Opinion · Por encima de nuestras posibilidades

Las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene

El pasado lunes el Gobierno regional del Partido Popular anunciaba la paralización del proceso de privatización y expolio de la sanidad pública. No es la única marcha atrás que gobiernos de distintas administraciones de ese mismo partido se han visto obligados a dar en estos meses. El éxito de las huelgas de limpieza en la ciudad de Madrid; las movilizaciones vecinales en el barrio de Gamonal en Burgos; y las, por ahora tímidas, demostraciones de incomodidad con la propuesta de Ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada pero que, acompañadas de las grandes muestras de rechazo social a las que podremos asistir en estos días, nos permiten pensar que también terminaremos por paralizarla.

Desde este punto de vista hay dos primeras enseñanzas que cabría extraer:

La primera es que frente al discurso de dos gobiernos que se han declarado incapaces para imponer sus programas electorales amparándose en el mantra de que eran órdenes europeas que estaban obligados a cumplir, la organización social sí ha podido imponer sus demandas. Ningún gobierno es sostenible sin el apoyo y el consentimiento social y en estos días somos testigos directos de ello.

La segunda tiene que ver con la dramática constatación de que la imposición de estos programas de reconversión neoliberal está generando en un brevísimo periodo de tiempo la agudización del sufrimiento para la amplísima mayoría social. No hay un sector que no haya sido modificado: sanidad, educación, derechos laborales, pensiones, atención a la dependencia… Al mismo tiempo que asistimos a todo un entramado de corrupción que es responsable directo de este sufrimiento mediante el saqueo y el expolio del dinero público.

No son medidas aisladas aplicadas de manera independiente, es la puesta en marcha de un proceso destituyente que tiene como objetivo la supresión de los mecanismos de redistribución que hacen efectivos el acceso a nuestros derechos.

La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo se enmarca también dentro de ese análisis, no es solamente un ataque contra las mujeres, es un ataque contra el conjunto de la sociedad y esto se hará evidente hoy en las calles de Madrid y volverá a hacerse evidente el 8 de Febrero. Es un ataque contra el conjunto de la sociedad porque tiene ver con el concepto de justicia social que defendemos, igual que la negación del acceso a una sanidad universal no sólo afecta a las personas con menos recursos, sino que afecta a la sociedad en su conjunto.

Tiene que ver con la justicia social porque esta ley establece un marco de total inseguridad sanitaria a las mujeres que debamos tomar esa decisión, prohibiendo cualquier tipo de información al respecto y aplicando penas de cárcel y de inhabilitación profesional a toda aquella persona que consienta una interrupción voluntaria del embarazo.

Conforme a la propuesta del ya conocido como ministro de injusticias, las mujeres que se sometan a esa intervención no podrán ir a la cárcel, pero si podrán hacerlo, la persona que le acompañó a la clínica así como todo aquel personal sanitario que le asista en caso de que no cumpliera los supuestos. Quiero recordar que, a fecha de hoy y poniendo los datos sobre la mesa, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas el año pasado en este país serían consideradas ilegales de llegarse a aprobar esta legislación.

Tiene que ver con la justicia social porque una ley de supuestos se fundamenta desde la premisa de, por un lado juzgar moralmente los embarazos, de tal manera que hay algunos que, independientemente de la vida que pueda o no engendrar, pueden ser interrumpidos porque la mujer es considerada no culpable- como es el caso del supuesto de la violación-.

Y por otro lado tiene que ver con la consideración de que las mujeres no estamos capacitadas para tomar esa decisión y alguien externo -un juez, un médico…- ha de hacerlo por nosotras. Yo con esto me pregunto, ¿cómo puede ser que para ese mismo Gobierno haya mujeres consideradas capaces para tomar decisiones que afectan a las vidas –y por ende también a los cuerpos- de millones de personas en el mundo, como por ejemplo Angela Merkel. Pero que, sin embargo, si Angela se quedase embaraza y quisiera no llevarlo a término debería pasar por cinco especialistas distintos que evaluaran su decisión?

Seguramente porque sabemos que este tipo de legislaciones no nos afectan a todas las mujeres por igual, sabemos también qué mujeres son las que el Gobierno considera incapaces para tomar estas decisiones: aquellas que no podemos comprarlas. Y porque tiene que ver con la justicia social.

Hoy, 1 de Febrero, miles de mujeres confluiremos en Madrid para tomar las calles, porque estamos parando la ley y porque no vamos a parar hasta que se retire la amenaza. Saldremos a las calles con miles de compañeros, porque las mujeres somos parte de todas esas otras luchas que defienden la democracia y la justicia social. Saldremos hoy a las calles, y saldremos de nuevo el día 8 de Febrero porque son nuestras vidas las que estamos defendiendo.

Sara Porras