Clama la caverna contra la Ley de Igualdad, a la que culpa (esta vez) de provocar un escándalo sexual en la prisión de Alcalá Meco, según titula en portada La Razón y corrobora en páginas interiores El Mundo. Es el enésimo ataque infundado contra el departamento que dirige Bibiana Aído. Sirvan los siguientes hechos para aclarar algunas cosas:

1/ La Ley de Igualdad fue aprobada por las Cortes en marzo de 2007, más de un año antes de la creación del Ministerio de Igualdad y el nombramiento de Bibiana Aído para dirigirlo (abril de 2008).

2/ La norma establece la obligatoriedad de respetar la igualdad de oportunidades por parte de las Administraciones Públicas a la hora de convocar oposiciones a plazas de empleos del Estado. Efectivamente, en el caso de los funcionarios de prisiones, las plazas se ofertaban segregadas (para hombres y para mujeres). Hay constancia de decenas de denuncias y varias iniciativas parlamentarias de esa época que protestan por la discriminación femenina derivada de la escasa oferta de empleos para mujeres.

3/ En las cárceles de mujeres siempre han trabajado funcionarios varones. En concreto en la de Alcalá Meco la plantilla de mujeres funcionarias supera al de hombres y el porcentaje apenas ha sufrido variación desde la aplicación de la Ley de Igualdad, según explicó ayer la directora de Prisiones, Mercedes Gallizo.

En la cárcel de mujeres de Alcalá Meco ha ocurrido un suceso lamentable y todo apunta a que los responsables de la prisión no hicieron bien su trabajo. Han sido destituidos y serán sancionados cuando se aclaren del todo las cosas. La Ley de Igualdad no dice nada sobre cómo deben organizarse las cárceles. Culpar de la actitud deplorable de unos funcionarios a una ley que iguala los derechos de las mujeres en el acceso a empleos públicos para equipararlos a los que ya disfrutaban los hombres (¡hubo que esperar hasta 2007!) sólo confirma lo necesaria que era esa norma.