El brote xenófobo del Ayuntamiento de Vic demuestra hasta qué punto eran atinadas las protestas de los colectivos que ayudan a los inmigrantes contra el endurecimiento de la Ley de Extranjería aprobada hace unas semanas. Aquel cambio normativo, aunque no supone cobertura legal para el veto al empadronamiento de sin papeles que se propone aprobar el consistorio de Vic, abrió una espita peligrosa: la de considerar al extranjero como mera mercancía que se acepta o rechaza en función de las necesidades del mercado. La concreción de esa visión insolidaria del fenómeno migratorio no se ha hecho esperar.

El mercado no asume ya más mano de obra. Y los ayuntamientos son las entidades públicas más afectadas por la falta de recursos, porque a la actual crisis suman una histórica financiación deficiente y la obligación de atender las necesidades de asistencia social de sus ciudadanos, pese a que la mayoría de esas competencias correspondan a las autonomías. La precariedad económica y la expectativa de que la crisis tarde en resolverse son las disculpas esgrimidas por los que justifican la normativa xenófoba que prepara Vic.

La situación es propicia para los brotes xenófobos. Sin embargo, estos no se han producido en la sociedad, ni siquiera en la propia Vic, donde la mayoría declara que los vecinos (de los que un 25% son inmigrantes) conviven pacíficamente. Lo alarmante es que la norma xenófoba surge de la iniciativa de los gobernantes, no es una demanda social fruto de la conflictividad.

Ni la Ley de Extranjería recientemente endurecida por los socialistas (con el apoyo de CiU, que ostenta la alcaldía de Vic) ni la Ley de Bases del Régimen Local justifican que se niegue el padrón a los extranjeros. Ese registro es la única prueba legal de que disponen los inmigrantes para hacer constar su existencia. Resulta imprescindible para recibir servicios básicos como la sanidad y la educación; y negárselo a los de fuera es, además de repugnante, ilegal.

CiU, PSC y ERC sostienen el Gobierno municipal de Vic, presidido por Josep Maria Vila d’Abadal (Unió). Plataforma per Catalunya, una formación abiertamente xenófoba (ellos la definen como “identitaria”), lidera la oposición con cuatro concejales. La pasada legislatura sólo tenía uno. Los tres que ganó en 2007 se los arrebató al PSC (uno) y a CiU (dos).

En esa cuenta se encierra la verdadera razón del coqueteo de las formaciones mayoritarias catalanas con las ideas xenófobas que propugna Josep Anglada, el líder de la Plataforma. El mensaje de dureza contra los de fuera siempre funciona entre los sectores menos favorecidos y menos informados de la sociedad, y más en época de vacas flacas y proximidad electoral. Imitarlo evidencia la falta de escrúpulos de los tres partidos. La ausencia absoluta de contundencia de las direcciones de esas formaciones, que deberían haber atajado las veleidades xenófobas de sus correligionarios municipales, pone los pelos de punta. No es creíble que no puedan meterlos en vereda en un sistema político dominado por la disciplina de partido. Han traspasado la línea roja: esa del todo vale para mantener o ganar el poder.