hospitales. Reyero advierte esos días a Escudero en varios correos electrónicos que nunca obtuvieron respuesta: "Muchos residentes fallecerán de forma indigna [...] Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales".

Aunque desde el día 12 la Comunidad de Madrid afirmó que "las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo", cuando esos protocolos son distribuidos, sus responsables saben que esa acción anunciada en una nota de prensa no se ha llevado a cabo, lo que significa condenar a una muerte segura a los residentes. De hecho, la Operación Bicho, no comienza hasta el día 26 de marzo, 14 días después de la promesa. Es en ese momento cuando Alberto Reyero es apartado de su consejería de Servicios Sociales por Ayuso. La cobardía proverbial del vicepresidente de Ciudadanos, Ignacio Aguado, evita una crisis de Gobierno, a pesar de que se ha fulminado a uno de sus consejeros. Presumiblemente se transfieren las competencias de Servicios Sociales a Sanidad, algo que no se hace de forma explícita: nadie quiere hacerse cargo del desastre posiblemente pensando en las responsabilidades políticas e incluso penales.

A pesar de que la Comunidad apostó por esos protocolos de exclusión, sabiendo que las residencias no habían sido medicalizadas a pesar de sus promesas, Ayuso miente el viernes 20 de marzo al declarar que "la Sanidad atiende a todos los pacientes por igual, no se está seleccionando a nadie por nada". Hasta cuatro versiones del protocolo son redactas y distribuidas entre el 18 y el 26 de marzo. Cuando se filtran a la prensa a finales de mayo, Escudero intenta quitar importancia a los documentos de exclusión calificándolos de "borradores". El Gobierno madrileño mientre clamorosamente por segunda vez ya que los protocolos van firmados digitalmente, algo que nunca se haría con un borrador.

A mitad de mayo, curiosamente, la consejería de Sanidad ha cesado a Carlos Mur, el director general de Coordinación, el responsable de haberlos firmado. ¿Por qué cesar a alguien que ha firmado unos documentos que tú mismo vas a negar una semana después? ¿Por qué negar esos protocolos de exclusión que tú has ordenado, calificándolos de borradores? Porque además de destapar las mentiras de Ayuso de Marzo, en palabras de Alberto Reyero, el consejero cesado, en la sede parlamentaria de Madrid el 1 de junio, aquel protocolo "no es ético y posiblemente no sea legal".

Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno tomaron unas decisiones respecto a las residencias que fueron erróneas y perjudiciales para los pacientes. Pero no sólo, mintieron en el momento en que se llevaban a cabo e intentaron negarlas cuando salieron a la luz. ¿Cómo es posible, por otra parte, que un partido que lleva Gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde 1995 fuera incapaz siquiera de tener un listado de residencias cuando le fue solicitado por la oposición a finales de marzo?¿Cómo es posible que el día 12 de marzo Ayuso anunciara que iba a medicalizar las residencias y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuviera que obligarla mediante diferentes órdenes, desde mitad de abril, a medicalizar esas residencias, dictando una última orden el 22 de mayo referente a los centros en Alcorcón?

Además de todas estas preguntas, hay una de índole político que se hace esencial enunciar: ¿su oposición a toda costa para desgastar al Gobierno central le llevó, a ella o a su equipo, a tomar decisiones que perjudicaron a los ciudadanos? O dicho de otra forma, ¿retrasó todo lo que pudo la petición de ayuda al Gobierno central, teniendo en cuenta además que sería cursada a través del ministerio de controlaba Iglesias, por situarse como un polo de poder ante una hipotética caída del Ejecutivo progresista en la crisis?

Por último queda una última pregunta en el aire que deben contestar ustedes: ¿Cómo es posible que habiendo unas elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo, la actuación de las residencias esté pasando completamente desapercibida en la precampaña?¿Que los temas en liza sean el modelo de sudadera de Pablo Iglesias, la libertad y los bocadillos de calamares o el furor anticomunista? Recuerden antes de responder lo que decíamos al inicio de este artículo: a ningún ciudadano se le exige nacer sabiendo, todos deberíamos exigirnos tener el conocimiento mínimo de cómo funciona nuestra sociedad.