Ha pasado poco más de una semana del cese de M. Rajoy, y pese a los intentos de su formación y de los Chicos de Rivera por deslegitimar una herramienta constitucional, democrática y necesaria como es la moción de censura, la legislatura sigue adelante. Esta moción plantó sus simientes en la que presentamos hace más un año, conscientes del rechazo que genera la corrupción sistémica del Partido Popular. Pero sobre todo, ha sido posible gracias a los ejemplos de dignidad y de lucha del movimiento popular que ha llenado las calles los últimos meses, representados fundamentalmente por el movimiento feminista en su expresión del 8 de marzo y las manifestaciones de los pensionistas. Si cabe preguntarse quién ha echado a M. Rajoy, la respuesta es fácil: sólo el pueblo salva al pueblo. Con la moción de censura ha quedado sobradamente demostrado que la aritmética parlamentaria que se planteó tras las elecciones del 20D y el 26J era posible, que los números daban para desalojar al PP de la Moncloa y llevar a cabo una limpieza de las instituciones, hacer políticas para las mayorías sociales y dar oxígeno al diálogo territorial. Por otro lado, estos dos años han servido para poner sobre la mesa que apoyar un Gobierno Rivera-Sánchez no era una apuesta posible para el cambio político, porque el proyecto naranja se sustenta en las bases ideológicas de José María Aznar y los buitres financieros.

Ha sido precisamente la lucha de las generaciones que trajeron la democracia la que ha propiciado la caída del Gobierno de M. Rajoy, porque sin su presión al PNV, este no se habría visto obligado a introducir la enmienda de la subida de las pensiones al IPC en los últimos presupuestos, en un intento desesperado por detener las movilizaciones. En Euskadi este ejemplo de movimiento popular ha sido clave para vehicular cambios en las agendas políticas. Así lo atestiguan los 5.000 pensionistas que cada lunes han pasado por la puerta de Sabin Etxea, camino de la plaza del Ayuntamiento de Bilbao, para recordar la necesidad de impulsar políticas sociales y desalojar al PP. Sin la presencia sostenida de estas movilizaciones, el PNV no hubiese retirado su apoyo al PP en la moción de censura.

LA IMPORTANCIA DEL PROTAGONISMO POPULAR EN EL PROCESO POLÍTICO

 En este contexto, y frente al cambio de Gobierno, el panorama no sólo no cambia, sino que nos encontramos ante una lógica de urgencia para imponer una agenda social por medio de la movilización y la organización social, articulando el protagonismo popular como eje del cambio político.

Aparentemente el Gobierno de Pedro Sánchez tiene elementos progresistas, pero la delantera la lidera un núcleo duro estilo "Laudrup", el mítico futbolista que miraba a la izquierda pero jugaba con la derecha. De tal forma que el nuevo Ejecutivo muestra una suerte de defensa elástica del Régimen del 78, es decir, cuánto más retroceden más pretenden reforzar su defensa. Y retroceden ante el empuje de las mujeres de la huelga del 8M, retroceden ante el empuje del movimiento en defensa de la sanidad pública e incorporan personas que visibilizan claramente el espacio LGTBI. Se dirigen a las grandes mayorías incluyendo en el Gobierno personajes familiares, normalizando colectivos sociales invisibilizados y desvalorizados socialmente como las mujeres mayores, que pasan las mañanas con Ana Rosa y que realizan un trabajo de cuidados invisibilizado, no reconocido y que sostiene en silencio a este país, o un astronauta que es un héroe nacional porque es el primer español en el espacio, y cuyo nombramiento responde también a la presión social que desde hace meses es visible en universidades y centros de investigación por las condiciones de precariedad que han impuesto las políticas de recortes.

Con un Gobierno que ha cedido posiciones pero mantiene su lealtad a las élites, es más importante que nunca dinamizar el proceso de construcción popular mediante la imposición de una agenda social que permita avanzar en la defensa de los intereses y derechos de la gente. Ya lo decía Salvador Allende, "el pueblo debe estar alerta y vigilante". No debemos olvidar que existen los riesgos de seguir profundizando en el proceso de involución democrática. Desalojar a M. Rajoy de la Moncloa ha detenido este proceso, pero la amenaza sigue presente, porque los actores que lo han venido impulsando siguen haciendo parte del panorama político del país, y algunos también de este Gobierno. Por eso es necesario que la calle se convierta a su vez en un espacio de participación democrática de amplios sectores sociales para evitar cedérselo a los movimientos reaccionarios que se quieran implementar tanto desde el punto de vista político como social.

Es más que evidente que los lobbies, el poder económico y las grandes trasnacionales van a presionar al Gobierno, de hecho ya lo están haciendo, introduciendo elementos propios en el Ejecutivo. No es casual la felicitación de Ana Patricia Botín a la ministra de Economía. Es todo un mensaje: si las élites han recibido con los brazos abiertos a este Gobierno, debemos redoblar los esfuerzos para garantizar los intereses de la mayoría social, y la ecuación que hay que poner ahora mismo sobre la mesa desde la participación popular en el proceso político es la que articula tres elementos fundamentales para el sostenimiento de una vida digna en nuestro país: que trabajo digno es igual a salarios dignos e igual a pensiones dignas. No vale la cosmética frente a la devaluación de derechos laborales que estamos viviendo.

Los sectores populares tienen que participar del proceso que determina sus condiciones de vida. Con sus miedos, sus ilusiones, sus aspiraciones vitales, sus esperanzas y sobre todo, porque sólo si  son los protagonistas es posible el proceso de cambio político en este país. Esto se tiene que hacer con medidas legislativas valientes, pero esencialmente con la articulación de un movimiento popular que empuje esas políticas sociales. Si no existe el empuje social, esas iniciativas  difícilmente se van a producir, porque los otros actores que entran en el tablero político, las élites financieras internacionales, van a dificultar que esa agenda social pueda articularse.

RECUPERAR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD

No hay duda de que la salida de Rajoy ha sido un elemento positivo para revertir el proceso de involución democrática en el que estábamos inmersos, pero existen elementos que de nuevo nos indican que debemos permanecer en alerta. La elección de un ministro del Interior, que había sido nombrado previamente en el Consejo General del Poder Judicial por el PP, es motivo de preocupación. Impulsar una agenda política de profundización de las libertades democráticas es fundamental, pues solamente con las más amplias libertades los sectores populares van a poder avanzar en la defensa de sus propios intereses. Hoy la defensa de la libertad de expresión o de reunión y la desarticulación de medidas regresivas como la Ley Mordaza, son elementos esenciales en la disputa por la defensa derechos e intereses de la gente.

No podemos olvidar la necesidad vehicular políticas de defensa de la soberanía popular y la necesidad de que la economía se ponga al servicio de la mayoría, lo que significa que debe haber un Gobierno que se ponga de parte de los sectores populares frente al aterrizaje de la ‘uberización’ de la economía, un modelo basado en la extracción de la riqueza y la imposición de la precariedad. Y frente a eso se plantea la necesidad de articular una sociedad de derechos. La precariedad se plantea en estos momentos como un modelo de vida en el que se han normalizado la pérdida de derechos y el saqueo, y que afecta a diferentes sectores. En primer lugar al ámbito laboral, con la devaluación salarial, la imposición de un modelo basado en externalizaciones, empresas de trabajo temporal y multiservicios, falsos autónomos y subcontrataciones.

En segundo lugar, la precariedad perjudica de forma vertebral a la vivienda, impidiendo el acceso a este derecho de forma digna a amplios sectores de la población. La subida desenfrenada de los alquileres va pareja al aterrizaje de los fondos buitre, reactivándose la burbuja inmobiliaria como un gigante que camina sobre dos patas: el precio de las viviendas en venta y el precio de los alquileres.

En tercer lugar, los procesos de precarización derivados de los recortes, que se han producido en general en los servicios públicos, pero con mayor preocupación en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y los servicios de emergencia. Precisamente la situación de precarización de los servicios sociales plantea la necesidad de dar un giro a la política económica, para impulsar como eje central la economía de los cuidados que es una aportación esencial del movimiento feminista al conjunto del movimiento popular, y que supone una prioridad para garantizar el derecho de la gente a vivir bien. Y no podemos olvidar que el proceso de transición energética debe tener aparejado un cambio en el modelo de producción industrial, es decir, la posibilidad de impulsar políticas industriales orientadas a garantizar la soberanía energética y a generar empleo de calidad con alto valor añadido, que evite que nuestro país se oriente únicamente a los servicios y nos condene a insoportables tasas de paro estructural.

No deberíamos tener, a priori, ninguna expectativa respecto a este Gobierno. Debemos depositar toda nuestra confianza en los sectores populares, que en estos momentos configuran la mayoría social capaz de articular una voluntad popular nueva. Esto significa identificar cuáles son sus intereses y ser una fuerza política útil y consecuente en su defensa. Pero no solamente en su defensa, también debemos ser capaces de participar del impulso para que estos sectores sociales hagan parte del proceso político, que sean capaces de imponer la agenda política en nuestro país. Sólo el pueblo salva al pueblo, y para ello es necesario promover procesos de facilitación social que impulsen el empoderamiento popular como clave para la imposición de las políticas sociales y una sociedad de derechos. Que no se nos olvide, a Rajoy lo echó la gente, la misma que nos dio la democracia, la misma que debe protagonizar el proceso de profundización democrática que desborde los límites de la monarquía parlamentaria.