El PP se ha quitado la careta. Ha dudado una semana, pero al final se ha lanzado sin complejos a por los votos de la xenofobia. Contra el inmigrante se vive mejor, han concluido los estrategas conservadores, conscientes de que su electorado -especialmente el de Catalunya, donde más próximas están las elecciones- compra mejor la tesis del ultra Anglada (Plataforma per Catalunya) que otras más respetuosas con los derechos humanos y la Constitución española que los protege. Con las cosas de comer no se juega y los de Rajoy, al grito de aquí no cabemos todos, ya se han puesto manos a la obra para calentar la oreja a quienes temen que los de fuera les resten servicios sociales. El caso es más sangrante en Catalunya, donde muchos de esos ahora partidarios de la mano dura contra el extranjero eran foráneos en esa tierra hace poco más de una generación. Qué selectiva es la memoria.

Los de Rajoy han pasado en una semana de criticar al Ayuntamiento de Vic y su restricción de empadronamiento a inmigrantes a aplaudir la idea y empezar a darle forma para incluirla en su próximo programa electoral. Han tardado lo justo para darse cuenta de que al intentar atacar al nacionalismo catalán (en Vic gobierna CiU y en esto del padrón lo apoyaban PSC y ERC) estaban poniendo bombas en su propia ideología (el gobierno de Torrejón de Ardoz sólo tiene nacionalismo del que tolera el PP, el español).

Esta mañana Soraya Sáenz de Santamaría ha desempolvado el contrato de integración ofrecido por los populares durante la campaña electoral de 2008 y escondido desde entonces en un cajón. Ni siquiera en el último debate sobre la reforma de Ley de Extranjería, hace poco más de un mes, se atrevió el PP a sacarlo de nuevo a la palestra. Hoy ya no hace falta disimular con actitudes comprensivas hacia los más débiles. Si las encuestas muestran que a los españoles la inmigración les parece uno de los "problemas" principales, aquí está el PP para resolverlo. Borrando a los inmigrantes, desaparecerá el problema. Así de primario es el electoralismo.

Ni entonces ni ahora dejan claro los conservadores quién redactaría el contrato de integración. Si, como apuntaron en su día, consiste en comprometerse a asumir las costumbres que ellos consideran más dignas de protección en nuestra sociedad  (el servilismo a la Iglesia católica y la imposición de su concepción de la moral, la negación de la pluralidad cultural y lingüística del Estado, la defensa de los intereses de los poderosos, etc) entonces que me consideren inmigrante ilegal. Yo me negaría a firmar semejante contrato.