Las cosas parecen haber vuelto a la casilla de salida pero ni en política ni en la vida las cosas ocurren varias veces sin que haya cambios significativos, incluso cuando todo parece repetirse de manera similar.

A fecha de hoy parece que las terceras elecciones son una posibilidad real y eso cuando todos los actores son conscientes de los riesgos en los que incurren. El mainstream dominante intenta imponer la idea del miedo in crescendo que puede producirse entre una parte de la ciudadanía al pensar que el escenario de cambio que ha podido significar la irrupción de nuevos partidos sólo aporta inestabilidad y bloqueo institucional. Terreno abonado para las lecturas de urgencia.

Sea cual sea la salida a esta situación merece la pena, a mi juicio, mirarse con un cierto detenimiento la propuesta de programa electoral que han presentado PP y Ciudadanos con la voluntad de convertirlo en programa de gobierno. No solo porque puede convertirse en un programa efectivo, también porque expresa la voluntad política del centro-derecha en España, sus prioridades y sus obsesiones.

Y el diagnóstico no puede ser más esclarecedor y preocupante, al tiempo: continuidad con las políticas austericidas, condicionalidad de las políticas sociales, subordinadas a los resultados macroeconómicos en cualquier caso y modificaciones superficiales en las políticas de regeneración política.

La propuesta del centro derecha afirma desde el primer párrafo su "...compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea". De hecho las principales medidas del programa económico persiguen dar satisfacción a esta exigencia que funciona como un auténtico corsé en el ámbito de las políticas públicas.

Se trata de un elemento de continuismo que parece ignorar que el proyecto europeo atraviesa por una situación crítica. Las diferencias entre el norte y la periferia meridional se han hecho más pronunciadas en estos estos años; la fractura social, las diferencias entre los ricos y los pobres y la degradación de las clases medias se han instalado en Europa; las políticas de la Troika han beneficiado a las elites, las oligarquías y a la industria financiera; aumentan las tendencias centrífugas, como ha puesto de manifiesto la salida de la UE del Reino Unido y el avance de partidos de xenófobos y de extrema derecha; son evidentes las dificultades para para crear una Unión Bancaria Europea. Bien es verdad que muy a menudo los gobiernos utilizan Europa y la UE como paraguas para ocultar sus propias decisiones. Pero precisamente por eso también, llama tanto la atención la ausencia de propuestas en relación con este espacio de tanta significación política. Con este programa España renuncia, como país, a cualquier intervención crítica en el espacio europeo, desiste de cualquier voluntad de exigir, promover o siquiera intentar un cambio en la situación actual. Y esta actitud sí puede considerarse toda una declaración de principios.

En el segundo párrafo se habla de "Defender en el ámbito de la Unión Europea una solución justa, responsable y solidaria a la crisis de los refugiados..., seguir impulsando una política común de migración y asilo que responda a este reto, con un enfoque global y equilibrado que aborde todas las vertientes". ¿Defender y seguir? ¿Esta declaración, vacía y testimonial, es la respuesta de estos partidos a la colosal crisis migratoria que enfrenta Europa, la mayor de las últimas décadas? ¿Profundizar y proseguir la política actual? Una política consistente en intentar echar el candado a las fronteras comunitarias y firmar un vergonzoso acuerdo con Turquía, que vulneran la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Continuar la lógica del ajuste presupuestario es tan contraproducente como inútil. Ya se ha demostrado activamente que ni siquiera cumple el objetivo para el que se supone está destinado: disminuir la deuda pública, pero es que además ha producido y seguirá produciendo un dolor social insufrible y un deterioro creciente de nuestras oportunidades para una recuperación económica al servicio de las mayorías.

Aunque no es una medida cuyo impacto pueda considerarse relevante, no deja de sorprender el punto 17 en el que se propone suprimir la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y pasar funciones y presupuestos a un nuevo Instituto independiente para el análisis de las políticas sociales cuyo objetivo no deja lugar a dudas: "evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público (...) de forma independiente, profesional y efectiva. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Cuál es la razón que justifica que una evaluación privada puede ser mejor que una evaluación pública? Es un ejemplo más del fundamento ideológico y programático que anima las intenciones para "mejorar" lo ya hecho. Es decir, más neoliberalismo, pero más profesionalizado, eso parece.

Se nota, además, que bajo la justificación de la eficiencia y la mejora de las perfomances económicas, se está forzando la recentralización del modelo autonómico a través de figuras como: la reforma de la financiación autonómica; la reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado con el fin de "...incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes administraciones basados en la lealtad institucional"; o la creación de una Ley que asegure un suelo compartido de derechos asistenciales en todo el estado.

El mix de propuestas en relación con los trabajadores autónomos y la PYMES pretende ser una de las aportaciones significativas impulsadas por Ciudadanos. Su objetivo –declarado- es el de aliviar la carga administrativa y fiscal que sufren los emprendedores en España favoreciendo la inversión y la creación de empleo. Aunque los problemas de fondo para el sector de las pequeñas empresas y autónomos son de otro tipo. El caso de los autónomos se ha convertido en el cuarto trastero del modelo de relaciones laborales: falsos autónomos, externalización precarizada en casi todos los sectores industriales y una presión adicional para la bajada de salarios y el deterioro de los derechos.

Es decir, si no se cambia el modelo, si la propuesta laboral precariza el mercado laboral y todas las medidas están pensadas para "facilitar" la situación de los autónomos, el único resultado real será el incremento de la bolsa de precarios reales travestidos –por la necesidad- de autónomos y emprendedores.

Por eso mismo la economía social, es decir, todas las actividades de alto valor añadido en esferas significativas de la vida de las comunidades (educación, cuidados, producción de proximidad y ecológica), debería convertirse en un instrumento de cambio del modelo productivo. Significativamente, en el programa propuesto apenas ocupa un párrafo con el prometedor enunciado de "impulsar la economía social" y ninguna medida concreta.

Todas las medidas establecidas en lo que hace a la política social dependen de dos elementos: del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y de una financiación acrecentada a partir de tres políticas públicas: la reforma del Impuesto de Sociedades, la lucha contra el fraude fiscal y la eliminación de duplicidades administrativas. La suma de recursos destinados a política social para el período 2017-2020 ascendería a un total de 28.500 millones de euros. Teniendo en cuenta que los recortes para el período 2012-2016 ascienden a casi 200 mil millones de euros, podemos evaluar el impacto real de estas propuestas.

Insistiríamos, nuevamente, en que además de su limitada relevancia e impacto las políticas propuestas están condicionadas al cumplimiento de los acuerdos y al hecho, nada evidente, de que los recursos puedan conseguirse, efectivamente, a través de las fuentes propuestas.

Se supone que el  Bloque III es el de mayor peso específico en relación con las aportaciones de Ciudadanos y el más comprometido para el PP, aquel que significaba un mayor impacto en términos simbólicos y un más alto grado de compromiso. El elenco de medidas se sustancian en un Pacto de Estado por la Regeneración y calidad democrática cuyas medidas están solo enunciadas: mejora de la proporcionalidad, elección directa de alcaldes o el desbloqueo de las listas electorales. Se propone incorporar a ese pacto algunas medidas que afectarían a la democracia interna y transparencia de los partidos políticos.

Ninguna de estas medidas, en realidad, implican un cambio significativo en la naturaleza de nuestro sistema político. El conjunto de las propuestas pueden contribuir a hacer más transparente la actividad pública de la política, su control social e institucional y dificultar la comisión de delitos relacionados con la corrupción. Pero, nuevamente, la ejemplaridad de la vida pública depende de una relación virtuosa ente lo público y lo privado y eso significa entrar en el agujero negro de la influencia real de la economía en la política y no hay medidas al respecto en este programa. Y la crisis de la política y la creciente desconfianza hacia la misma afecta de manera perversa a la representación y exige más radicalidad democrática y más imaginación de lo que se expresa en el programa propuesto.

Visto desde esta perspectiva el programa cumple con algunas de las expectativas imaginadas: no habrá cambio significativo en la política económica; las modificaciones en la política social serán insignificantes o muy poco relevantes y la matriz de medidas destinadas a hacer más transparente la vida política en España se quedan en la periferia de los problemas. Un programa expresión de los límites del regeneracionismo de derechas, y del hecho de que no es posible seguir considerando a Ciudadanos como parte de un eventual proyecto de cambio. Una vez el escenario de la política ha vuelto a jerarquizar –en lo sustancial- una buena parte de los debates centrales al eje izquierda-derecha volver a reivindicar el nuevo-viejo, no parece que pueda llevar muy lejos.

Cambiar la actual lógica institucional precisa de un impulso social a un programa de cambio real en España. Y ese compromiso social debe formar parte de la estrategia misma de consolidación de las fuerzas del cambio, plurales, diversas y mal amalgamadas. La ventana de oportunidades no se cierra con un eventual gobierno del PP, sino con la renuncia a consolidar una alternativa política de transformación y cambio.