Ese Ministerio de Igualdad que tanto critica el PP ya cuenta en su haber con más medidas concretas que mejoran la vida de las mujeres (por ende, de más de la mitad de la ciudadanía) que algunos otros cuya existencia nadie discute. Desde la histórica aprobación de la ley de plazos del aborto, hasta la mejora de los protocolos de protección y asistencia a las mujeres maltratadas, que ha logrado rebajar notablemente la escalofriante cifra de muertas a manos de sus parejas.

El plan contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual no figura aún entre los éxitos del departamento que dirige Bibiana Aído, pero sí entre los asuntos a los que pretende dedicar buena parte de sus esfuerzos. Sólo si se consigue visibilizar un problema puede lograrse que entre en las conciencias de la ciudadanía la necesidad de solucionarlo. La prostitución forzada de miles de mujeres en España es éticamente tan insoportable como el maltrato de género, pero aún no está socialmente etiquetada como un problema que requiere soluciones globales, esas que sólo puede auspiciar un ministerio.

El Plan contra la Trata es el primer paso para visibilizar el problema. Pero decepcionará a las víctimas de explotación sexual y para el conjunto de las mujeres si no se acompaña con una reforma del Código Penal que tipifique el delito de sexclavitud (tráfico y tenencia de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales) y con un Reglamento de la Ley de Extranjería que asegure a las sexclavas que denuncien a las mafias poder reagrupar a sus familiares amenazados.

El Código Penal está en pleno debate de reforma en el Congreso y el Reglamento de Extranjería aún no ha sido aprobado. Se está a tiempo de hacer las cosas bien.