En los últimos días hemos podido ver en todos los medios de comunicación algunas imágenes que pensé que no deberían tener cabida en un país democrático. He visto sentados en el banquillo a 8 trabajadores de AIRBUS para los que el fiscal en una estricta aplicación de la ley pide ni más ni menos que 8 años de cárcel, supuestamente por los desórdenes producidos en un piquete de huelga. Mientras esto ocurre, es muy difícil encontrar en la jurisprudencia española  sentencias que hayan condenado con tanta dureza a los empresarios que impiden el derecho de huelga o que vulneran los derechos de los trabajadores.

He visto también cómo una mujer maltratada podía ingresar en prisión al haber sido condenada por desobediencia por no facilitar el régimen de visitas a su hija menor por parte del padre maltratador mientras este, condenado por maltrato, estaba libre.

He visto cómo dos titiriteros ingresaban en prisión sin fianza por el supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo por haber expresado una opinión en una obra cuya creación debería estar amparada por la libertad de expresión y de opinión. A la vez, hemos conocido cómo las amenazas de muerte de un neonazi a una concejala de IU se saldaban con una sentencia en la que se le condenaba a 120 euros de multa.

Estos mismos días hemos visto desfilar a los concejales y asesores del PP de Valencia declarando sobre un supuesto delito de blanqueo de capitales y marchándose en libertad en calidad de investigados. Es habitual que algunos imputados por delitos de corrupción o malversación de dineros públicos lleguen al juzgado en coches con chófer y se vayan a dormir tranquilamente a sus casas como Rodrigo Rato o Miguel Blesa.

Y viendo todo esto creo que muchos ciudadanos tenemos la sensación de que vivimos en el mundo al revés.

Muchos tendrán la tentación de culpar de esta situación a los fiscales al servicio del Gobierno o a los jueces que dictan sentencias desorbitadas que generan alarma social, pero yo creo que este no es el problema, aun sabiendo que hay sentencias que son un disparate y que en la administración de justicia existen funcionarios más o menos acertados en su trabajo, que como es obvio tienen ideología e interpretan la ley a veces según su criterio.

El problema no está en los jueces o fiscales, que sin duda pueden tener responsabilidades en casos concretos, sino en el modelo punitivo que se ha ido estableciendo en este país. El derecho penal debería ser capaz de trasladar al conjunto de la sociedad el modelo de valores, de derechos, de convivencia que una sociedad ha decidido darse. El derecho penal debería responder, por tanto, al modelo constitucional de nuestro país, que no es otro que el de un estado social y democrático de derecho, y contribuir a protegerlo. Es decir el derecho penal debería ser capaz de contemplar el castigo de las conductas que atentan contra los derechos y libertades, contra los derechos de los ciudadanos, con equilibrio y proporcionalidad, y esto es lo que a través de modificaciones legales cargadas de ideología partidista y presiones de todo tipo en los últimos años se ha perdido.

Se ha utilizado la legislación penal para dar respuesta  a las coyunturas políticas o sociales para fortalecer posiciones partidistas, para  castigar conductas que siendo legales eran incómodas y para consolidar un modelo en el que lejos de favorecer el ejercicio de libertades se ha tratado de limitarlo. Se ha utilizado el código penal y otras leyes sancionatorias de carácter administrativo para amedrentar al disidente, para neutralizar la protesta y también para blindar al poderoso.

Si examináramos la legislación punitiva en nuestro país, nos encontraríamos con la absoluta desproporción que existe entre el castigo de unas conductas y otras. Conductas que afectan al espacio individual patrimonial de cada ciudadano son tratadas con penas importantes, mientras los daños ejercidos sobre los bienes colectivos o las libertades públicas son tratados con menos dureza.

Esto no es coyuntural, no es un error, no es casual, es fruto de un trabajo constante y premeditado realizado en los últimos años por los gobiernos de turno, especialmente del PP, pero también con la complicidad del PSOE en muchas ocasiones, para blindar con la amenaza de la aplicación de la ley penal un modelo social alejado del que nos dotamos en el Constitución Española. Un modelo que ha conseguido tener unas leyes que benefician a los poderosos y es extraordinariamente duro con los débiles, con las mayorías sociales.

Los ejemplos que señalaba al inicio son expresión de todo esto.

La justicia no puede ser las sentencias que dicten los jueces, que son meras aplicaciones más o menos acertadas de la ley. La justicia en un estado democrático tiene que ver con la garantía de los derechos protegidos y con la proporcionalidad y equidad de la pena prevista.

A mi juicio, si hoy existe sensación de impunidad en la sociedad  española, si muchos ciudadanos creen que no hay justicia, no es por la cuantía de las penas impuestas a los autores de los delitos, sino por la falta de explicación racional y de proporcionalidad entre el mal causado, los hechos cometidos y la pena impuesta. Y esto tiene que ver con las leyes aprobadas, con la calificación y cualificación de los delitos que en modo alguno ha sido inocente.

Cambiar este modelo punitivo es fundamental para avanzar en una sociedad más democrática y más justa, modificar las leyes, construir un modelo penal que refleje el sentir ciudadano y que garantice los derechos y libertades individuales y colectivos de todos y todas  debe ser una prioridad en nuestro país.

Para esto también yo deseo un gobierno de cambio en nuestro país, un gobierno que refleje la opinión mayoritaria de los españoles expresado en las urnas y que pueda devolver la dignidad a una sociedad maltratada por leyes tan injustas. Creo que quienes tienen en su mano esa posibilidad deberían entender bien la pluralidad expresada en las urnas, el nuevo escenario político, deberían dejar la soberbia y el tacticismo para otros espacios, deberían ser conscientes de  la situación de emergencia social y democrática de nuestro país y deberían apostar por un programa de cambio por la izquierda porque la derecha y las políticas derechas nos han traído hasta aquí.