Octavio Granado
Secretario de Estado de Seguridad Social de 2004 a 2011

El puesto de Gobernador del Banco de España, después de aprobado su estatuto de independencia, es una garantía de que se puede decir lo que muchos piensan, pero no se atreven a proclamar. El actual Gobernador, como los anteriores, es un buen ejemplo de esta especie de carisma otorgado, y ahora nos ha advertido de que las pensiones están condenadas "inexorablemente" a reducirse en el futuro.

El sistema español de pensiones soporta una mala historia de desconexión entre los ciclos demográfico y económico, y un pasado caracterizado por el alejamiento de las mujeres del mercado de trabajo y por la rigidez de este último. También tiene algunas ventajas: es muy igualitario (pensiones altas moderadas), parte de una población con elevadas tasas de propiedad de la vivienda, las cotizaciones son altas, tiene reservas, está eficazmente gestionado...

Lo que ha sucedido estos últimos años es simplemente que hemos pasado de un equilibrio de cierta calidad a un desequilibrio absoluto, por decisiones del Gobierno. Hasta 2011, las cotizaciones sociales, proporcionales a los salarios,  suponían cada año algo menos del 10% del PIB, y las pensiones, derivadas de las bases de la vida laboral,  crecían un  3% más la inflación. Este año las cotizaciones estarán en torno al 9% del PIB, pero las pensiones han seguido subiendo de 2011 a 2015 en la misma proporción que en el pasado, ya que el efecto sustitución de las pensiones nuevas sobre las de los fallecidos limita los efectos de la práctica congelación. Las cotizaciones, que bajaron de 2008 a 2011 2.700 millones de euros, han sido en 2014 7.000 millones inferiores a 2011, con tarifas planas a cargo de la Seguridad Social y el descontrol sobre la infracotización. Si  hubiéramos ingresado todos los ejercicios lo recaudado en 2011, el Fondo de Reserva acabaría la legislatura con 25.000 millones de euros más.

Hemos congelado o disminuido los salarios, incluido el salario mínimo, fundamental para millones de  cotizaciones. La negociación colectiva ha sido ninguneada; los sindicatos han visto su autoridad en los procesos sociales socavada y controvertida. La ausencia de plazas  ha privado al sector público del carácter regulador que ocupaba (si el sector privado deseaba contratar debía hacerlo a salarios similares). Y las reformas laborales, a pesar de las continuas sentencias anulatorias de los tribunales, han posibilitado que el mercado de trabajo sea en estos momentos un magma confuso, en el que ha crecido la explotación, las desigualdades, los contratos precarios y las jornadas interminables, sin que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda poner coto a las arbitrariedades crecientes.

Ahora la solución es ahorrar más; pero la pasión recaudatoria ha venido a gravar con cotizaciones las aportaciones de las empresas a los planes de pensiones, sin límites de cuantía, edad o renta exentos, lo que hubiera sido también razonable que el Gobernador solicitara en su día. Y se nos plantea que las pensiones van a bajar como un hecho inexorable, tan seguro como la pronta desaparición del Fondo de Reserva.

Es seguro que el sistema deberá reformarse permanentemente, pero también es evidente que estamos viviendo las consecuencias de una política económica que ha primado la devaluación competitiva de salarios sobre la investigación y la innovación. Es seguro que debemos ahorrar más, pero con incentivos reales a la cotización y a las aportaciones de los trabajadores más jóvenes o peor pagados. Y sobre todo, es seguro que debemos reponer un mínimo equilibrio entre ingresos y gastos, porque  las cotizaciones exiguas no sirven para garantizar ni la protección social ni la propia supervivencia de la clase media.

En enero de 2012 escribí un artículo en el que afirmaba que "Los efectos del decrecimiento real y prolongado de los salarios serán muy negativos para el sistema de pensiones". "La solución –concluía- era (y es) garantizar un crecimiento acompasado de ingresos y gastos, de bases de cotización y prestaciones, de salarios y pensiones." Entonces hubo analistas que trataron el problema con indiferencia, cuando no con complacencia. Hoy el déficit del sistema de pensiones es el 25% del déficit público de España. Y, claro está, en el fututo nos aguarda el resistible descenso de la protección. Sobre todo, si no modificamos una política económica que nos lleva directamente al desfiladero.