KATTYA CASCANTE
Politóloga de la Fundación Alternativas
Ha finalizado el Año Europeo para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social constatando que el mundo es hoy, también gracias a Europa, un lugar más pobre y de mayor exclusión.
De entre todos los buenos propósitos para 2010, Europa sólo supo perseguir uno: la consolidación fiscal. Sin duda, asistimos a uno de los repliegues proteccionistas más fuertes desde que la Unión Europea decidiese regionalizar su mirada al mundo. Los Gobiernos priorizan todo lo que contenga el déficit, la inflación y el precio de la deuda soberana y no obstaculice las reformas necesarias para conseguirlo. En definitiva, al precio que sea, todo aquello que evite una mayor pobreza europea.
En esas debe de andar Europa cuando pretende regular en una comunicación comunitaria que los trabajadores inmigrantes tengan sólo los derechos laborales que les permitan sus países de origen. Países que dejaron por su pobreza. Países en los que no es difícil imaginar la ausencia no sólo parcial, sino incluso total, del reconocimiento de los derechos laborales más básicos. Parece que así se resuelven mejor las cuentas que garantizan con mayor seguridad el funcionamiento de nuestros sistemas de protección social. Los europeos dispondrán de mayor liquidez para sus subsidios por desempleo y una pensión de jubilación que les permita vivir con dignidad los últimos años de vida. Para lo cual, sin duda, habrá que hacer sacrificios tales como alargar la vida laboral dos años más, una medida que está encontrando grandes resistencias por parte de los sindicatos, ya que ven en ella una vulneración intolerable de derechos adquiridos largo tiempo atrás. Pero también tendremos que hacer el “sacrificio” de admitir que no hemos sido capaces de mejorar la pobreza de ahí fuera, y que, incluso, hemos conseguido que nos moleste algo menos ahora que tanto peligra nuestro bienestar aparentemente consolidado.
Sin duda, en el terreno de las desigualdades, la crisis ha reabierto viejas heridas en nuestra sociedad y provocará en el futuro retrocesos importantes. En España, pero también países como Reino Unido, Francia y Alemania, el número de personas que roza el umbral de la pobreza ha crecido, y esto pone en entredicho el modelo social europeo. Pero asumamos también la otra perspectiva.
En España, con un incremento del paro de un 30% entre los emigrantes extracomunitarios y de hasta un 40%, durante 2010, entre los jóvenes menores de 25 años, se llega al valor más alto de toda la Unión Europea. A esto podemos sumar el agravante de que este colectivo tampoco posee, en su mayoría, una casa en propiedad que le permita al menos subsistir, en espera de tiempos mejores.
En el resto de los estados miembros el panorama no es muy distinto a lo que ocurre en España ni a lo que viene siendo el fenómeno de emigración hacia Europa. Las condiciones, mejoradas, no han conseguido desplazar esa sensación de ciudadanos de segunda en empleos que nadie quiere (o mejor dicho, quería), donde no tiene en cuenta su cualificación y con horarios y condiciones, en su mayoría, abusivos. Cualquier cosa era soportable con tal de poder enviar la mayor cantidad de dinero a casa, allá en su patria. Remesas que han supuesto con el tiempo cantidades mucho más importantes que cualquier otra financiación hacia los países menos adelantados, incluida la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Lejos de compensar a este colectivo, que cotiza y paga sus impuestos europeos y no de sus países de origen, e incluso, sin tener asegurada una participación equitativa sobre la protección social correspondiente, se insiste en un agravamiento de sus condiciones. De nada sirven las investigaciones que apuntan al inmigrante como la tabla de salvación de una población europea envejecida, recomendaciones que en 20 años nos enfrentarán a un dilema irresoluble: seguir creciendo como bloque económico mientras se hace frente a los pagos de las pensiones con una población activa insuficiente y además, muy inferior a la de las potencias emergentes, países cada vez más atractivos para la inmigración.
Pero el euro manda, y manda tanto que ha sacado de la agenda cuestiones tan importantes como que, fronteras afuera, millones de personas vivan en la pobreza como consecuencia de un sistema económico injusto. La arquitectura financiera mundial permite a las multinacionales y a los gobiernos más enriquecidos eludir sus responsabilidades fiscales mientras condena a las comunidades más pobres a un desarrollo raquítico. Y no es cuestión de priorizar una pobreza u otra (la de dentro y la de fuera de nuestras fronteras), sino de ver el problema como un mal global que condiciona la seguridad y el futuro del mundo.
Quizás el objetivo no es salir de esta crisis con los mismos niveles de crecimiento; quizás haya una alternativa donde
lo urgente no desplace a lo importante.
Es, sin excusa posible, el momento de intentar un sistema fiscal que permita transformar las vidas y las expectativas de millones de personas a través de una mejor redistribución de la riqueza. Un bello pero improbable sueño para el año que acaba de empezar.
KATTYA CASCANTE
Politóloga de la Fundación Alternativas
La agenda del desarrollo afronta una crisis que, lejos de introducir cambios que favorezcan la incorporación de nuevos donantes y una mayor capacidad para adaptarse a la actual situación, se repliega con recetas conservadoras que amenazan con ralentizar la lucha contra la pobreza.
España, que durante los últimos siete años ha apostado por un multilateralismo activo en el sistema de cooperación al desarrollo, también titubea ante la crisis. Los recortes económicos anunciados por el Ministerio de Exteriores y Cooperación (que ya superan los 1.000 millones de euros para el presente año y el siguiente) pueden significar un gran retroceso para esta apuesta global.
El compromiso, acertado, de destinar el 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta a la cooperación internacional ha marcado, casi en exclusividad, el objetivo de la política española de Ayuda al Desarrollo. Un compromiso que debido a la crisis se aleja y que, sin perderlo de vista, debe considerarse como una oportunidad para legitimar una voluntad política más allá de una cifra.
La decisión estratégica de canalizar la mitad de nuestra ayuda al desarrollo priorizando la concertación de acciones en el espacio internacional (multilateralismo) por delante de la opción bilateral (de un Estado donante único hacia el receptor) no ha estado exenta de polémica. Por un lado, el multilateralismo permite no sólo reducir los gastos administrativos de la cooperación bilateral, sino que, al no depender de un solo país donante, los proyectos están menos sometidos a los diferentes intereses nacionales, contribuyendo así a un régimen de gobernanza mundial orientado a la promoción de bienes públicos globales. Por otro lado, los casi 300 organismos multilaterales que existen en la actualidad (incluyendo las agencias del sistema de Naciones Unidas y los organismos financieros) no han conseguido precisamente el consenso de la comunidad internacional acerca de su eficacia. Los principios comunes que deberían gestionar las ayudas de los países implicados carecen de mecanismos que puedan demostrar resultados fehacientes. Las numerosas instituciones multilaterales no siempre cuentan con autoridad y medios suficientes para ejercer su labor de forma efectiva. Por no mencionar la normativa internacional que las regula y que suele limitar el acceso de los países más pobres a los procesos de toma de decisiones, los mercados, el capital y la tecnología.
Sin embargo, ¿son estos argumentos suficientes para un cambio de estrategia?
Si nuestra visión es cortoplacista, la respuesta nos llevaría a reducir la ayuda en esta modalidad. Es mucho mejor reorientar los fondos a la cooperación bilateral aplicando mecanismos nacionales que permitan un mayor control y así legitimar ante la sociedad la decisión de seguir contribuyendo al desarrollo. Una postura que ratifica el nacionalismo proteccionista y limitado con el que responden a esta crisis la mayoría de los donantes tradicionales. Pero, por otro lado, a medio plazo, asegurar su continuidad permitiría mejorar la armonización con los donantes de mayor experiencia y contribuir más activamente en la construcción de una nueva arquitectura de la ayuda. Una apuesta que conlleva mayor atención en los procedimientos, convergencia de mecanismos y un entendimiento necesario entre todos los actores pero que, también, supone un mayor avance en los compromisos internacionalmente adquiridos. Un espacio multilateral predispone en mayor medida a la coordinación y complementariedad de las acciones, a la vez que pone en evidencia las incoherencias políticas más sobresalientes.
Pero sin duda los desafíos pendientes son muy complejos y exigen una apuesta política decidida. Seguir dotando de recursos a unos organismos que también deben reformarse para cumplir con los objetivos de una ayuda eficaz al desarrollo no debe seguir haciéndose mientras se mira hacia otro lado. Es necesario adentrarse en las estructuras organizativas y de financiación de estas instituciones. Terminar con las luchas de poder que producen los intereses económicos y políticos de los fondos donados parece ser clave para democratizar los organismos multilaterales. El porcentaje destinado a financiar la propia institución para su funcionamiento es insuficiente, por lo que nutrirse de los intereses que se generan a través de las contribuciones voluntarias que donantes como España realizan resulta un complemento provechoso. Si bien es cierto que hay una tendencia a que estos intereses repercutan sobre el personal español que, a su vez, forma parte de la gestión de estos fondos dentro de las instituciones, no lo es menos que estos intereses han sobrepasado las expectativas y hay más atención sobre quién se los queda que en cómo se aplican. Y de todo ello la información sigue siendo muy irregular y deficiente, así como los mecanismos de rendición de cuentas de estos aportes y sus impactos en el desarrollo de los países menos avanzados.
Nuestro país debe y puede, dadas las elevadas contribuciones financieras que actualmente le avalan, participar e incluso liderar alguna de estas reformas. Cambios en los que resulta prioritario vincular las donaciones a mejoras sustantivas de transparencia y responsabilidad. Una apuesta que legitima la política de ayuda en estos espacios multilaterales como la única manera de que donantes y países receptores compartan un desarrollo más equitativo en un mundo globalizado.
KATTYA CASCANTE
Politóloga de la Fundación Alternativas
Durante la presidencia europea, España busca, bajo el auspicio de Naciones Unidas, celebrar una conferencia internacional que favorezca la estabilización de Somalia, reforzando sus fuerzas de seguridad. La Unión Europea ha acordado una misión de formación de unos 2.000 soldados somalíes en Uganda para apoyar al Gobierno federal de transición del país africano. Esta se sumaría a la Operación Atalanta, cuyo objetivo de limpiar el Índico de piratas puede reforzar, paradójicamente, la debilidad de un país sin Estado.
Somalia necesita un Estado, pero precisa unas condiciones que no posee. Internamente, el actual Gobierno, un híbrido de islamistas y seculares que derrotó a la Unión de los Tribunales Islámicos y que cuenta con la simpatía de Estados Unidos y la Unión Europea, no ha sido capaz de hacerse con el control del país. Un orden que no se consigue desde 1991, cuando Siad Barre huyó con todas las reservas del Banco Central mientras permitía que en su capital, Mogadiscio, se quemaran las dependencias administrativas e incluso la biblioteca nacional. Además de la violencia general en la que está sumido el país, cerca de ocho millones de personas, la población total (no censada), padece pobreza extrema.
Desde fuera, las acciones llevadas a cabo no responden a las necesidades existentes. Por un lado, la contribución extranjera parece haber llegado a Somalia en forma de armas y de estrategias que sólo pretenden favorecer los intereses de otros estados. Somalia no tiene industria armamentística pero dispone de ellas a través de la importación de otros países. Sólo en Mogadiscio, decenas de miles de personas dependen de las armas para obtener algún tipo de ingreso económico. El informe de noviembre de 2006 del Comité del Consejo de Seguridad –encargado de verificar el cumplimiento del embargo de la ONU sobre la transferencia de armas a Somalia– demostraba que al menos siete países (Yibuti, Egipto, Eritrea, Irán, Libia, Arabia Saudí y Siria) habían suministrado recursos militares a la Unión de Tribunales Islámicos, mientras que un mínimo de otros tres (Etiopía, Uganda y Yemen) habían obrado de igual manera con el Gobierno federal en transición. Entre tantas armas, las municiones se convierten en un material preciado y, en este sentido no hay que olvidar que España es el primer exportador mundial de municiones al África Subsahariana. En lo que a los intereses propios se refiere, la flota internacional de cerca de 800 barcos pesqueros faena furtivamente con beneficios en mariscos y peces por valor de 450 millones de dólares anuales, sin tener que pagar uno solo en derechos de pesca a un Gobierno inexistente. Tampoco los intereses españoles en este sector se le escapan a nadie.
Por otro lado, los casos más bienintencionados se caracterizan por el pragmatismo y la cautela de responder según se desarrollen los acontecimientos, y no por el compromiso y la determinación. Una revisión del paso de Naciones Unidas por el país en estas dos últimas décadas deja poco espacio para la sorpresa. Por desgracia este organismo nunca ha estado a la altura. La tardanza en reaccionar ante la hambruna en 1992, unida al fracaso en la desmovilización de las milicias, se mezcló con la falta de neutralidad necesaria para legitimar su presencia. Su obsesión en capturar a un solo personaje, Mohamed Farah Aidid, provocó el colaboracionismo con otros señores de la guerra que no habían demostrado mayor respeto por los derechos de las personas. Mohamed Sahnoun, enviado especial de la ONU, fue desposeído de su cargo en 1993, al priorizar en su agenda las necesidades de la población somalí. Según Sahnoun “el programa de asistencia de la ONU no sólo fue limitado. Fue tan lento y su distribución tan inadecuada, que fue contraproducente”. De nuevo, 15 años más tarde, el informe de Naciones Unidas sobre el Programa de Ayuda para Somalia (marzo de 2010) recomienda al Consejo de Seguridad suspender la ayuda.
Diplomáticos y funcionarios somalíes han convertido la expedición de visados en un gran negocio, al vender los visados por 15.000 dólares. Decenas, puede que hasta cientos de somalíes hayan llegado a Europa por esta vía en los últimos meses. Ciertos recursos destinados a la ayuda humanitaria han sido destinados a fines militares. El informe de Naciones Unidas afirma que “más de la mitad de los alimentos nunca llegan a los más necesitados, sino que se van quedando en manos de los contratistas, transportistas, grupos armados y personal facilitador de la ayuda”. Estados Unidos acaba de paralizar 10 millones de dólares de ayuda para Somalia al no poder garantizar su destino.
En este momento, la ayuda al desarrollo en Somalia se vincula más a la amenaza que suponen sus secuestros que a la pobreza que la destruye. La difícil situación ha llevado a que prácticamente todos los donantes se retiren de escena. La propia UE, principal donante de Somalia, condicionó no hace mucho la concesión de ayuda humanitaria al cese de las hostilidades. Es decir, supeditó su apoyo a la población a que los señores de la guerra abandonaran sus prácticas de violencia, cuando estas son, precisamente, las que les confieren su denominación y les sitúan en las posiciones de poder que ostentan. Los saqueos también afectaron a la ayuda internacional a través del pago de tasas o de contribuciones para garantizar la protección. Hasta las ONG tuvieron que contratar a guardas armados para llegar a las poblaciones más vulnerables.
Así las cosas, la Conferencia Internacional tendrá que tratar algo más que los temas de seguridad en la zona. Tanto la UE como Naciones Unidas tienen recorrido suficiente para ambicionar mayores y mejores resultados. Somalia es mucho más que un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina. Es un país sin Estado donde se prefiere pagar los rescates y la escolta de mercantes y petroleros que invertir en la lucha contra la miseria.
