Los especialistas en Derecho consultados por los periódicos no se ponen de acuerdo sobre la legalidad de alimentar por la fuerza a Aminetu Haidar en el caso de que pierda la conciencia. Unos consideran que el Estado no puede imponer la obligación de alimentar a una persona que ha manifestado conscientemente la voluntad de no hacerlo. Otros acuden a una filigrana para justificar la alimentación forzosa: como una persona inconsciente no puede expresar un hipotético arrepentimiento, el Estado está obligado a garantizar su derecho a la vida. Y en este punto traen a colación los consabidos ejemplos de los grapos alimentados contra su voluntad y el de De Juana Chaos, a quien no se le permitió seguir con su huelga de hambre en prisión.

Hay muy pocas razones por las que yo me pondría en huelga de hambre. Prácticamente ninguna. Quizás el único motivo que me llevaría a tomar una decisión como esa sería precisamente la que está sufriendo Haidar: la prohibición ilegal de regresar a mi casa y vivir con mi familia. Pero si alguna vez llegara el caso, me irritaría mucho que el Estado, como pedía José Blanco, ministro de Fomento, saboteara mi protesta invocando el valor supremo de la vida humana y ocultado la verdadera razón: el terror del Gobierno a que esta muerte le complique la vida.

La vida es un derecho de las personas, pero no una obligación. Y, la verdad, no sé a quién temo más, si a los que consideran que mi vida le pertenece a Dios y que yo no tengo ningún derecho a decidir cuándo termino con ella, o a los pseudoprogresistas que bajo una coartada humanitaria consideran que la vida de Aminetu Haidar es una cuestión de Estado.