Los hechiceros en el pentágono catalán (y 4)

17 Ene 2017
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La palabra mágica

La Declaración de Granada de 2013, acordada por el PSOE de Rubalcaba y el PSC de Navarro, pretendía poner fin a las tensiones existentes en las filas socialistas a propósito del encaje de Catalunya en el Estado español, presentándose en sociedad como una solución “federalista”, sin dejar de ser realmente autonomista.

El análisis de este texto abordado en el artículo anterior permitía concluir que su contenido real es un programa de “perfeccionamiento” del Estado Autonómico y en modo alguno una propuesta de Estado federal.

Solo puede haber una razón para que el acuerdo alcanzado produjera tanta satisfacción en el entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, para que después su sucesor, Miquel Iceta, no pare de hablar de su federalismo, y para que los miembros de Federalistas de Izquierda (con algunas personalidades del PSC en sus filas) sigan sin poner el grito en el cielo. La razón es que necesitaban un señuelo para su operación anti-soberanista, conocida la relativa buena imagen de la “marca federal” en Catalunya. Y este objetivo se lograba poniendo aquí y allá, unas pocas veces, la palabra mágica.

La Declaración socialista no es federalista y sí es autonomista por varios motivos cruzados. No quiere ser federalista porque, en puridad, habría que iniciar un proceso de construcción del Estado federal de tal modo que cada ente político  que se sentara a la mesa para federarse sería plenamente soberano mientras no se alcanzara, firmara y refrendara el pacto constitucional; solo en este instante se materializaría la renuncia definitiva a su soberanía (que quedaría  entregada a la federación para siempre jamás). Esta es la razón decisiva por la que este PSOE nunca aceptaría el federalismo; salvo que retorcieran el concepto hasta desnaturalizarlo.

También hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la técnica jurídico-constitucional, es obvio que  el PSOE no necesita del federalismo ni para descentralizar más (ni para recentralizar más), porque el sistema autonómico permite cualquier disposición de descentralización política,  si el bloque socio-político dominante lo quiere.

La  táctica impone su lógica. Hay que dar una coartada federalista al PSC  con la que cortejar a los catalanes. Pero el lenguaje y los objetivos “federalistas” no pueden ir muy lejos porque hay que tranquilizar al electorado del resto del Estado (al que lo federal produce urticaria) y a una  mayoría social que no quiere la ampliación de las competencias autonómicas (tal como indican insistentemente las encuestas del CIS). Los hechiceros poco podrían sin el recurso de la magia.

El reparto de papeles a la sombra del Conde de Romanones.

Por lo demás, el autonomismo del PSOE es consustancial con la arquitectura del régimen del 78 y del  bipartidismo que tanto poder ha repartido. Se trata de perseverar, sin nada que arriesgar. En el teatro político, los papeles están asignados de antemano y sus respectivos electorados aplaudirán a unos y abuchearán a otros, según corresponda. El PP prefiere no tocar la Constitución, pero si no queda otra harán todo lo necesario para controlar los cambios. Los Populares aceptarán gustosamente el papel de “reaccionarios  autonomistas” (se calificarán a sí mismos de constitucionalistas prudentes) y a los socialistas les corresponderá el papel de “autonomistas con matices federalistas progresistas”. Policía bueno, policía malo. Y viceversa.

De momento y según informa la prensa, Rajoy y Fernández (el presidente de la gestora socialista) ya han pactado los límites de la reforma constitucional, si se llega a abordar. No se tocará la monarquía ni la unidad de España, no se reconocerá el derecho a la autodeterminación y ninguna Comunidad tendrá el carácter de nación política. Nada de nación de naciones o plurinacionalidad del Estado; como máximo alguna mención a las singularidades culturales, folclóricas o sentimentales.

En la cuestión del idioma, y marketing al margen, no es probable que los partidos “constitucionalistas” estén en coordenadas muy diferentes a las del Conde de Romanones (varias veces Presidente del Consejo de Ministros con Alfonso XIII y muchas más ministro) cuando en 1916 y en el Congreso de los Diputados decía a los catalanes: “Vosotros pretendéis el empleo del catalán por eso, porque pueblo que su lengua cobra, su independencia recobra; y por el camino que conduzca a tal designio os tenemos que atajar”. Y es que cien años pasan en un suspiro.

Se ha puesto difícil la reforma constitucional

No va a ser fácil reformar la Constitución siguiendo los procedimientos previstos. Si pactan una reforma que no afecte a los artículos cuya modificación exige el  procedimiento extraordinario, deberán respetar la vía ordinaria contemplada en el artículo 167 de la Constitución; ahí les esperará Unidos Podemos, sus confluencias y los soberanistas obligando a convocar un referéndum, porque tienen más de un 10% de los diputados. La irrupción de Podemos ha roto el sueño fácil de una reforma exprés.

Si se atreven con una reforma sustancial que deba resolverse por el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 168, aún será más complicado; porque  entonces la reforma debería ser aprobada en las Cámaras por una muy amplia mayoría una vez, y después otra tras nuevas elecciones, para finalmente ser ratificadas en referéndum. Con las recientes derrotas gubernamentales en Italia, Hungría y Reino Unido bien presentes, se lo pensarán mucho. Referéndum, palabra maldita… ante la que puede estrellarse definitivamente el régimen del 78.

Miedo, prebendas y enseñanzas de la historia

El británico Eugene Rogan nos ilustra en “Los árabes, del imperio otomano a la actualidad” (Crítica, 2010) sobre la combinación de métodos utilizada por los turcos para mantener el control sobre sus vastos y diversos dominios: el miedo y las prebendas. El miedo paraliza y las prebendas dividen.

La máquina de la justicia se puso en marcha; según la prensa y de momento contra unas 150 personas vinculadas al “proceso”. La ley “Mordaza” amenaza a los desafectos con castigos  económicos  de carácter confiscatorio, aplicables sin pasar por los jueces. Los manifestantes de la última Diada clamaban “no tenemos miedo”.

La “operación diálogo” capitaneada por la vicepresidenta Santamaría parece destinada a dividir el campo soberanista, al igual que los diversos intentos de construir un espacio catalanista-no soberanista (el penúltimo el de “Lliures”, con Fernández Teixidó al frente, un ex-ucedista que cuando el invento suarista fracasó se abrazó a la Convergència de Pujol) a fin de arañar algunos votos del nuevo PDEcat y del resto del campo soberanista, porque ya no basta con Duran i LLeida y su noqueada UDC. No es sorprendente que el Círculo de Economía, por boca de su presidente (que también lo es de la inmobiliaria Colonial, hasta no hace mucho vinculada a La Caixa) lo acabe de exponer directamente en una entrevista publicada el 13 de diciembre: “El Gobierno debería dejar muy claro qué ofrece a Catalunya”.

La historia, no demasiado lejana, nos dice que en 1978 los autonomistas catalanes creyeron que habían firmado un pacto con caballeros (caballeros franquistas y caballeros socialistas), y creyeron que habían “blindando” constitucionalmente competencias y singularidades culturales y un sistema abierto en el futuro a nuevas metas de autogobierno. Pero los franquistas se pusieron como un solo hombre a la ordenes de Fraga Iribarne y los socialistas estaban comandados por Felipe González y Alfonso Guerra, dos nacionalistas españoles (según  The New York Times) que lo tenían claro (y sus sucesores también).

Aquí no se blinda nada y bien pronto llegaron las primeras leyes orgánicas destinadas a cercenar aquellas pretensiones: la LOAPA, parcialmente anulada por el Constitucional de entonces (hoy seguramente el veredicto no hubiera sido el mismo) y la LOFCA. Después, en la práctica y a impulsos de las “ventanas de oportunidad”, se ha ido desplegando una amplia batería de acciones destinadas a reconducir la descentralización, no transferir las transferencias comprometidas, no cumplir lo estipulado en los Estatutos, debilitar la imagen de las autonomías y recurrir su legislación, dificultar su política fiscal y sus ingresos,  castigar a las díscolas, frustrar sus expectativas de mayor autogobierno, “hundir” su sanidad… En esto también tiene la patente el Conde de Romanones: “Ustedes  hagan la ley, que yo haré el reglamento”. No hay blindaje posible. Cuando convenga, siempre habrá un artículo muy principal en la Ley de Leyes que permitirá la lectura que convenga al poder central. Se seguirá acudiendo a las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, los abogados del Estado, los fiscales, los tribunales… Sabemos que aquí se “afina” bien, cuando es menester…

El pentágono catalán tiene otros dos protagonistas, de los que nos ocuparemos próximamente. Los ingenieros y el rey. ¿Dónde están los ingenieros, los que “construyen”? La baraja tiene cuatro reyes, ¿Cuál de ellos es el rey del pentágono?


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