Vivimos en tiempos revueltos, también en materia ambiental. Todos los indicadores nos ponen ante un paisaje duro, casi estéril para el medio ambiente. Los recortes económicos, tan intensos en muchos sectores, son inmisericordes con el medio ambiente. Por poner algunos ejemplos: el presupuesto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, es decir sin tener en cuenta los presupuestos en agricultura, pesca y obras, se redujo en un 32% entre 2010 y 2011; y varios directores generales de medio ambiente de comunidades autónomas me han confirmado que para el año que viene apenas tendrán presupuesto para sus funcionarios y la lucha contra los incendios. Pero no quedan aquí las miserias, cada día son más los mensajes enviados por responsables políticos sobre la necesidad de ser menos estrictos con el cumplimiento de las leyes ambientales para facilitar el desarrollo económico. Además, surgen cada día más rumores de que corre incluso peligro la permanencia del Ministerio de Medio Ambiente en la próxima legislatura.
Sin embargo, pese a esta fase involucionista en materia ambiental, los sondeos de intención de voto de este fin de semana no solo ponen a los partidos ecologistas en el Congreso de los Diputados, sino que los ponen rozando la posibilidad de tener grupo parlamentario propio. Por lo tanto, puede darse la circunstancia que en el periodo en el que los grandes partidos menos importancia le dan al medio ambiente, sean los ciudadanos los que reivindiquen para ella un mayor protagonismo político.
Por supuesto, casi todo son cábalas, digo casi todo, ya que los recortes son más reales que la boda de Felipe y Letizia.
Un conocido proverbio turco advierte que “cuando el carro se haya roto muchos os dirán por dónde no se debía pasar”, pero en este caso, el camino por el que transitaría el aeropuerto de Ciudad Real fue avisado por SEO/BirdLife desde sus comienzos allá por 1998. En nuestras primeras alegaciones y declaraciones públicas hablábamos del dudoso futuro de este aeropuerto desde el punto de vista económico. Ahora 13 años después, los administradores concursales del aeropuerto de Ciudad Real han solicitado a la magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil la autorización para llevar a cabo la suspensión de la actividad de dicho aeródromo por el plazo de un año.
Es un aeropuerto que ha contado con tres declaraciones de impacto ambiental, con una queja europea, con un observatorio medioambiental y una comisión de seguimiento. Pero sobre todo, con lo que ha contado es con unos promotores y gestores desastrosos.
Para empezar, eligieron fatal el sitio. Pese a haber un gran número de lugares en la provincia de Ciudad Real para poner un aeropuerto, acertaron a ponerlo en el interior de una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA). Esto les supuso un pulso con SEO/BirdLife y retrasar su autorización durante 10 años. Un tiempo precioso que permitió que se inaugurase la T4 y les restase cualquier posible rentabilidad económica.
Lo cierto es que los promotores estaban más interesados en la rentabilidad de la parte urbanística e industrial del proyecto que al propio aeropuerto. Pero para poder hacerlo necesitaban que se diesen dos circunstancias: 1) que alguien pusiese el dinero (así es más fácil promover), y 2) modificar la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Pues bien, dirigido por la Junta, Caja Castilla-La Mancha puso el dinero siendo unos de los ruinosos negocios que le llevaron a ser intervenida por el Banco de España. Además, la junta les modificó a medida la LOTAU.
Pero no fue suficiente, los retrasos por intentar pasar por encima de las normas ambientales les impidió aprovechar el boom de las Low Cost y así dar una apariencia de aeropuerto que pudiese atraer inversores para el polígono industrial.
El resultado es el que vaticinamos, un aeropuerto sin aviones y un impacto sobre el medio ambiente totalmente estéril. Pero ojo al dato, hace seis años predije que en la torre de control se asentaría una colonia de cernícalo primillas que redimirían el derribo, por parte de los promotores, de la chimenea de una fábrica de cerámicas en la que ya criaban los cernícalos. Lo hicieron para “evitarse” problemas. El tiempo nos dirá si el camino que describo es por el que no debía pasar este carro.
En España hemos protegido 1.787 lugares como espacios de la Red Natura 2000 en virtud de dos Directivas Europeas, la de Aves Silvestres y la de Hábitats. Estos espacios se dividen en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). En total, el 27,2% del territorio español está protegido. Y no estamos hablando de zonas recónditas de nuestro país, importantes poblaciones como la ciudad de Cáceres están protegidas bajo estas figuras de protección.
Sin embargo, la Red Natura 2000, pese su importancia por sus implicaciones y superficie, es una gran desconocida para los españoles. Según una encuesta encargada por SEO/BirdLife, en el marco del proyecto europeo Horizontes Natura 2000, solo el 14,5% de los españoles reconoce haber oído hablar de la Red Natura 2000. Además, solo el 1,5% reconoce tener bastante conocimiento de la misma ya que un 4% la conoce poco y un 8,1% apenas le suena. De hecho, suena tan poco esta red entre los españoles que el 58,1% de los mismos no es capaz ni siquiera de identificar el nombre “Red Natura 2000” con el medio ambiente.
Pese a contar esta red con 1.787 lugares, solo el 4% es capaz de citar un lugar de esta red y tan solo el 3% afirma haber visitado un espacio de la red, dato curioso si lo comparamos con los más de 37 millones de personas que vivien en un municipio en el que en su totalidad o en parte se encuentra protegido por un espacio de esta red (80% de la población española) ¡De creer estos porcentajes, hay más de un 77% de ciudadanos que no se mueven por su término municipal!
Uno de los peligros de la protección ambiental es que genere sobre los ciudadanos un rechazo al considerar que puede a su vez conllevar una serie de limitaciones importantes, sin embargo, según la misma encuesta, el 98% de la población española opina que es positivo para un territorio, impulsar en el mismo medidas de protección medioambiental.
Podemos preguntarnos si este desconocimiento de la Red Natura 2000 es fruto de la desidia de los ciudadanos españoles o bien un fracaso de nuestras autoridades ambientales. Para ello podemos comparar con el grado de conocimiento de otras figuras de protección del territorio. Ciñéndonos a la misma encuesta, para no introducir más sesgos, vemos que el 61% dicen haber visitado algún Parque Natural, un 58,8% un Parque Nacional e incluso el 45,8% una reserva de la Biosfera.
Se puede, por lo tanto, concluir que es necesario un mayor esfuerzo por parte de nuestras administraciones para dar a conocer la mayor red de espacios protegidos de España y Europa. Desde SEO/BirdLife, se acaba de presentar, para su financiación, un proyecto muy ambicioso para dar a conocer la Red Natura 2000 y sus ventajas. Si todo va bien podremos empezar dentro de un año.
(N.B. Dedicado a @paleartico)
Este fin de semana estuve en un depauperado río Tajo por culpa del trasvase franquista Tajo-Segura. Este año se ha batido el récord de volumen de agua trasvasada al Segura desde 2005. De enero a junio se derivaron 151,8 hectómetros cúbicos del Tajo a Levante, una cifra que no se superaba en un primer semestre desde 2005. Llama la atención que esto ocurra cuando, los embalses del Segura tienen más agua de su cuenca que nunca.
En el año hidrológico 2009/10 la cabecera del Tajo tuvo 1.329 hm3 de aportaciones de las cuales solo se dejó que siguiese su cauce natural 270 hm3. El 80% restante es lo que la Ley del trasvase considera como “excedentes” que pueden ser trasvasados al Levante.
Este año, el 75% del agua desembalsada se ha ido al Levante y solo un 25% por el curso natural del Tajo. Independientemente de que se esté a favor de los trasvases o no, no parece razonable trasvasar el 75% del agua de la cabecera de un río ¿Tenemos que conformarnos con que el río Tajo desemboque en el Mediterráneo?
Tal y como obliga la Directiva Marco del Agua, la gestión del agua debe hacerse en el seno de las propias cuencas hidrográficas. Gestionar bien el agua es no gastar más de la que se tiene.
Llegado a este punto habría que preguntarse si no habría que modificar nuevamente la Constitución para imponer también un techo de gasto de agua, y un equilibrio hidríco en cada una de las cuencas. Seguramente este equilibrio sería mucho más justo socialmente, e imprescindible ambientalmente, que el ya tristemente famoso equilibrio presupuestario.
Hoy es un día clave para la modificación de la constitución. Todos los foros de opinión estarán discutiendo sobre si los techos de gasto son progresistas, si nos están maniatando, si debe haberse convocado un referendum, si es precipitado o no, si el acuerdo es contranatura… Yo reflexionaré sobre la Constitución y el Medio Ambiente.
El Artículo 45 de la Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, dice literalmente:
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
De ello, deberíamos concluir que nuestro medio ambiente debería ser hoy mejor que en 1978, ya que existe la obligación de no degradar, así como de restaurar lo que esté en mal estado de conservación, con el objeto de mejorar nuestra calidad de la vida. Y si alguién osase vulnerar este artículo se le perseguirá con toda la fuerza de la ley.
Sin embargo, todos los indicadores nos muestran que nuestro medio ambiente es hoy peor que en 1978. Nuestras aguas y nuestro aire están más contaminados, nuestra costa está casi totalmente urbanizada, un 30% de nuestras especies están amenazadas de extinción, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se han disparado, etc…
Esto me lleva a dos líneas de reflexión. Por una parte que el hecho de que algún precepto se incluya en la Constitución no es garantía de que se cumpla (esto es un aviso a los mercados ávidos de que nos doblegemos a ellos y fijemos equilibrios presupestarios en nuestra carta magna). Por otra parte buscar las causas de esta diferencia entre lo planificado (artículo 45 de la Constitución) y lo observado (la realidad misma).
La causa del flagrante incumplimiento de la Constitución es sencilla, los poderes públicos no han cumplido con su deber constitucional de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Así de sencillo, así de triste. El poder legislativo no ha legislado lo suficientemente rápido, y su legislación no ha sido lo suficientemente ambiciosa. El poder ejecutivo no solo no ha hecho cumplir la ley, sino que se dedica sistematicamente a vulnerarla de forma directa. El poder judicial no ha sabido ni querido sancionar adecuadamente los atropellos al medio ambiente.
Yo no soy economista, pero sí puedo avisar a nuestros poderes públicos, basándome en las evidencias científicas y técnicas, que estamos entrando en un punto de no retorno, en el que la degradación del medio ambiente tendrá un efecto sobre la economía 1.000 veces superior al ataque del especulador más despiadado a nuestro mercado de deuda.
Ah! y ya que estoy, empezaré a exigir la obligación constitucional de que el que viole el artículo 45 restaure el medio ambiente dañado, empezando por los poderes públicos.
Este gobierno ha dado ya muchas muestras de no querer gestionar los asuntos del agua. Desde el agua para todos, cediendo continuamente a las solicitudes trasvasistas de Murcia y Valencia desde el Tajo, pasando por regalar el Guadalquivir a Andalucía, o el Duero a Castilla y León. Parecía que el Tribunal Constitucional había puesto un poco de cordura en todo esto al devolver las competencias a la Administración General del Estado en el Guadalquivir y el Duero, pero parece que al Ministerio de Medio Ambiente le queman sus competencias en agua.
Este viernes pasado sin ningún tipo de aviso previo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, ha aprobado una reforma de la Ley de aguas que transfiere las competencias en el control y vigilancia de las violaciones del Dominio Público Hidráulico (DPH) a las comunidades autónomas. Se trata del ataque más serio a la unidad de cuenca hidrográfica desde lo del Guadalquivir y el Duero. Se aprobó por Real Decreto Ley que deberá ser refrendado por las Cortes, y afecta, por ahora, a tres comunidades autónomas: Cataluña, Aragón y Andalucía. Claro que es cuestión de tiempo que cada una de las otras comunidades soliciten las competencias que el gobierno regala.
Constitucionalidad de la modificación
A mi juicio, el control, la vigilancia y la sanción son herramientas fundamentales para asegurar la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma, y por lo tanto es parte misma de las competencias de la Administración General del Estado, según el artículo 149 (22ª) de la Constitución Española. De hecho es el criterio seguido por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional cuando las comunidades autónomas han intentado arrogarse competencias en materia de policía o sancionadora (véase por ejemplo la sentencia del TC en el caso de la Ley 17/1987 de 13 julio 1987 que regula la administración hidráulica de Cataluña).
Efectos perversos de la modificación
A priori, puede parecer que es lo mismo que sea una u otra administración la que tenga la capacidad de controlar, inspeccionar, vigilar y sancionar, puesto que según nuestra Constitución todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Sin embargo, lo cierto es que no es así. En muchas ocasiones las políticas promovidas desde las comunidades autónomas chocan frontalmente con las de las Confederaciones Hidrográficas, y con la nueva regulación, la comunidad autónoma no tendría más que hacer la vista gorda para arrimar el ascua a su sardina.
Veamos algunos ejemplos. Una comunidad autónoma X puede considerar que ya que un río pasa por su región debe utilizarse el máximo de su agua en su territorio, sin contemplar que ese río pasa posteriormente a otras comunidades autónomas. La Confederación, que ha de velar por los usos en toda la cuenca hidrográfica, planifica para que se utilice el agua en toda la cuenca, reservando, por ejemplo, agua para las comunidades autónomas, aguas debajo de la comunidad X. Pues bien, dicha comunidad X no tiene más que promover con sus discursos y su falta de vigilancia el uso ilegal del agua, y listo, el agua para su molino. También valdría el ejemplo contrario: una comunidad autónoma actua con diligencia al perseguir y sancionar los usos ilegales del agua en su territorio, mientras que la comunidad aguas abajo, aplica una política de barra libre y de mirar hacia otro lado en esos mismos usos ilegales en su territorio. ¿Cuánto tiempo seguiría la comunidad autónoma “diligente” sancionando a sus ciudadanos, para que dejen en el río o acuífero el agua que después en otra comunidad usarán de forma ilegal sin sanción alguna? Y no digamos cuando se trate del cumplimiento de obligaciones internacionales con otros paises, como Portugal, que recibe lo que nosotros dejamos en el Miño, Duero, Tajo, Guadiana…
La cuestión es sencilla, ¿alguien se fiaría de que el gobierno murciano vigilase el uso del agua del trasvase Tajo-Segura, que el Gobierno de Castilla-La Mancha cierre pozos ilegales en Daimiel, que el gobierno andaluz acabe con los regadíos ilegales de fresas en Huelva o a la Comunidad de Madrid denunciando al Canal de Isabel II? Pues de eso hablamos, de poner a la zorra a vigilar el gallinero.
Defectos formales
En primer lugar, llama la atención que el gobierno haya aprobado esta modificación a través de un Real Decreto Ley que la Constitución Española reserva a casos “de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86) ya que nada hace intuir que sea el caso de la cesión de la policía del Dominio Público Hidráulico a tres comunidades autónomas. Evidentemente es una estrategia perversa e inconstitucional para poder aprobar esta modificación en la presente legislatura sin hacer ruido. De hecho se ha aprovechado el Consejo de Ministros que coincide con la reforma de la Constitución, y con la modificación de las condiciones de los contratos temporales, para que pasase desapercibida esta importante modificación.
Por otra parte, esta modificación no ha sido consultada ni al Consejo Nacional del Agua, ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Según el propio texto refundido de la Ley de aguas, “las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico” requieren un informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua (Art. 20). Es innegable que las competencias en control, inspección y vigilancia de las concesiones y de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, que es lo que regula esta modificación aprobada por el gobierno, entran dentro de esta definición.
Por otra parte, son funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente “emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de real decreto con incidencia ambiental”, existiendo un compromiso por parte de la Ministra de enviar al CAMA todos los proyectos y anteproyectos.
Finalmente, el artículo 8 del Convenio de Aarhus, ratificado por el Estado Español, y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, obliga a “promover una participación efectiva del público en una fase apropiada, y cuando las opciones estén aún abiertas, durante la fase de elaboración por autoridades públicas de disposiciones reglamentarias o de otras normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente”. En este caso, la reforma se hizo, sin ningún tipo de información ni de participación, y por lo tanto, vulnerando el Convenio de Aarhus.
Moraleja
Heráclito de Efeso sentenció que “son distintas las aguas que cubren a los que entran al mismo río”, pues bien, parafraseando al gran filósofo clásico, también podemos decir que, gracias a este gobierno, “serán distintos los criterios para sancionar a los que violen el dominio público hidráulico del mismo río en diferentes comunidades autónomas”.
Hace unos días analizábamos la importancia relativa de los temas agrícolas y medioambientales sobre la base de los presupuestos generales del estado. Hoy he dedicado 5 minutos a sacar unas pequeñas estadísticas sobre el número de entradas que hay en la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Mientras que las especies más amenazadas de España cuentan con pocos cientos de entradas (Lince, 1.240 entradas; Oso, 1.520; Águila Imperial, 1.580; Visón Europeo, 284), nuestras principales frutas, hortalizas, etc se cuentan por millares (tomate, 7.880; pepino, 3060; naranja, 3060; trigo, 8.780). Si tratamos con productos elaborados conseguimos incluso mejores cifras, mientras que olivo tiene solo 4.040 entradas, el aceite se dispara hasta las 11.500; y mientras que la vid se queda en 5.000 entradas, el vino llega a las 8.870. Para hacernos una idea hábitat apenas alcanza los 10.000 entradas.
Por supuesto agricultura supera a biodiversidad (58.000 vs 32.800).
Para que luego digan que hay que recuperar el Ministerio de Agricultura y Pesca.
N.B. Esta no es más que un análisis simpático de verano sin mayor pretensión que carece de toda fiabilidad en el análisis de los resultados.
Ayer, en Málaga, Mariano Rajoy prometió recuperar el Ministerio de Agricultura, y yo me pregunto: ¿Se referirá al nombre? ¿no?
Zapatero en su segunda legislatura unió los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura en el Ministerio llamado de los medios (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). Del nombre se mantuvo el medio ambiente y desapareció la palabra agricultura, pero, ¿y de su política?
Se pueden decir muchas cosas de boquilla, pero dónde realmente se ven las políticas es en los Presupuestos Generales del Estado, así que analicemos el reparto presupuestario entre el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura.
Si acumulamos el presupuesto de todas las partidas que correspondían al antiguo Ministerio de Agricultura y le sumamos el presupuesto de obras para riego nos encontramos que suman el 90% del presupuesto del actual MARM. Es decir, solo un 10% del presupuesto corresponde a Medio Ambiente. Pero es que además, esta importancia relativa de la agricultura frente al medio ambiente se acrecienta cada año (en 2010 el medio ambiente suponía un 12% del presupuesto del Ministerio). Esto se debe a que, mientras que las partidas “agrícolas” se redujeron en promedio un 10% las “medioambientales” lo hicieron un 32%. La noticia positiva es que las partidas medioambientales son, de por si, tan exíguas que ya no tienen por dónde recortarse, o eso espero.
Lo que necesitamos, por lo tanto, no es recuperar el Ministerio de Agricultura, sino el de Medio Ambiente. Así que menos demagogias señor Rajoy y más medio ambiente.
El Consejo de Ministros acaba de reducir, nada más y nada menos que un 50%, el IVA para la vivienda de nueva construcción. Parece ser que el gobierno todavía le ve potencial a la construcción y se aferra al ladrillo cual Gollum al anillo. Me imagino que la decisión viene motivada por las altas tasas de paro que deben torturar al gobierno y por la necesidad de ayudar a promotores urbanísitcos y en especial a la banca que son los principales beneficiados. Sin embargo, la decisión, a mi juicio es un grave error.
Efecto sobre el medio ambiente
Según el informe de cambios de ocupación del suelo del Observatorio de la Sostenibilidad en España el suelo urbano e industrial aumentó un 29,5% en el periodo 1987-2000, una de las tasas más altas de Europa, concentrándose el proceso de urbanización en el litoral (sobre todo mediterráneo), área metropolitana de Madrid y ciudades medias. Estas transformaciones conllevaron la pérdida de 141.000 ha de suelo agrícola y 52.000ha de zonas con vegetación arbustiva y herbácea. Además, el modelo urbanístico que se ha potenciado ha sido el de viviendas con gran ocupación de superficie, de alto gasto en agua y energía y separado de los cascos urbanos. Básicamente urbanizaciones de casas unifamiliares y si es posible con campo de golf, mejor que mejor.
A todo esto, la destrucción del hábitat es, en sí misma, la primera amenaza sobre la biodiversidad. Pero a este impacto directo de la destrucción de hábitat por urbanización hay que sumarle las amenazas de los nuevos tendidos eléctricos, las nuevas vías de comunicación, el impacto de las graveras y cementeras necesarias para la construcción, etc. De hecho, la construcción es uno de los sectores que suponen una mayor amenaza para la biodiversidad.
Vamos, que la apuesta del Consejo de Ministros es el fomentar un sector que se ha dedicado a devorar nuestro territorio, sin tener en cuenta los efectos perversos que ha tenido en otros temas como son la crisis económica actual o la corrupción generalizada en nuestro país (según Transparency International, España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor percepción de corrupción, en buena parte debido a la construcción y a la deficiente financiación de las adminsitraciones locales).
Pérdida de oportunidad para promover un cambio en política de vivienda
El gobierno está fomentando la compra de viviendas en propiedad y, además, de nueva construcción. Es cierto que los Españoles tenemos el derecho a tener acceso a una vivienda digna, pero no a que la vivienda sea de nueva construcción, ni siquiera a que sea en propiedad. La vivienda en propiedad tiene claros aspectos negativos: reduce la mobilidad laboral, aumenta la distancia de la vivienda al trabajo, supone más gasto energético en transoporte, aumenta el tiempo medio de desplazamiento entre la vivienda y el trabajo, etc. Es decir, más gasto y menor flexibilidad laboral. Por su parte el alquiler, reduce estos inconvenientes, siendo especialmente interesante si es alquiler público.
A mi juicio las políticas en vivienda debieran pasar por fomentar la vivienda en alquiler, sobre todo pública, y la rehabiliatación de viviendas. En España contamos con más de un millón de viviendas vacías usadas (una parte de las cuales requieren rehabilitación para cumplir con las necesidades de una vivienda del siglo XXI) y dos millones de viviendas vacías de nueva construcción. Teniendo en cuenta que en España hay 15 millones de familias, nos damos cuenta de la importante bolsa de viviendas sin ocupar que podría ser utilizada en una política activa de alquiler. Y sobre todo muestra la necesidad de penalizar cualquier nueva construcción de viviendas, exceptuando casos especialmente justificados.
Apuesta por un callejón sin salida
Apostar por la construcción es apostar por un sector que no tiene futuro. Por mucho que nos empeñemos, en España llegará un momento en el que no necesitemos más viviendas (tal vez ya estemos en ese punto) y en ese momento el sector tendrá que reestructurarse para atender a las necesidades de la rehabilitación. Además, supone un sector de trabajo poco cualificado, y con una flexibilidad pequeña en el mercado de trabajo.
En una crisis como la actual, es el momento de apostar por la formación, por la I+D+i y por los empleos verdes. La decisión es la de prolongar la agonía y la crisis o fomentar en España el desarrollo de nuevos sectores de futuro, como por ejemplo las energías renovables, la agricultura ecológica, etc.
¡Manolo, saca la paleta y a poner ladrillos! Vieja solución para nuevos tiempos, mala solución.
Ya sé lo que le falta al sistema para que el procedimiento de impacto ambiental sea más eficaz. Previamente a enviar cualquier plan o proyecto al órgano ambiental para su evaluación, debería pasar por un Consejo del Sentido Común. Este Consejo estaría compuesto por un niño (ya se sabe que nunca mienten), una ama de casa (por lo de ajustar las cuentas de la casa), un pintor de paisajes (por lo de la estética) y un director de coro que actuaría como presidente y se encargaría de que el Consejo no desafine. El Consejo decidiría si es sensato llevar a cabo ese proyecto desde el punto de vista del sentido común y de su viabilidad económica.
Veamos algunos casos reales con los que se hubieran tenido que enfrentar:
Recrecimiento del Embalse de Rosarito.- Según la Confederación del Tajo es necesario acometer una obra de 50 millones de euros que destruirá más de 200 ha de un hábitat prioritario, considerado como crítico para el águila imperial y la cigüeña negra e incluidos en dos espacios protegidos para evitar que tres viviendas se inunden un máximo de 18 cm cada tres años. No me cabe duda que el Consejo no lo hubiera considerado sensato y los españoles nos hubiéramos ahorrado el costoso procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Más nos vale comprarles las viviendas a sus dueños y dejarnos de tonterías. El proyecto sigue en evaluación.
Refinería de Petróleo.- A un promotor privado, con el apoyo de la Junta de Extremadura, se le ocurre hacer una refinería de petróleo en plena Tierra de Barros, obligando a un mayor tráfico de petroleros frente al Parque Nacional de Doñana y a transportar el crudo 200 km tierra adentro. El poliducto deberá atravesar numerosos espacios de la Red Natura 2000. El Dictámen del Consejo, seguro que volvería a ser el de considerar insensato este proyecto. No necesitamos más refinerías, pero de necesitarse el sentido común recomienda situarlas cerca de la costa. En la actualidad sigue en trámite de evaluación de impacto ambiental, siendo tal vez uno de los expedientes más complicados y caros.
Autopista de Peaje Dos Mares.- El Ministerio de Fomento propuso una autopista de Peaje que uniese Logroño con Santander. Con el objeto de reducir el trayecto tan solo unos 30 minutos la infraestructura afectaría a 25 espacios protegidos (7 Lugares de Importancia Comunitaria y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves) y a 5 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA). El Ministerio de Medio Ambiente tras un costoso procedimeinto de evaluación rechazó el proyecto, pero al Consejo le hubieran bastado unos minutos para dictáminar la falta de motivación y el despilfarro económico que suponía este proyecto.
Podría poner muchos más ejemplos, pero creo que no son necesarios, todos conocemos autopistas de peajes que no tienen coches, aeropuertos que no tienen aviones y urbanizaciones que no tienen habitantes, y todos ellos con importantes impactos ambientales. Una Ministra de Medio Ambiente me dijo un día que todo el mundo tenía el derecho de arruinarse como quiera, el problema es que los promotores se suelen arruinar con el patrimonio natural de todos los españoles.
¡Por favor, un poquito de sentido común!
