El Gobierno navarro (en manos de UPN) aprobó ayer presentar un recurso ante el Constitucional contra la nueva Ley del Aborto porque en su disposición adicional quinta obliga a todas las autonomías a prestar el servicio sanitario necesario para las interrupciones de embarazos, lo que el Gobierno navarro considera una "invasión de competencias".

Opina el ejecutivo conservador que los derechos de las mujeres que viven en su territorio deben limitarse en función de la moral de su Gobierno. Y que las leyes generales (como las prestaciones sanitarias básicas) no rigen en su territorio. ¡Hay que ver lo nacionalistas que se ponen algunos cuando les tocan sus creencias!

El caso de Navarra es único, puesto que sólo en esa autonomía es imposible abortar tanto en la Sanidad pública como en la privada (no existen clínicas de interrupción del embarazo). Pero la "invasión de competencias" que denuncian los navarros afecta de lleno a varias autonomías más, ahora obligadas a que sus hospitales públicos atiendan la demanda de interrupciones legales de embarazos no deseados. De hecho, hasta ahora sólo 3 de cada 100 abortos se realizan en la Sanidad pública en España.

Los casos más paradigmáticos, tras el navarro, son Murcia y Extremadura. En esta última autonomía, con Gobierno socialista, sólo 1 de los 1.383 abortos registrados en 2008 se realizó en un hospital público.

No parece probable que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara recurra la Ley del Aborto. Sí lo es que lo haga Murcia o cualquier otra comunidad gobernada por un PP que votó en contra de la nueva ley y cuyo departamento jurídico, dirigido por el miembro del Opus Dei Federico Trillo, ya prepara un recurso de inconstitucionalidad para impugnar la norma antes del 3 de julio, cuando entrará en vigor.

Ese aspecto de igualación territorial es uno de los puntos más importantes de la ley, junto a la consideración del derecho a la prestación que permitirá a las mujeres con menos recursos tener la misma atención que las que pueden pagárselo. Ojalá que el Constitucional no se tome tanto tiempo con esto como con el Estatut y resuelva bien y a tiempo esta cuestión. Así el PP (cuando gobierne) tendrá respaldo constitucional para aplicar un avance en los derechos de las mujeres que trató de impedir, pero que prefiere no tener que derogar para contentar a buena parte de su electorado más moderado.

Ya tiene práctica en eso de no predicar con el ejemplo: lo hizo con la norma anterior. Gobernó 8 años (plazo en el que se realizaron 500.000 abortos) sin plantearse siquiera que la ley necesitaba una revisión.