Las eléctricas y la liberal-burocracia

21 Dic 2013
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Pablo Iglesias y Jorge Moruno

Con las eléctricas sucede algo parecido a lo que ocurre con el liberalismo del Partido Popular. Ambos emplean una retórica que defiende “el libre mercado” al tiempo que, en realidad, practican lo contrario. Las eléctricas funcionan en la práctica como un gran oligopolio mientras que el liberalismo del PP no es más que liberal-burocracia. La clave en ambos casos es valerse de lo público para obtener inmensos beneficios privados.

La situación es de verdadera emergencia social. A casi un millón y medio de familias les han cortado la luz por no poder hacer frente a unas facturas que no han parado de subir en los últimos años, al tiempo que las eléctricas siguen obteniendo enormes beneficios, mientras el Estado acumula una deuda de dudosa legitimidad que además está en manos de los bancos. Las prácticas abusivas de estas compañías y de los tenedores de la deuda han sido denunciadas hasta la saciedad por asociaciones de usuarios y por expertos.

Sería el momento de aplicar el artículo 128 de la Constitución que establece que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés público y que faculta al Estado para intervenir empresas cuando así lo exigiere el interés general. Es evidente que mientras estemos gobernados por partidos con muchos de sus exministros y expresidentes cobrando generosos salarios por sentarse como asesores en consejos de administración de las empresas energéticas, la aplicación del 128 es pura ciencia ficción. Pero quienes queremos cambiar las cosas tenemos que plantearnos el escenario en el que pudiéramos tomar la decisión.

 ¿Qué significaría aplicar el 128 e intervenir las eléctricas? Algunos dicen que eso sería burocratizarlo todo y dicen que, como demuestran los casos de corrupción en las cajas de ahorros y los “fracasos” de las televisiones dependientes de administraciones autonómicas, lo público no funciona bien. Dejando a un lado el hecho de que la mayoría de los defensores de estas tesis han vivido casi siempre de lo público y han hecho ricos a sus amigos privatizando lo de todos, lo cierto es que tomar el control del sector estratégico de la energía tiene poco que ver con poner a burócratas incompetentes y enriquecidos al frente de las empresas, que es lo que hicieron el PP, el PSOE y sus socios catalanes y vascos con las cajas de ahorros (y en algunos casos, aunque sea duro de tragar para nosotros, también los sindicatos y la izquierda política).

En una sociedad como la actual, nacionalizar significaría establecer una serie de medidas combinadas; habría que asegurar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, apoyar con políticas públicas la creación y desarrollo de cooperativas de energías renovables y limpias que cooperaran y compitieran entre sí para ofrecer el mejor servicio. Propiedad pública no quiere decir que las decisiones se tomen en un despacho en Madrid sino que los municipios sean los garantes del suministro de un recurso común, siempre bajo la atenta mirada de la sociedad civil, de modo que no se trabaje de forma opaca facilitando el lucro privado como ocurría con las cajas de ahorros. Para eso es necesario contar con mecanismos de control democrático de la ciudadanía, convirtiendo en realidad el derecho a decidir y a velar por el cumplimiento de los derechos y la seguridad pública. 

No es de recibo que, en democracia,  proponer que se abra el debate sobre la gestión de los recursos estratégicos ante una situación de emergencia haga saltar las alarmas. Decía el señor Rubalcaba que el artículo 128 de la Constitución española le recordaba a la Unión Soviética. Es lógico que, en un debate incómodo para quien tenía que defender lo indefendible (las puertas giratorias entre consejos de administración y consejos de ministros), se acuda a cualquier cosa para salir del paso. Sin embargo, hubiera sido mucho más interesante mantener un debate serio. En Francia el 85% de la EDF (Électricité de France) es de propiedad pública. En Suecia la multinacional Vattenfal es de titularidad estatal, mientras que en Canadá muchas provincias cuentan con una gestión municipal de la energía; como Québec, donde la energía es muy barata además de renovable. En ciudades como Hamburgo, en Alemania, la ciudadanía organizada ha conseguido a través de un referéndum popular, remunicipalizar la red eléctrica previamente privatizada con el objetivo de que responda a las necesidades de sus habitantes y no a los intereses de una gran empresa.

¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que estamos en manos de gobernantes que han sabido combinar lo peor de los sistemas de libre mercado (el poder en manos de una minoría de propietarios) con lo peor del llamado socialismo real (el poder en manos de una minoría de burócratas). El resultado es la liberal-burocracia que nos gobierna; mediocres que tienen la administración pública en sus manos y que la subordinan a los intereses de grandes propietarios (eléctricas, bancos…) que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo y las ideas de los demás.


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