Ya sé lo que le falta al sistema para que el procedimiento de impacto ambiental sea más eficaz. Previamente a enviar cualquier plan o proyecto al órgano ambiental para su evaluación, debería pasar por un Consejo del Sentido Común. Este Consejo estaría compuesto por un niño (ya se sabe que nunca mienten), una ama de casa (por lo de ajustar las cuentas de la casa), un pintor de paisajes (por lo de la estética) y un director de coro que actuaría como presidente y se encargaría de que el Consejo no desafine. El Consejo decidiría si es sensato llevar a cabo ese proyecto desde el punto de vista del sentido común y de su viabilidad económica.
Veamos algunos casos reales con los que se hubieran tenido que enfrentar:
Recrecimiento del Embalse de Rosarito.- Según la Confederación del Tajo es necesario acometer una obra de 50 millones de euros que destruirá más de 200 ha de un hábitat prioritario, considerado como crítico para el águila imperial y la cigüeña negra e incluidos en dos espacios protegidos para evitar que tres viviendas se inunden un máximo de 18 cm cada tres años. No me cabe duda que el Consejo no lo hubiera considerado sensato y los españoles nos hubiéramos ahorrado el costoso procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Más nos vale comprarles las viviendas a sus dueños y dejarnos de tonterías. El proyecto sigue en evaluación.
Refinería de Petróleo.- A un promotor privado, con el apoyo de la Junta de Extremadura, se le ocurre hacer una refinería de petróleo en plena Tierra de Barros, obligando a un mayor tráfico de petroleros frente al Parque Nacional de Doñana y a transportar el crudo 200 km tierra adentro. El poliducto deberá atravesar numerosos espacios de la Red Natura 2000. El Dictámen del Consejo, seguro que volvería a ser el de considerar insensato este proyecto. No necesitamos más refinerías, pero de necesitarse el sentido común recomienda situarlas cerca de la costa. En la actualidad sigue en trámite de evaluación de impacto ambiental, siendo tal vez uno de los expedientes más complicados y caros.
Autopista de Peaje Dos Mares.- El Ministerio de Fomento propuso una autopista de Peaje que uniese Logroño con Santander. Con el objeto de reducir el trayecto tan solo unos 30 minutos la infraestructura afectaría a 25 espacios protegidos (7 Lugares de Importancia Comunitaria y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves) y a 5 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA). El Ministerio de Medio Ambiente tras un costoso procedimeinto de evaluación rechazó el proyecto, pero al Consejo le hubieran bastado unos minutos para dictáminar la falta de motivación y el despilfarro económico que suponía este proyecto.
Podría poner muchos más ejemplos, pero creo que no son necesarios, todos conocemos autopistas de peajes que no tienen coches, aeropuertos que no tienen aviones y urbanizaciones que no tienen habitantes, y todos ellos con importantes impactos ambientales. Una Ministra de Medio Ambiente me dijo un día que todo el mundo tenía el derecho de arruinarse como quiera, el problema es que los promotores se suelen arruinar con el patrimonio natural de todos los españoles.
¡Por favor, un poquito de sentido común!
Los intereses económicos y políticos acaban de darle otro mordisco al patrimonio de todos los seres vivos. Esta vez es un río lo que destruyen y arrancan a la Tierra otra de sus arterias.
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de anunciar que va a autorizar el Embalse de Biscarrués (Huesca) y con ello destruirá otro río más, el río Gállego. Hasta dónde llega mi humilde entendimiento no alcanzo a comprender como puede sentirse una persona que toma la decisión de destruir un río, un ecosistema que ha tardado decenas de miles de años en formarse. También es difícil comprender que las administraciones, que deberían ser garantes de la legalidad, sean los primeros en vulnerar las normas al nombre de un desarrollo que nos está dejando sin patrimonio natural.
El Embalse de Biscarrués, que destruirá uno de nuestros ríos más famosos por sus aguas bravas, tiene por objeto destruir otra de las joyas de la corona, Los Monegros. El objetivo es regar esta zona árida, largamente reclamada por la comunidad científica y los ecologistas como Parque Nacional. De esta manera, bajo la presión de los regantes monegrinos y del PSOE y PAR aragoneses, el Ministerio de Medio Ambiente decide construir el embalse. Enhorabuena a los premiados, unos cuantos se forrarán a costa del patrimonio de todos. Es la historia de la humanidad. Y esto lo hace pese a los informes de organismos públicos en contra (CEDEX e IGME) y la opinión de más de veinte científicos de siete universidades y cinco centros del CSIC.
En mi twitter (@atienzajc) daba ayer diez razones para no autorizar el Embalse de Biscarrués:
1. La existencia de alternativas factibles y económicamente viables que presentan un impacto ambiental significativamente más bajo.
2. La vulneración de la Directiva Marco del Agua ya que esta obra no puede acogerse a ninguna de las excepciones de su artículo 4.7
3. Los perjuicios irreversibles y críticos sobre el LIC Bajo Gállego que suponen incumplir el artículo 6 de la Directiva de Hábitats
4. Que la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha evaluado los impactos indirectos sobre las áreas que serán regadas tal y como solicitó la Dirección General de Evaluación Ambiental, vulnerando la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental
5. Que el uso del agua de Biscarrués tendrá un impacto inasumible en Los Monegros, y que eso motivará que el Gobierno de Aragón se enfrente nuevamente a una queja europea
6. El inasumible impacto sobre especies catalogadas como En Peligro de extinción, particularmente sobre el Milano Real, por lo que se vulnera la Directiva de Aves Silvestres
7. El impacto negativo socioeconómico en la comarca de la Galliguera, destruyendo uno de los mejores ejemplos de desarrollo rural sotenible
8. La carencia en el expediente de información considerada necesaria por la Dirección General de Evaluación Ambiental
9. El embalse de Biscarrués es continuar un modelo franquista de desarrollo a base de destruir ríos para obtención de un rendimiento económico a corto plazo.
10. Simplemente es ilegal y nuestras administraciones no deberían incumplir las leyes
Y se me olvidó el más importante: el sentido común, aunque este es un sentido que importa poco cuando hay grandes presiones por parte de los sectores económicos y políticos.
En cualquier caso, las ONG estudiaremos la Declaración de Impacto Ambiental, y llevaremos este proyecto ante los tribunales. Ayer un periodista me preguntaba si era optimista de que ganemos este caso ante los tribunales, pues bien, uno nunca puede asegurar nada cuando se presenta ante un magistrado, pero el carácter optimista que me caracteriza me hace confiar en que la cantidad de vulneraciones a la normativa vigente que se han producido en este procedimiento no pasará desapercibido por los jueces.
