ANTONIO AVENDAÑO
El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, parece un hombre prudente, y eso no es malo, pero parece también un hombre que siente una educada pero inequívoca aversión a la política, y eso no es bueno, pues el descreimiento de la política es en sí mismo una posición política, aunque el propio descreído crea lo contrario.
Su discurso de ayer fue el de un hombre modesto y sin pretensiones que se ha propuesto sinceramente a sí mismo estar más allá de la política, no verse contaminado por ella, como se desprende de estas palabras entresacadas de su discurso: “La función jurisdiccional no es acción política, sí es acción estatal”. Y puede admitirse que es así en general, sí, pero que nunca lo es en el caso particular de presidir el Poder Judicial y la más alta magistratura jurisdiccional del Estado.
Cuando se ocupa el lugar que, un poco enigmáticamente, ocupa desde ayer Carlos Dívar uno está condenado a hacer política, y además uno debe saber que está condenado a ello. Otra cosa bien distinta es cómo la haga, hasta dónde la haga y al servicio de quién la haga. De su antecesor Francisco Hernando sabemos cuán toscamente hacía política y al servicio de quién hacía esa política. Sería bueno que Dívar no se mirara en ese deformante espejo.
Los jueces más altos de la pirámide judicial deben saber de sí mismos lo que tan lúcidamente sabía el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos John Marshall: “Nosotros -decía- no hablamos los últimos porque tengamos razón, sino que tenemos razón porque hablamos los últimos”. Quien hace que tengan razón es la política, pues quien los ha puesto en la cumbre misma de la justicia, quien los ha puesto en la privilegiada posición de hablar los últimos no ha sido la justicia, ha sido la política. Así que un respeto.
MARCO SCHWARTZ
A estas alturas nadie duda de que la economía mundial atraviesa una grave crisis. Lo discutible, e indignante, es que la solución al caos de Wall Street pase por inyectar 700.000 millones de dólares para rescatar a los tiburones causantes de la catástrofe.
Se equivoca quien crea que Bush está rectificando su ideario neoliberal. Las medidas de control que adjunta al paquete son el chocolate del loro. A juzgar por el tono dramático con que el presidente urge al Congreso la aprobación del paquete económico, todo sugiere que estamos ante un nuevo episodio de lo que Naomi Klein denomina la Doctrina del shock. Aplicada en medio mundo en los últimos 30 años, la doctrina consiste en aprovechar –y atizar– la zozobra social que producen las grandes crisis para apuntalar las tesis liberales. El demócrata Obama y su partido han apoyado la medida; ahora les corresponde la ardua tarea de vigilar a la derecha para no se salga con la suya.
Los beneficiarios directos del plan serán las grandes corporaciones financieras. El artífice de la iniciativa, Henry Paulson, presidía una de ellas, Goldman Sachs, antes de acceder al cargo de secretario del Tesoro. Este incesto entre
Wall Street y la Casa Blanca agravará la deuda de EEUU y se traducirá –tiempo al tiempo– en recortes sociales. Bush propuso en 2005 la privatización parcial de las pensiones. ¿Llegará el gran momento?
MARCO SCHWARTZ
A menos que esta vez ocurra el milagro, el caso Fabra amenaza con convertirse en un proceso judicial eterno, similar al que Charles Dickens retrató en su formidable novela Casa Desolada. Han transcurrido ya cinco años y se han apilado 20.000 folios de sumario desde que al presidente de la Diputación de Castellón le fueran imputados varios delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude social. Cada vez que el juzgado encargado del caso ha intentado dar un paso efectivo en el procedimiento, se ha producido -oh, casualidad- un relevo del juez.
Así, el atestado ha pasado ya por las manos de ocho jueces, mientras el ilustre imputado continúa ejerciendo a pleno rendimiento su poder omnímodo en Castellón. Su última pirueta caciquil fue aupar en 2007 al Senado y, un año después, al Congreso de los Diputados, a su hija Andrea, esposa del consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes.
¿Y qué dice a todo esto Mariano Rajoy, el sedicente cruzado contra la corrupción? Pues proclama en público que Fabra es “un ciudadano y un político ejemplar”. Alega que, mientras los tribunales no se pronuncien, todas las personas son “iguales”. El presidente del PP opta así por judicializar la política para proteger, quién sabe por qué razones recónditas, a un personaje al que un partido con ansias reales de renovación habría, como mínimo, apartado de sus listas en los últimos comicios regionales.
MANUEL RICO
El presidente autonómico de Cantabria, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el presidente del Senado y varios dirigentes del PP decidieron que ayer tocaba poner en la diana de sus diatribas al PNV. Los indocumentados relacionaron directamente al PNV con el terrorismo, mientras que los ladinos destacaron la supuesta “ambigüedad” del partido nacionalista.
Indocumentados y ladinos deberían explicar a la sociedad cómo es posible que el PNV sea una especie de aliado secreto de ETA y al mismo tiempo lleve meses sufriendo sus ataques. Hay concejales nacionalistas amenazados, insultados y cuyas propiedades han sido atacadas. Los batzokis se han convertido en uno de los objetivos prioritarios de los radicales de la kale borroka y el cóctel molotov. Y ETA ha intentado varias masacres de ertzainas.
Sería conveniente, eso sí, que la explicación no suponga un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Un diario que hace años se presentó en Euskadi jaleando la independencia, y que ahora está en la derechona, publicó ayer un editorial en el que acusaba al PNV de sufrir “una actitud patológica masoquista”. ¿No les suena el razonamiento? ¿Acaso no sabían ustedes que las jóvenes en minifalda van pidiendo que las violen y los policías vascos son unos masocas que reclaman a gritos coches bomba?
También sería de gran interés que indocumentados y ladinos explicaran qué significa la “ambigüedad” del PNV. Este partido ya condenaba los atentados de ETA hace treinta años, cuando los franquistas reciclados que fundaron AP se oponían a la Constitución y al Estatuto vasco que ahora santifican. Y el PNV siguió rechazando la violencia cuando los GAL estaban en plena actividad. Y también cuando Aznar les entregó alegremente pasta y transferencias a cambio de votos para llegar a la Moncloa.
ANTONIO AVENDAÑO
Es la selva. Sálvese quien pueda. En los ayuntamientos españoles reina el más absoluto caos salarial, por lo cual cada alcalde se pone el sueldo que puede ponerse. No el que quiere, sino el que puede. Los alcaldes de izquierdas suelen ponérselo a la baja, pero no siempre es porque sean más austeros, sino porque le tienen más miedo a su electorado, que acostumbra a mostrarse muy severo en esta cuestión. Los alcaldes de derechas tiran más bien por elevación y no se cortan, pero tampoco ellos se comportan así porque sean de por sí más codiciosos: el motivo de tanta largueza con el dinero público es que su electorado no acostumbra a penalizarlos por excederse en la nómina. Ni en la nómina ni en otras cosas. De hecho, tampoco los penaliza cuando hacen cosas peores, como que la Policía, pongamos por caso, les encuentre en casa 60.000 milagrosos euros en metálico, como sucedió con el reelegido alcalde de Alhaurín el Grande.
En cuanto a los altos cargos en territorio nacionalista, también tiran más bien por lo alto, aunque su excusa es que hay que dignificar el cargo y la nación a la que se representa. Ya. El cargo, la nación y el morro.
No debería ser difícil poner algún orden en esa selva de nóminas donde muchas veces el alcalde chico se come al grande. Si la Federación de Municipios sirviera para algo, ya habría hecho algo. Si quisiera, claro, que más bien no quiere.
Aun así, el oficio de la política está mal pagado, empezando por los propios ministros. Por supuesto, no es fácil saber si están mal pagados porque son malos políticos o son malos políticos porque están mal pagados. Pero como eso no lo sabremos nunca, hagamos lo que hay que hacer, hagamos una maldita ley, que es lo que se ha hecho toda la vida para regular los excesos de toda la vida: los excesos derivados de la vanidad, el cinismo, la codicia o el miedo.
JESÚS MARAÑA
El flamante portavoz del PP, Esteban González Pons, explicó hace un par de semanas su posición ante la propuesta del Gobierno para regular la eutanasia. “Se trata de implantar el suicidio asistido con cargo a la Seguridad Social”, dijo. Y no era una opinión personal. Por la misma senda argumental se deslizaron otros dirigentes del PP, que asistieron sin mover una ceja a programas de la Cope donde el “suicidio asistido” se reconvirtió en asesinato, al incluirlo en un paquete de criminales medidas ideadas por el Gobierno para desviar la atención de la economía. Parece que las encuestas confirman la máxima de que la dirigencia de los partidos suele ser más moderada que sus bases, pero más radical que el electorado. Si casi la mitad de los votantes del PP está a favor de legalizar la eutanasia y un tercio apoya la ampliación del aborto, sólo caben dos posibilidades: o el equipo de Rajoy no conoce lo que piensa su electorado o confía en que le votarán de todas formas y prefiere no molestar a la Iglesia. Mientras neocons y otras especies del liberalismo sacan estos días el cilicio y festejan el papel que siempre denegaron al Estado, Rajoy aplaude a Esperanza Aguirre, enterradora del relativismo moral y dispuesta a privatizar hasta el oxígeno si se deja. Ni encuestas ni terremotos financieros hacen mella en el PP. Pista al artista.
ANTONIO AVENDAÑO
Madrid y Andalucía. Andalucía y Madrid. Vidas inversas. La derecha arrasa en Madrid y la izquierda lo hace en Andalucía. Mientras Arenas no ve el día en que Chaves empiece por fin a perder, Esperanza Aguirre no ve el día en que Gallardón deje por fin de ganar. El presidente del PP andaluz sabe que su adversario verdadero es Chaves, y cómo no habría de saberlo si lleva toda la vida perdiendo frente a él, pero también la presidenta madrileña sabe que su verdadero adversario es Ruiz Gallardón. El alcalde de Madrid encarna a una derecha tal vez derrochona, sí, pero educada, tolerante y leída, una derecha tirando a europea que sabe que ciertas líneas rojas no deben cruzarse jamás porque hacerlo supone desvirtuar el juego mismo de la convivencia. Del mismo modo que en el PNV hay dos partidos, en el PP hay como mínimo uno y medio: el uno es el de Aguirre o Aznar y el medio es el de Gallardón.
Las razones por las que Gallardón no ha logrado aún ser el presidente del PP guardan una cierta simetría con las razones por las que Arenas no ha logrado todavía ser el presidente de Andalucía. Gallardón no logra presidir la derecha española porque no se parece lo suficiente a Esperanza Aguirre, mientras que Arenas no logra presidir Andalucía porque no se parece lo suficiente a Gallardón. Un candidato como el alcalde de Madrid pondría en serios aprietos electorales a Manuel Chaves. Un candidato como Arenas es poco probable que lo haga.
Y desengáñense quienes creen que Arenas siempre fue un líder centrista del centrismo centrado de toda la vida. En eso es listo como un lince: centrista, sí, pero según y cómo, según y cuándo, según y con quién. Arenas se siente igualmente a sus anchas sobre los acantilados de acero de Aguirre que sobre las cálidas playas de Gallardón. A veces, ser demasiado listo te impide ganar elecciones.
DAVID MIRÓ
Dentro de dos meses, concretamente el 16 de noviembre, se cumplirán cinco años de la victoria de la izquierda en las elecciones catalanas que aupó a Pasqual Maragall como primer president socialista. Todos los partidos catalanes, a excepción del PP, llevaban en sus programas electorales la reforma de un Estatut que se consideraba desfasado. Pocos podían pensar entonces que se estaba a punto de abrir la caja de los truenos.
Desde que se aprobó en el Parlament el 30 de septiembre de 2005 el proyecto de Estatut, el texto ha actuado como una especie de corrosivo que ha desnudado el sistema político e institucional español hasta mostrarnos todas sus vergüenzas.
La primera lección que tuvieron que aprender los catalanes es que la derecha española estaba dispuesta a atizar el odio al catalán con tal de recuperar el poder. La segunda fue que poner negro sobre blanco sus (legítimas) aspiraciones les podía salir muy caro (el capítulo del boicot nunca ha sido explicado en su auténtica magnitud). La tercera es que la España teóricamente progresista y abierta no iba a partirse la cara por ellos, sino que prefería silbar y mirar para otro lado.
Y finalmente, los catalanes aprendieron que lo que ellos habían aprobado en referéndum podía quedar en papel mojado en función de la composición de un Alto Tribunal sometido a todo tipo de injerencias por parte de los grandes partidos, y al albur de un “hecho biológico” como la muerte de un magistrado. Lo que nos queda después de pasar el Cillit Bang al Estatut es una España donde la separación de poderes se tambalea y la cultura pluralista es aún muy tenue.
Pero se puede aprovechar ahora que anda en cueros para buscarle un nuevo traje. ¿No creen?
POR MARCO SCHWARTZ
A primera vista, parece una escaramuza más en la vieja guerra que libran dos entrañables enemigos. Sin embargo, el enfrentamiento entre Ruiz-Gallardón y Aguirre por cuenta del Canal Isabel II merece, más allá de rebatiñas burocráticas y legales, una atención especial por su contenido de fondo.
Porque lo que está en juego no es el futuro político de un par de dirigentes conservadores, sino el propio modelo de sociedad. Aguirre quiere privatizar al menos el 49% del Canal, que abastece de agua a Madrid capital. Ya ha privatizado la gestión de la sanidad y aspira a que sus convicciones neoliberales se conviertan en la seña de identidad del PP. Aguirre pertenece a ese círculo de discípulos de Adam Smith que defienden la libertad plena de mercado, pero que le ponen paréntesis cuando conviene a sus intereses.
Ahí está el caso de Telemadrid, la cadena autonómica que la presidenta madrileña utiliza a su antojo con fines propagandísticos, y la puesta en marcha de un canal público adicional, La Otra, cuyas emisiones de prueba se realizaron –qué casualidad– desde las instalaciones del Canal Isabel II. La compañía del agua funciona de manera impecable. Tiene beneficios que rondan los 80 millones de euros. Pero Aguirre quiere repartirlos con inversores privados, quizás con intención de entregarles en el futuro la gestión. Como si la actual crisis económica no hubiera dejado ya bien claro que sobre gestiones no hay nada escrito: el Canal goza de espléndida salud a sus 157 años de vida pública, mientras que el ejemplar y centenario banco Lehman Brothers se derrumbó como un castillo de naipes bajo la dirección de eficaces administradores privados.
ANTONIO AVENDAÑO
Deberíamos estar hablando de lengua, de matemáticas y de fracaso escolar, pero estamos hablando de Educación para la Ciudadanía. Y lo estamos haciendo porque la derecha española de la misma España arropa, alienta y respalda a una extravagante minoría de católicos integristas y jerarcas eclesiásticos derrotados por la Historia que piensan de sí mismos lo que pensaba el papa Inocencio III, defensor de la idea de que un papa es menos que Dios, pero más que los hombres. Naturalmente, Inocencio III simulaba estar haciendo teología pero el muy cuco estaba, en realidad, haciendo política. Eso les ocurre a los objetores de EpC cuando desafían las leyes aprobadas por los hombres: que creen estar defendiendo los derechos de Dios, pero en verdad están defendiendo anacrónicos privilegios arrasados hace largo tiempo en toda la Europa moderna. Pero no ganarán. Esta vez no, pues incluso en España, esta vez, la mayoría de los católicos son gente normal, gente preocupada por la Lengua y las Matemáticas.
