Esta mañana había 40 periodistas en la puerta del Gerardo Diego de Pozuelo, el centro al que se ha visto obligada a acudir la joven Najwa tras ser rechazada en su instituto por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo.

La última estratagema de los que quieren recluir a los diferentes en un gueto se consumó ayer en la localidad próxima a Madrid, donde otro instituto (el San Juan de la Cruz), más próximo al domicilio familiar de Najwa, cambió de forma repentina y traicionera su reglamento interno para impedir a la chica terminar allí su 4º de ESO.

En ese ambiente, no es de extrañar que a la joven le hayan fallado las fuerzas para acudir a clase. Verse convertida, en plena adolescencia, en el caso Najwa, es difícil de digerir.

Este episodio, pese a no ser el primero que se produce por la falta de tolerancia con las manifestaciones religiosas ajenas a la tradición católica española, ha servido para poner de manifiesto una evidencia: tenemos un problema de integración por resolver.

Najwa es tan española como la más castiza de sus compañeras de 4º de ESO. La asiste el mismo derecho que a todas ellas a ejercer su libertad religiosa, el que da la Constitución española bajo cuyo amparo ha nacido. Y debería gozar del mismo derecho a su intimidad (las creencias religiosas o la ausencia de ellas son parte esencial de esa intimidad) que el resto de los menores.

Hemos escuchado a los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, criticar su pañuelo. A la consejera de Educación, Lucía Figar (competente última para ayudar a fijar los criterios de los centros educativos de la Comunidad), animando a consumar el gueto. Han hablado miembros del Gobierno central y de otros ejecutivos autonómicos que se han enfrentado a situaciones similares a la que atraviesa Najwa sin convertirlos, como ha ocurrido en Madrid, en el germen de un enfrentamiento entre moros y cristianos.

Los elementos para el debate están más que claros. Y la solución para evitar que este caso derive en un conflicto social corresponde en primera instancia al Gobierno central, que tiene en sus manos clarificar (mediante una Ley de Libertad Religiosa) los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y los límites de las administraciones públicas a la hora de potenciarlos o coartarlos, como en este caso.

Giremos pues el foco hacia quienes cobran un salario por resolver los problemas de los ciudadanos... y dejemos a Najwa en paz.