¿Qué delito ha cometido la alcaldesa de Arrasate para que la judicatura la meta en la cárcel? ¿Hay que condenar los asesinatos? ¿Todos? ¿Los de antes y los de ahora? ¿Se puede obligar a ello? Y si consiguiéramos ese repudio, ¿tendría la misma eficacia que cuando juran o prometen nuestros políticos honestidad, no prevaricar ni meter mano en las cuentas de la Administración? ¿Se juzgan hechos u opiniones? Si la coincidencia de fines nos puede llevar al talego a cualquiera, mucho me temo que un significado espectro social estamos bajo la amenaza de engrosar la población reclusa. ¡Quién sabe si alguno somos de la ETA y no nos habíamos dado cuenta! Entre la criminalización generalizada a la que nos empuja la juris-imprudencia y la socialización del conflicto de los otros, me temo que al final todos vamos a ser objetivo de una de las dos aplicaciones. O de las dos.

JUAN TORRENS ALZU PAMPLONA

He leído las once (tediosas) páginas del auto del juez Garzón y no veo que la acuse de no condenar un asesinato, sino de otras cosas: quebrantar la suspensión de actividades o colaboración con organización terrorista, por ejemplo (colaboración con "los fines", no participación en hechos delictivos).

Con respecto a la exigencia de condenar el terrorismo, a mí me parece, no solo ridícula, sino peligrosa. Una cosa es limitar la libertad de expresión: se prohíbe decir ciertas cosas. Por ejemplo: una opinión a favor de la lucha armada o una opinión en contra del rey. El mensaje es claro: eso no se puede pensar, al menos en voz alta. Ahora bien, obligar a alguien a pensar y decir algo, ya no es limitar su libertad de expresión: es un delirio totalitario, una pesadilla orwelliana. Tiene usted que decir que el rey ha sido el pilar de la transición democrática. Tiene usted que condenar este atentado. Tiene usted que afirmar que el plan Bolonia es estupendo. Repita conmigo: el rey es indispensable. Y si no, a la cárcel. ¿Hasta dónde se puede llegar si aceptamos que, además de limitar lo que los ciudadanos pueden decir, podemos obligarles por ley a decir ciertas cosas?

Por lo demás, a mí me parece que la lucha contra "el entorno" de ETA es una estrategia más propia de Goebbels que de un Estado democrático. ¿Ejemplos? El macroproceso 18/98, los cierres de periódicos o, sin ir más lejos, este mismo auto judicial en el que se acusa a la alcaldesa de "colaboración con los fines de ETA", no con ningún acto terrorista de ETA. Que alguien, con acciones no delictivas, colabore con los fines de un grupo terrorista, ¿por qué va a ser delito? ¿Todo vale contra el terrorismo? Yo afirmo que no. Es verdad que el terrorismo nos amenaza, pero la renuncia al Estado de derecho también nos amenaza a todos.