Los muertos de Málaga ya son de todos
ANTONIO AVENDAÑO
A mucha gente le gusta la Ley de Memoria Histórica, pero sospecha con amargura que es una ley fracasada. Y no tanto porque haya nacido coja en sus propósitos e instrumentos como porque no ha logrado remover la percepción del pasado que sigue teniendo la mitad del país. Aunque la idea general de la ley era la de ajustar cuentas con la dictadura franquista y saldar simbólicamente sus sangrientas e incontables facturas impagadas, la derecha la interpretó como un asunto personal y una agresión en toda regla, y por ahí sí que no. Ni que la guerra hubiera quedado empate, ¡por Dios santo, ver para creer!
Entre 1937 y 1957 fueron enterrados en San Rafael 4.471 cadáveres, de los cuales se han recuperado 2.838. Su modélica exhumación se ha parecido a lo que muchos querrían que hubiera sido la Ley de Memoria: un intento de pactar el pasado y reconciliarnos con nosotros mismos como país. En la operación, promovida por la Asociación contra el Olvido, han participado de buena fe las autoridades socialistas y conservadoras, consiguiendo así lo que parecía imposible: que los muertos que eran sólo de unos se hayan convertido en muertos de todos.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, ha actuado con respeto y generosidad, lo cual a su vez ha favorecido que la Junta de Andalucía haya respondido con la misma moneda. O tal vez fue a la inversa. Da igual. El hecho diferencial es que una institución gobernada por la derecha ha actuado como si fuera de izquierdas, y una institución gobernada por la izquierda ha tomado buena nota de ello. Lo novedoso no es que San Rafael no haya sido exhumado contra nadie: lo novedoso es que nadie se haya sentido agredido por la exhumación ni nadie haya intentado agredir a nadie con ella. Ver para creer.
