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La Justicia debe atajar estos actos ilegales

Han traspasado el último de los límites. La jerarquía católica española demostró ayer que no se conforma con inmiscuirse y atacar los avances democráticos que se propone impulsar el Gobierno (nueva Ley del Aborto) o los que han sido implantados en estas dos legislaturas (matrimonio gay y Educación para la Ciudadanía), sino que se cree en el derecho de saltarse la legalidad vigente.

Es exactamente eso lo que ocurrió ayer en Cuelgamuros, donde el máximo representante de la Iglesia, el abad del monasterio del Valle de los Caídos, se sumó a los nostálgicos del franquismo para volver a distinguir al dictador.

La misa de exaltación de Franco y José Antonio (a este último con menos empeño, que el Abad distingue bien a quién desea honrar más) es un acto ilegal desde 2007, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica que la prohíbe. También se saltaron la ley el centenar de neofascistas que acudieron a la explanada del Valle a levantar el brazo y corear el nombre del dictador.

Algunos criticamos a este Gobierno por mantener (y ampliar) los privilegios económicos a la Iglesia. Siempre responde que una buena parte de la sociedad española sigue declarándose católica y que el Gobierno debe serlo de todos los españoles. Quiero creer que la manga ancha no incluirá la permisividad para incumplir las leyes y que los guardias civiles infiltrados ayer entre los franquistas estarán ya redactando denuncias a las que dará curso diligentemente la Justicia. Lo contrario no es admisible en un Estado de derecho.

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